Esto propone Javier Milei sobre la ley que legalizó el aborto y el sistema de vouchers educativos: ¿qué dicen los datos y los especialistas?

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el precandidato presidencial más votado en todo el país, seguido de Sergio Massa (Unión por la Patria) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) -aunque, si le suman los votos de Horacio Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio queda en un segundo lugar-.

De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, desde Chequeado analizamos la plataforma electoral presentada por el candidato libertario ante la Justicia Electoral y sus declaraciones posteriores al triunfo del domingo pasado para conocer sus propuestas en 4 temas claves del debate público: economía, educación, salud y seguridad (la primera nota sobre el tema se puede ver acá). Este mismo análisis se realizará con los candidatos presidenciales Bullrich y Massa.

En esta nota, indagamos sobre los planes de Milei para realizar un plebiscito sobre la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo e implementar un sistema de “vouchers educativos”. ¿Qué propuso concretamente de llegar a ser presidente? ¿Qué dicen los datos y los expertos?

Un plebiscito sobre la ley del aborto

En su plataforma electoral, Milei proclama “la defensa del derecho a la vida desde la concepción”, aunque en el apartado dedicado a salud no refiere explícitamente a la Ley 27.610 que garantiza el Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020 tras un extenso debate en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, en una entrevista con Alejandro Fantino en el programa “La Cosa En Sí” -de Neura Media- el lunes posterior a las PASO, al ser consultado sobre la norma Milei dijo: “Que algo sea legal, no quiere decir que sea legítimo. Estoy en contra (de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo) porque está en contra del derecho a la vida”. 

Ante la pregunta de Fantino sobre si revisaría la Ley 27.610 de llegar a ser presidente, el candidato de La Libertad Avanza sostuvo: “Por lo menos haría un plebiscito. Y, si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá”.

La Constitución nacional, desde 1994, prevé la posibilidad de hacer consultas populares vinculantes y no vinculantes. Para que sean vinculantes, deben ser convocadas por la Cámara de Diputados mediante una ley y, en caso de obtener el voto favorable de la ciudadanía, se convierten automáticamente en ley. 

Algunos especialistas, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, objetan que este tipo de consultas populares vinculantes puedan aplicarse en proyectos que tratan materia penal, como es el aborto. Otros, como Roberto Saba, no coinciden con la postura de quienes creen que sería inconstitucional la consulta popular en temas penales.

Para la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva en la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las leyes se reforman o derogan con nuevas mayorías en el Congreso, no con un plebiscito. “La Ley 27.610 se aprobó después de uno de los debates más amplios, plurales e informados de la historia de la democracia argentina, con un consenso transpartidario para votar a favor de una ley que reconoce un problema de salud pública que se enfoca en reconocer la autonomía de las mujeres”, explicó a Chequeado.

Según el último reporte del Proyecto Mira -una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)- los abortos realizados en el sector público se incrementaron en un tercio entre el primero y el segundo año de implementación de la ley. Mientras en 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, la cifra fue de 96.664 en 2022. “Esta tendencia es similar a lo que ocurrió en otros países. Inicialmente, el número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, describe el informe.

El sistema de vouchers educativos

En su programa, Milei propone fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación “a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas”. Respecto de la educación, la plataforma de La Libertad Avanza plantea una reforma en 9 puntos. 

El primero es desarrollar un sistema de vouchers cheque educativo. En ese documento explica que buscará descentralizar la educación “entregando el presupuesto a los padres”, en lugar de dárselo al ministerio, financiando la demanda, y generando “competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de educación, incorporando más horas de materias como matemática, lengua, ciencias y tic, o por la orientación y/o la infraestructura”. 

Aunque no desarrolla mucho más sobre cómo lo llevaría a cabo, sí lo hizo en algunas entrevistas donde se explayó sobre el tema. En una entrevista con el programa “Buenos Días América”, de A24, 2 días después de ganar las PASO, Milei habló sobre los vouchers educativos. Ante la pregunta sobre si la persona va a tener que pagar el colegio, el candidato respondió: “En términos técnicos sí, la estarías pagando”. Y luego explicó que busca “darle el financiamiento a la gente, no a las instituciones”. 

“¿Pero no pagás con dinero tuyo?”, le preguntaron. “No, para eso tenés el voucher. Se te financia, pero con la situación en la cual vos elegís a la institución a la que querés ir. Ponés  a la oferta a competir y eso mejora la calidad del servicio”, dijo. Y agregó que tomó como referencia el sistema de Suecia. 

De acuerdo con lo que explicó Mariano Narodowski -profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y académico asociado de la ONG Argentinos por la Educación- en su artículo en el medio Cenital, hoy un Presidente “no puede establecer un sistema de vouchers educativos porque según la Constitución de 1853 (con sus reformas de 1860 y 1994) la educación depende de cada una las provincias, no del gobierno nacional”. 

“Es decir, para instalar un sistema de libre elección de escuelas se debería modificar el artículo quinto de la Constitución nacional, desempoderar a las provincias, nacionalizar la educación y cambiar el esquema de coparticipación federal de impuestos. Este fue el mismo motivo que inhibió a (Donald) Trump: el carácter federal del sistema educativo”, indicó Narodowski.

Ivana Templado, economista senior de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), especializada en econometría, análisis de medición del impacto de políticas públicas, proyecciones microeconómicas y economía de la educación, explicó a Chequeado que para llegar a ese modelo sería necesaria una nueva Ley de Educación Nacional: “El sistema de vouchers está totalmente fuera de la ley actual”.

La financiación de las escuelas está hoy en manos de las 24 jurisdicciones pero bajo el paraguas legal de la Ley 26.206. Para modificar la ley y llevar a cabo el financiamiento a la demanda, lo que Milei llama los “vouchers”, tendría que modificarse la ley, lograr ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado (La Libertad Avanza no cuenta con quórum propio en ninguna de las 2 cámaras), y acordar con gobernadores/as, indicó la especialista. 

“Hay 2 modelos básicos de financiamiento educativo. El financiamiento a la oferta -el actual, donde se financia a las escuelas- y el financiamiento a la demanda, que es el de vouchers, en el que se da dinero a las familias para que elijan y paguen la escuela de su preferencia”, explicó Templado. Y agregó: “En general, la transferencia efectiva de dinero se sigue haciendo a la escuela en base a la cantidad de alumnos inscriptos que la haya elegido, no es que hay una transferencia monetaria efectiva a la familia (como la Asignación Universal por Hijo/a). Pero la familia sí tiene la posibilidad de elegir a qué escuela mandar a sus hijas/os”.

La especialista indicó que el sistema de vouchers “no es malo ni bueno en sí mismo”. Sin embargo, advirtió sobre algunas dificultades en los pueblos pequeños y zonas rurales, donde las posibilidades de elección serían limitadas o nulas: “Es decir que, en la práctica, la libertad de elección de las familias puede no verificarse”.

“La heterogeneidad de la oferta educativa hoy en nuestro país -en cuanto a espacios físicos, recursos pedagógicos, planteles docentes y características del alumnado- es tan alta que asumir que la mayor competencia entre escuelas per se va a mejorar los resultados educativos no es realista”, concluyó Templado.