¿Cuáles son los principales cambios del proyecto de la nueva ley de hidrocarburos?

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la empresa YPF y las Provincias se encuentran en negociaciones por un nuevo borrador de la ley de hidrocarburos (el quinto desde que se presentó el 9 de junio pasado el primer texto para su discusión). La iniciativa fue defendida por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en su último discurso, y el titular de YPF, Miguel Galuccio, ya anunció que se espera que el texto sea aprobado por el Congreso antes de fin de año.

Los cambios a las leyes que rigen hoy la actividad (la N°17.319, del 23 de junio de 1967, y su modificatoria de 2006, la 26.197, también llamada “ley corta”, entre otras) despertaron críticas y el rechazo de los gobernadores de las provincias del sur, que consideran que con este proyecto la Nación se entromete en las atribuciones provinciales sobre los recursos naturales garantizadas por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Al respecto, existe un debate, como explica en este artículo el especialista en servicios públicos y energía Marcos Rebasa, ex director del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) durante la presidencia de Carlos Menem.

Una comparación de los principales puntos que se quieren modificar con la nueva ley petrolera, de acuerdo con el último borrador que se hizo público, arroja los siguientes resultados:

Fuente: elaboración de Chequeado en base al último borrador de la nueva ley petrolera, el Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos y el Decreto 929/2013.

El PEN y la empresa YPF esperan el resultado de las elecciones internas en el Movimiento Popular Neuquino (MPN) de este domingo 24 de agosto (Neuquén y Chubut son las provincias que encabezan la oposición al proyecto), para tener como interlocutor al nuevo ganador. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck rechaza la nueva ley petrolera y acaba de anunciar su pase al Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

Mientras tanto, ambas partes se encuentran en período de negociaciones, y el Ejecutivo debe responder una contrapropuesta de las Provincias con anotaciones sobre los 40 artículos de la ley. Algunas de ellas pueden leerse en un documento con observaciones que elaboró la diputada del MPN y presidenta del bloque, Alicia Comelli. Los principales contrapuntos son:

–El borrador del PEN permite que las empresas que ya renegociaron por diez años sus áreas tendrán derecho -en caso de haber cumplido con el plan de inversiones- a solicitar una prórroga por diez años más. La crítica del MPN no niega esa posibilidad, pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez y que debería ser mayor al 3%, previsto en la nueva ley.

–El texto oficial propone un marco único y común a nivel nacional para los pliegos licitatorios de áreas petroleras, dado que en la actualidad existen diferencias entre los Estados provinciales. Sobre este punto, el MPN sostiene que el procedimiento administrativo de licitaciones corresponde al derecho público provincial.

–El proyecto prohíbe el sistema de acarreo o carry, es decir la participación de empresas provinciales (Gas & Petróleo en Neuquén y Petrominera en Chubut, entre otras) como mecanismo de concesión de áreas, y su involucramiento queda atado a las inversiones que haga cada empresa. Las provincias interpretan que, al otorgar la concesión, ya aportan el activo para la producción de hidrocarburos y que, al no poder contar con este mecanismo, disminuiría su renta petrolera.

“Esta ley vuelve a poner en debate una tensión originaria de la reforma constitucional de 1994, que estableció que a las Provincias les corresponde el dominio originario de sus recursos naturales pero la Nación preserva la jurisdicción para regular actividades como las hidrocarburíferas”, explicó a Chequeado Víctor Bronstein, director de la Licenciatura en Energía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Y concluyó que “desde el lado de Nación, se quiere lograr un marco regulatorio y uniforme nacional para atraer inversiones privadas en Vaca Muerta, y del lado de las Provincias, cada jurisdicción defiende la posibilidad de maximizar la renta que puede obtener de sus recursos”.