El Gobierno eliminó la ANMAC y restableció el RENAR: qué cambia y cómo impacta en las políticas de control de armas de fuego

El Gobierno nacional publicó un decreto que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), y lo ubica bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Además, elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA). Se trata de una medida más de las que ha tomado la gestión de Javier Milei en relación al mercado de armas. 

El Decreto 445/2025, publicado el 1 de julio de 2025, implica la pérdida de la autarquía del organismo y la centralización de sus funciones. “Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos; por ello, la transformación de la ANMaC en un desconcentrado sigue, como ya hemos hecho en muchos otros organismos, bajando el costo del Estado, en este caso sin afectar sus funciones sustantivas”, escribió en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. 

La ANMaC, el organismo que elimina este decreto, se había creado en octubre de 2015, a través de la Ley 27.192, al ser aprobada por el Congreso de la Nación, casi por unanimidad de todos los sectores políticos. Esa ley eliminaba el antiguo Registro Nacional de Armas (RENAR), creado por el Decreto Ley Nº 20.429, sancionado en 1973, durante el último período del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.

Qué dice el decreto de Javier Milei

El Decreto 445/2025 transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), hasta ahora un organismo descentralizado con autarquía económica y financiera, en el nuevo Registro Nacional de Armas (RENAR), que pasa a ser un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

Esta decisión, enmarcada en las facultades delegadas por la Ley Bases, implica la modificación de la Ley 27.192, que había creado la ANMaC como organismo descentralizado en 2015. 

Además del cambio de denominación institucional, el decreto introduce varias reformas. Por un lado, elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, creado por la ley original, y establece que su financiamiento será absorbido directamente por el Ministerio de Seguridad. Por otro lado, le otorga a ese ministerio la potestad de fijar aranceles y tasas para los servicios del RENAR. 

También se indica que se mantendrá al personal actual y las unidades organizativas vigentes hasta que se adecúe la nueva estructura administrativa.

El nuevo RENAR conservará sus funciones de control y fiscalización sobre armas y explosivos, en el marco de la Ley 20.429, y seguirá siendo responsable de la gestión de datos sensibles en la materia. Sin embargo, el decreto deroga una parte sustancial de los artículos de la ley que creó la ANMaC y formaliza la transferencia presupuestaria, patrimonial y operativa al Ministerio de Seguridad.

Qué implica la eliminación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada y qué dicen las organizaciones

El decreto también dispone la disolución del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), creado por la Ley 27.192 para financiar investigaciones, programas comunitarios y acciones de sensibilización orientadas a reducir la circulación y el uso de armas de fuego.

A partir de ahora, el financiamiento de esas acciones deberá provenir del presupuesto general del Ministerio de Seguridad, según indica el decreto. Diversas organizaciones especializadas en seguridad y desarme advirtieron que esta medida podría debilitar la prevención de la violencia armada, al quitarle herramientas específicas y fondos propios a un organismo que había sido creado justamente para cumplir esa función.

La Red Argentina para el Desarme publicó un comunicado en relación al decreto: “El Gobierno argentino eliminó todas las funciones y objetivos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo encargado del control de armas en el país.  La desregulación de hecho del mercado de las armas de fuego es la antesala de una sociedad más violenta. ¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?”

Y sigue: “Paradójicamente, el propio Gobierno celebró que Argentina haya sido en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica. Pero ahora desmantela uno de los pilares que hizo posible ese logro: una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego”.

La organización advirtió que el decreto se suma a una “serie de medidas regresivas ya implementadas: reducción de la edad mínima para acceder a armas, flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, “tenencia exprés” y suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras”.

“Así, el Poder Ejecutivo avanza, sin pasar por el Congreso y amparado en una delegación legislativa irresponsable otorgada por la Ley Bases, en la desregulación total del mercado de armas”, concluyeron.

Qué otras medidas impulsó el Gobierno sobre el control de armas

Desde diciembre de 2024, el Gobierno ha impulsado varias reformas vinculadas a la regulación del acceso a las armas de fuego. Una de las más relevantes fue la modificación del artículo 55 del decreto reglamentario de la Ley 20.429, que redujo de 21 a 18 años la edad mínima para obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), requisito previo para la tenencia.

En mayo de 2025, se lanzó el sistema digital “Tenencia Express”, que permite a personas con CLU gestionar online la tenencia de armas adquiridas en armerías habilitadas. 

Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme y la Asociación para Políticas Públicas han alertado sobre los riesgos de estas medidas: aumento en el acceso legal sin controles robustos, debilitamiento de las políticas de prevención y un posible crecimiento del mercado ilegal alimentado desde el mercado formal.

Según datos oficiales, hay más de 919 mil personas registradas con CLU, aunque más del 65% tienen su credencial vencida. La gran mayoría son varones entre 31 y 60 años, con una proporción de más de 20 hombres por cada mujer usuaria.

Los datos recientes también muestran un crecimiento en la cantidad de tenencias y portaciones otorgadas. En 2024 se aprobaron más de 76 mil tenencias, y en los primeros meses de 2025 ya se tramitó un volumen que proyecta superar ese récord.