El Gobierno destruirá dos millones de vacunas antigripales por una compra excesiva

Todos los años, el Gobierno nacional estima el número de vacunas necesarias para cubrir a la población en riesgo de gripe, se las encarga al consorcio de laboratorios a cargo de su producción y luego las reparte a las diferentes jurisdicciones para su aplicación.

El número de personas en riesgo no es fijo: las autoridades tienen que hacer una estimación de la cantidad de personas mayores de 65, mujeres embarazadas, niños que tienen entre seis meses y dos años, y otros grupos que lo necesitan, de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Por eso, es normal que sobren vacunas, dado que la estimación no es exacta. En 2017, sin embargo, la previsión estuvo muy lejos de lo que realmente se necesitó.

Según la ahora Secretaría de Salud, en 2016 hubo faltantes y esa fue la razón para aumentar la cantidad en 2017. “El pedido de compra de dosis de vacunas antigripales para 2016 fue realizada por la gestión del gobierno anterior y resultaron insuficientes para el brote que se produjo ese año. Por eso, para solicitar las vacunas de 2017 se debió considerar una cantidad de dosis mayor para evitar el mismo problema”, señalaron desde el organismo a Chequeado.

En 2016 el Gobierno encargó primero 7,4 millones de vacunas, a las que luego sumó un pedido por 475 mil más. Se compraron en total 7,9 millones de dosis (en las órdenes de compra también figura la compra de 1,3 millones de dosis que el Gobierno hace para PAMI).

Sin embargo, la explicación oficial presenta inconsistencias. El propio gobierno desmintió oficialmente faltantes durante 2016, a través del informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante Diputados, donde señaló que “los insumos están ingresando y siendo distribuidos en tiempo y forma, cumpliendo con los compromisos asumidos”. También informó que “se contará con stock suficiente para satisfacer el compromiso asumido con las provincias en función de lo planificado y la disponibilidad para la recepción de los insumos por parte de las jurisdicciones”.

A pesar de esto, en 2017 se decidió comprar 2,8 millones de dosis más. Pasaron de 7,9 a 10,7 millones. La cantidad de dosis sobrantes fue también mucho mayor: de las 73.500 que no llegaron a utilizar en 2016, se pasó a 2 millones en 2017, 26 veces más, de acuerdo con datos provistos por el organismo tras un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado. Aunque se distribuyó un mayor número, en 2016 se notificaron 5.9 millones de vacunas aplicadas y en 2017 se notificaron 4 millones. En 2018, el número de dosis adquiridas volvió a bajar, aunque se mantuvo por encima de los niveles de 2016: se compraron 8,8 millones de vacunas.

Carla Vizzotti, directora nacional del programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles hasta 2016 y hoy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), explicó que “sin dudas, la vacuna antigripal es la que hace más difícil calcular el número de dosis que se deben adquirir cada año, porque estimar la población objetivo es complicado, cuántas personas pertenecen a los grupos de riesgo, y cuántas efectivamente se van a vacunar, además de la particularidad estacional de la producción de la misma y de la demanda variable en función de la circulación viral. Sin embargo, no había una razón clara para que se hiciese una compra tanto mayor en 2017, no hubo una recomendación técnica, ni de expertos”.

Vizzotti destacó que aunque hubo problemas durante los primeros meses de 2016 en todo el hemisferio sur, no en solo en la Argentina, porque se adelantó tres meses la circulación del virus de la gripe, “al final del año hubo un remanente de alrededor de 70.000 dosis a nivel
central y las provincias contaban con stock a nivel local, por lo que no se puede explicar por este motivo tampoco”.

La mayor compra de vacunas no es inocua para el Estado. El costo de cada dosis para adultos fue de $105 y el de cada vacuna pediátrica de $72. Si el remanente fuera exclusivamente de vacunas pediátricas (la información provista por el Gobierno no permite diferenciar cuáles son las que sobraron), el costo extra fue de $146 millones de pesos. A modo de comparación, con esos fondos podrían construirse ocho jardines de infantes, según los datos de La Balanza, una herramienta creada por Chequeado para poner en contexto números y cantidades.

A esos $146 millones hay que sumar el costo de almacenamiento y de destrucción. Al momento de solicitar la información, el Gobierno señaló que la destrucción de las dosis sobrantes se encontraba en proceso licitación.

“Las vacunas de un año no se pueden utilizar para el siguiente, porque las cepas cambian. En septiembre, la Organización Mundial de la Salud da a conocer cuáles son las cepas circulantes. Luego, el Gobierno hace el pedido a los laboratorios de las dosis que estima necesarias. Las que sobran de un año no pueden volver a usarse”, explicó Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que asesora a la Secretaría de Salud en las estrategias de inmunización.

La compra de las vacunas se hace a Sinergium, un consorcio de laboratorios radicados en el país y compuesto por Novartis, Elea y Biogénesis-Bagó. La planta se instaló luego de la gripe A, cuando el entonces gobierno consideró de interés nacional avanzar con la producción local de vacunas.

Esta nota es parte del proyecto “A qué precio”, es un observatorio creado por Chequeado, ACIJ y LA NACION Data, junto a ALTEC, para monitorear las compras públicas en Salud entre distintos organismos públicos.