El debate sobre el reparto de ganancias

Durante su discurso en la Unión Industrial Argentina, la Presidenta Cristina Fernández se refirió al tema de la distribución de ganancias entre los trabajadores: “Yo sinceramente creo que aquellos empresarios, de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, que han acordado con sus trabajadores distribuir las utilidades, me parece muy bien,  (…) pero eso es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y los trabajadores, no la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento.”

Las empresas que reparten

Actualmente existen empresas que reparten sus ganancias entre los trabajadores con esquemas similares a los propuestos por la ley. “Hay algunas empresas que implementaron sistemas de reparto, como el que propone la ley, pero son muy pocas, y en general lo hicieron en momentos de crisis en que negociaron con los empleados”, explicó Gustavo Ciampa, abogado laboralista y asesor de Héctor Recalde, autor del proyecto.

Es el caso de Firestone, que implementó un sistema de reparto luego de negociar con los trabajadores un ajuste salarial en 2001. El acuerdo establece que cuando la empresa tenga una ganancia mayor al 6% de la facturación, un tercio de lo que exceda a ese porcentaje se reparta entre los trabajadores. Desde entonces el umbral se alcanzó cuatro veces, la última fue en 2010 cuando se repartieron 3.900 pesos a cada uno de los 1.300 trabajadores.  

Fox Petrol, una petrolera de Neuquén, tiene una situación similar. En un momento de crisis en 2008 negoció con el sindicato, quien logró que el gobierno provincial redujera las retenciones sobre sus ventas “del 45 al 5%, lo que permitió su reactivación” según informó el sindicato de Petróleo y Gas Privado. La empresa, a cambio, firmó un convenio “en el que se comprometía a participar a sus empleados con el 30% de sus utilidades.”

Otras empresas reparten beneficios a través de la entrega de acciones u otras medidas, como bonos ligados a los resultados de la compañía o individuales.

El proyecto

El proyecto de participación en las ganancias presentado por el diputado oficialista Héctor Recalde estipula que las empresas repartan un 10% de sus ganancias entre los trabajadores. Estos tendrán posibilidad de fiscalizar las cuentas de la compañía, y existirá un fondo solidario, que representará un 5% de los fondos que se repartirán, para los trabajadores no registrados.

La autoridad de aplicación de la ley será el Consejo Nacional de Participación Laboral, constituido por 12 miembros, cuatro representantes del gobierno, cuatro de la Central General de Trabajadores (CGT) y cuatro de las asociaciones de empleadores. El Consejo decidirá el piso a partir del cual se repartirán las ganancias para cada caso. Se podrá deducir la reinversión hasta un 50% de las ganancias.

Beneficiados

Los más beneficiados por el proyecto de ley serían los trabajadores en las ramas que necesitan menos mano de obra, según un estudio realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación analizó los beneficios que daría la ley en base a los balances presentados a la Comisión Nacional de Valores por 46 empresas de la Capital. La ley “exacerba la brecha de inequidad en la distribución de los ingresos” entre los trabajadores, concluye.

Una investigación de Sel Consultores arroja resultados en el mismo sentido: “Un trabajador de una compañía petrolera, por ejemplo, podría percibir unos $80.000, mientras que uno de un sanatorio obtendría unos $5.500”. Afirma que “los asalariados de los sectores productores de bienes, recibirían una suma por participación en las utilidades 2,5 veces mayor que los de los sectores productores de servicios.”

Ciampa considera que estos inconvenientes podrían solucionarse implementando cambios en el proyecto de ley que permitan equiparar a los distintos sectores.

En el mundo

En México, por ley, se debe distribuir entre los trabajadores el 10% de las ganancias de las empresas. Esto se calcula a través de la declaración de impuestos de la compañía, que los trabajadores pueden objetar. Las utilidades se reparten, considerando el salario de cada uno y la cantidad de días trabajados.



La ley de trabajo francesa prevée que toda empresa que tiene más de 50 empleados debe repartir parte de sus utilidades con ellos, según una fórmula fija. Cada compañía puede determinar qué factores se toman en cuenta a la hora de repartir el pago: puede ser sólo el salario o también la cantidad de tiempo trabajada.



En otros países, como EE.UU., no hay obligación de repartir los beneficios empresarios entre los empleados. Pero el gobierno lo recomienda, como una manera de lograr mayor eficiencia, al alinear los intereses de los empleados con los de la dirección.

El Reino Unido también favorece este tipo de procedimiento a través de su sistema de impuestos. Allí, más del 30% de las compañías tienen algún sistema de reparto de ganancias, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).