¿Cómo y por qué suspendieron a Campagnoli?

El fiscal nacional José María Campagnoli fue suspendido por un jurado de enjuiciamiento, a pedido de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El proceso se inició por un pedido de la defensa del empresario Lázaro Báez, que denunció irregularidades en la investigación en su contra. El pedido pasó por la Comisión Evaluadora, que votó cuatro a uno la elevación al Tribunal de Enjuiciamiento, y la procuradora lo elevó con el pedido de suspensión, que se aprobó por cuatro votos contra tres el pasado 12 de diciembre. Qué llevó a Campagnoli a este estado, qué pasos se cumplieron y cuáles son los antecedentes del caso.

La causa de la discordia

Las denuncias que involucran a Báez se tramitaban, hasta hace poco, en dos juzgados. Por un lado, Campagnoli tenía un expediente en la Fiscalía número 10, en el que investigaba a Federico Elaskar como presidente de la empresa “SGI Argentina Sociedad Anónima” por supuestas irregularidades en su funcionamiento. Esta causa fue transformada en una por extorsión de Elaskar, en la que éste pasó a ser víctima, luego de declaraciones que hizo en el programa Periodismo para Todos, en el que contó cómo lo habían amenazado y presionado para que vendiera la financiera.

Por otro lado hay una causa por lavado de dinero, radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, en la que se investigan también los delitos de encubrimiento y asociación ilícita, que se inició luego de las denuncias presentadas en el programa Periodismo para Todos. La investigación está en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan.

La defensa de Báez pidió que se unificaran las causas, que se declarara la nulidad de las pruebas recolectadas por Campagnoli y su recusación. La jueza de instrucción María Gabriela Lanz rechazó este pedido y avaló la investigación del fiscal. En octubre último, tras la apelación de Gabriel Gandolfo, abogado de Báez y varios otros acusados, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional también rechazó los planteos de nulidad. Sin embargo, en el mismo fallo unificó las dos causas en el juzgado de Casanello y la fiscalía de Marijuán por una razón de competencia.

A mediados de noviembre último, Gils Carbó desplazó a Campagnoli de la Fiscalía N° 10, en la que se desempeñaba como fiscal subrogante. Campagnoli seguía estando como titular al frente de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD).

A partir de varias denuncias de los abogados de Báez en contra del fiscal, la Procuración convocó al Consejo Evaluador (CE) a emitir una opinión sobre supuestas irregularidades que se le imputaban. Este órgano elevó su dictamen a la procuradora Gils Carbó, quien resolvió abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento para que se determinara si los hechos atribuidos a Campagnoli ameritaban su remoción.

El Tribunal, por cuatro votos contra tres, resolvió la suspensión del fiscal hasta que el mismo Jury dicte la sentencia definitiva.

Los antecedentes

Desde que Gils Carbó está al frente de la Procuración, hubo dos casos  de fiscales que llegaron a la instancia del Tribunal de Enjuiciamiento, por no avanzar en las investigaciones, el caso contrario a lo que se le cuestiona a Campagnoli.

Uno fue Sergio Alejandro Franco, fiscal Federal N° 1 de La Plata, a quien se le atribuía no haber investigado seriamente una causa penal en la que se imputaba a un juez federal por favorecer causas del corralito.

El otro caso es el de Domingo José Batule, fiscal Federal N° 1 de Jujuy, quien fue denunciado por irregularidades en la investigación de diversos funcionarios judiciales, sospechados de haber intercedido y frustrado el allanamiento de la casa de un imputado por causas de lesa humanidad en Bahía Blanca, que residía en Jujuy.

En ambos casos, el Tribunal de Enjuiciamiento dispuso la suspensión de los magistrados, con votaciones unánimes, según asegura uno de sus integrantes, el fiscal Daniel Adler. En el caso de Campagnoli, en cambio, la votación fue cuatro a tres, con estos tres miembros asegurando que no era necesaria su suspensión. Lo que se le cuestiona a Campagnoli es haber realizado medidas de investigación pese a no ser el fiscal competente en la investigación del caso “Báez” y haber difundido medidas e información del expediente.

El proceso

El proceso para remover a un fiscal está regulado por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta norma establece en su artículo 18 que un fiscal puede ser removido por “mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos de delitos dolosos de cualquier especie”. La denuncia contra un fiscal debe ser presentada ante la Procuración General de la Nación. Posteriormente la denuncia es evaluada por el Consejo Evaluador de la Procuración, órgano creado en 2004, cuando Esteban Righi estaba al frente del Ministerio Público Fiscal.

El Consejo Evaluador (CE) sólo tiene la responsabilidad de emitir una opinión por mayoría simple y enviar la denuncia al procurador. El procurador analiza las denuncias y la opinión del CE y decide si les dá curso o las desestima.

Si el procurador acepta la denuncia, la decisión pasa al Tribunal de Enjuiciamiento o Jury. Este órgano está integrado por siete miembros:
-Un vocal designado por el Poder Ejecutivo
-Un vocal designado por el Senado
-Un vocal designado por la Corte Suprema de Justicia
-Un abogado de la matrícula federal designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)
-Un abogado de la matrícula federal designado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal (CPACF)
-Un vocal elegido por sorteo entre los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema o Fiscales Generales
-Un vocal elegido por sorteo entre los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema o Defensores Públicos ante Tribunales colegiados.

Ese tribunal es el que decide si el fiscal debe ser removido o no, y si debe ser suspendido durante el proceso. En este caso votaron a favor de la suspensión: el presidente del tribunal, Ernesto Kreplak , también representante del Ejecutivo; Daniel Adler, representante de los fiscales; María Cristina Martínez Córdoba, representante de los defensores; y Rodolfo Maria Ojea Quintana, designado por el Senado. En contra votaron el representante de la Corte Suprema, Juan Octavio Gauna; Francisco Javier Panero, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y Adriana Olga Donato, por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

Campagnoli investigó, entre otras causas de trascendencia, las denuncias contra el juez Norberto Oyarbide por vínculos con prostíbulos (el magistrado fue absuelto en el juicio político en el Congreso el 11 de septiembre de 2001); la responsabilidad de los hermanos Schlenker, de la barra de River, en el asesinato de Gonzalo Acro en 2007; y la investigación de una supuesta venta fraudulenta por parte del Estado del predio de la Sociedad Rural.