¿Es la Argentina un país próspero para el narcotráfico?

“La Argentina es un país próspero para el narcotráfico”, aseguró Mauricio Macri en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa como Presidente y pidió a la Justicia que investigue para “entender si [el incremento del narcotráfico] fue fruto de la desidia, la incompetencia, o la complicidad” del Gobierno anterior.

Según la ONU, uno de los factores que llevan a un grupo transnacional de comercio ilegal de estupefacientes a elegir un país para operar son las facilidades para lavar activos.

El último informe publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que hace mención a la Argentina es de 2014. Asegura que el país “cumplió sus compromisos de acción con respecto a las deficiencias que se habían identificado en 2011”. Por lo tanto, la Argentina dejó de estar sujeto a un proceso de seguimiento del GAFI.

El último informe de gestión publicado por la Unidad de Información Financiera local (UIF) también es de 2014. Sostiene que el 46,3% de las investigaciones en las que participó partieron de reportes relacionados con el tráfico y venta de drogas.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) afirma que en los últimos cinco años se detectaron maniobras de lavado provenientes del narcotráfico por “al menos cuatro mil millones de pesos en Argentina”. Del mismo documento se desprende que en la Argentina desde 1999 a la fecha sólo se registraron nueve condenas por lavado de dinero proveniente de narcos.

El mismo primero de marzo, cuando Macri hizo esta afirmación, el juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a varios ex funcionarios y empresarios del sector de drogas farmacológicas por el presunto delito de lavado de dinero durante la campaña electoral de Cristina Fernández Kirchner y Julio Cobos, en las elecciones presidenciales de 2007. Según la resolución, “se puso en circulación dinero de origen ilícito”.

El lugar de la Argentina

El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) señala que los tratados no exigen una “guerra contra las drogas”, y recomienda a los países “enfocar sus esfuerzos en la asistencia de adictos para proteger la salud de la humanidad”.

En el informe, la Argentina aparece entre los países de la región con mayores niveles de incautación de drogas sintéticas y sustancias psicoactivas en 2015: se alerta sobre el aumento en el consumo de éxtasis, LSD, anfetamina, metanfetamina y ketanfetamina.

“La mayor parte de la cocaína se sigue transportando directamente desde América del Sur hacia Europa” sostiene el informe, e indica a Brasil como el país de la región en el que más creció en 2015 el consumo de cocaína proporcionalmente con su población.

Funcionarios públicos relacionados con causas de droga

En la Argentina hay legisladores, jueces, policías y ex miembros del Ejecutivo vinculados directamente con causas relacionadas con la droga. El caso más escandaloso fue el procesamiento en noviembre último del juez federal del Departamento salteño de Orán, Raúl Reynoso, por ser “jefe de una asociación ilícita, concusión y prevaricato”, según falló su par salteño Leonardo Bavio.

En 2011 el titular de la Agencia Antidrogas salteño, Eduardo Sylvester, presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el primer estudio de diagnóstico sobre narcotráfico en Salta. El Departamento de Orán presentó los índices más alarmantes de circulación de drogas. La PROCELAC también publicó una auditoría sobre la misma región.

Hubo cuatro funcionarios públicos ligados con casos de narcotráfico en febrero último: Luis Cifre, presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, detenido tras incautarle 356 kilos de cocaína; Ramón Bareiro, candidato a concejal por el Frente Para la Victoria (FPV), fue encontrado con 50 kg de cocaína, tras volcar con una camioneta en Monte Lindo, Formosa; el titular del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, acusado por el secuestro de 267 kilos de cocaína, mientras que su compañero del FPV, Héctor Palma, se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional.

Las fuerzas de seguridad no son la excepción. La Justicia federal de Córdoba ya comenzó a juzgar a seis policías acusados de asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad, por un caso que comenzó hace tres años con la detención del ex director de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, el comisario Rafael Sosa, junto con otros cinco efectivos.

Existe una causa contra el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, acusado por la UIF de omitir reportar durante más de dos años un “blanqueo millonario” del hijo de Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado de la Argentina a Estados Unidos, acusado de narcotraficante.

El ex titular de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico (Sedronar) José Granero está procesado por la jueza María Servini de Cubría, por falta de controles en grandes volúmenes de efedrina que se investiga si se relacionó al contrabando con cárteles mexicanos. En su resolución, la jueza destacó el crecimiento exponencial de la importación, que pasó de 1.190 kilos en 1999 a 20.450 en 2007.

Aunque él lo negó y señaló que fue una operación de prensa, hay un senador nacional formoseño del FPV José Mayans señalado en un caso narco. Encontraron una fotocopia de su DNI y su agenda personal en una camioneta secuestrada en febrero último con 51 kilos de cocaína.

Lo que se hizo
Para analizar si la Argentina es o no un país próspero para el narcotráfico vale repasar las políticas públicas llevadas a cabo por el nuevo Gobierno. Cambiemos hizo énfasis durante la campaña en la necesidad de intensificar la lucha contra grupos narcos.

La primera medida fue la Declaración de Emergencia por un año a nivel nacional en materia de Seguridad, lo que dotó de mayor presupuesto a las fuerzas de seguridad; varias provincias adhirieron; como Jujuy, Corrientes y Córdoba.

Se quitó el manejo de precursores químicos a la Sedronar y pasó a estar bajo control del Ministerio de Seguridad. Los precursores resultan de vital importancia en la última etapa de producción de la cocaína. El cura Juan Carlos Molina había denunciado antes de renunciar a la Jefatura de la SEDRONAR, en 2015, que se dejó de actualizar la lista en 2010.

Por decreto, Macri aprobó el Protocolo de Protección Aeroespacial, que habilita a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza -como último recurso- a vectores incursores en el espacio aéreo argentino. La llamada “Ley de derribo” ya fue activada por primera vez en Corrientes. Un caza interceptó una nave ilegal y la acompañó hasta la frontera con Paraguay, abandonando así el espacio aéreo argentino, según afirmó el Ministerio de Seguridad.

Aunque no se puede determinar a si la Argentina es un país próspero para el narcotráfico, sí hay evidencia de que el país aparece en prácticamente todos los informes que dan cuenta del aumento narco en Latinoamérica, y que existen muchas causas comprobadas en los últimos años de vinculación entre el contrabando ilegal de narcóticos y distintos estamentos del Estado.