Eugenio Cozzi: el abogado a cargo del control de armas que defiende la tenencia

“El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”, señaló la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa. Pero, ¿quién está a cargo en nuestro país de controlar que las personas que portan armas cumplan con la ley? La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Registro Nacional de Armas), hoy dirigida por Eugenio Cozzi, funcionario que asumió en julio de 2018 y es cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de desarme.

Cozzi es un abogado de 56 años que se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene un posgrado en Derecho en Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina (UCA) y está casado con la jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 porteño, Karina Perili.

En 2005 ingresó a Gente de Derecho, una agrupación de abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al año siguiente fue electo por los letrados porteños para ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, el organismo a cargo del nombramiento y control de los jueces y fiscales del distrito.

Por su cargo como consejero fue denunciado en 2011 junto con sus pares por la compra de un edificio para el organismo judicial por la suma de 3,7 millones de dólares. La jueza Guillermina Martínez, del Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 36 porteño, sobreseyó a todos los denunciados porque no vislumbró “el menor atisbo de la comisión de un ilícito penal”, según el fallo. En 2010, asumió como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y dos años después fue secretario de Legal y Técnica de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (Alutara).

Cozzi comenzó a trabajar en 2011 como asesor de Germán Garavano, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando este último estaba a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, según confirmó el mismo titular de la ANMAC a Chequeado. En junio de 2017 asumió la titularidad del Registro Nacional de Sociedades, que depende de la misma cartera, para un año después ser nombrado como director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Ocupó el cargo que dejó Natalia Gambaro, ex diputada nacional que en 2009 compartió el espacio Unión-PRO con Francisco De Narváez y Felipe Solá.

En paralelo, Cozzi se pronunció varias veces en público en defensa del derecho a la tenencia de armas. “Usted pretende desarmar a la población civil que está registrada, que tiene todos los papeles en regla para poseer un arma, eso es un derecho constitucional, el derecho a la defensa no puede ser cercenado a nadie”, señaló en una entrevista en el programa “Asteriscos” que se emitía por Canal Metro. Consultado por Chequeado, el funcionario ratificó estar a favor del derecho a la tenencia de armas.

El rol actual que ocupa Cozzi como director de la ANMAC implica el control de las armas en manos de civiles. Es el organismo a cargo de autorizar la portación y la tenencia de armas, y fiscalizar que se cumplan los requisitos para poder tenerlas. Por ejemplo, que la persona no tenga antecedentes penales y que cuente con una autorización psicofísica.

Hoy, en el país, para poder tener un arma de manera legal se debe tramitar ante la ANMAC la Credencial de Legítimo Usuario (CLU). El costo de este trámite arranca en $800: la licencia demora entre 60 y 90 días y tiene una validez de cinco años.

Según datos oficiales de la ANMAC, sin embargo, se estima que el 70% de los usuarios de armas en la Argentina tienen su credencial vencida. Con cifras actualizadas a 2018, en nuestro país hay poco más de un millón de usuarios registrados, es decir que, de ese total, 711 mil tienen su credencial vencida.

Por otro lado, la ANMAC tiene un programa específico para fomentar el desarme de la población civil y reducir la cantidad de armas que circulan (el “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”), uno de los objetivos del Gobierno nacional en el programa Justicia 2020.

Desde el Ministerio de Justicia explicaron a este medio que el hecho de que este programa esté a cargo de un defensor del derecho a tener armas no es problemático, dado que el programa se mantiene vigente (fue ratificado por ley en diciembre de 2017) y que su designación está vinculada a sus antecedentes en la gestión del Colegio de Abogados.

En 2018, según información de la ANMAC obtenida por Chequeado, se entregaron 11.892 armas de fuego. El Programa de Desarme tuvo su pico en 2007, el año de su creación, y alcanzó su número más bajo en 2009, cuando se entregaron 3.247 armas. Cabe aclarar que en 2010 y en 2015 el programa no estuvo vigente, mientras que en 2017 comenzó a mitad de año.

El presupuesto que le asignó el Ministerio de Justicia a la ANMAC para 2018 fue de $69 millones y para 2019 es de $113 millones. Pero, además, el 20% de los fondos con los que cuenta el organismo dirigido por Cozzi se recaudan por las licencias que se otorgan para portar y tener armas, punto que es criticado por organizaciones como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

“Esto es un incentivo negativo para la reducción de las armas de fuego. Si los ingresos dependen de los registros que se vendan, cuantos más se entreguen más presupuesto tiene la ANMAC, cuando lo que deberían buscar es reducir el circulante”, explicó a este medio Julián Alfie, coordinador del programa de trabajo “Armas: control y desarme” del Inecip.

Actualmente, existen en nuestro país más de 1,5 millones de armas registradas ante la ANMAC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. No existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero -según una investigación publicada por este medio- la propia Agencia estimaba que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas más.