Reforma electoral: una ley con mala prensa

-Alcira Argumedo (diputada Proyecto Sur): “Esta ley está hecha con una intención de proscripción impresionante”.
-Mario Mazzitelli (presidente del Partido Socialista Auténtico: “Es una ley antidemocrática”.
-Vilma Ripoll (Izquierda Unida): “Nos deja afuera al 80 por ciento de los partidos para reconstruir el bipartidismo”.

En un mes, la mayoría de los 746 partidos nacionales que existen perderá la posibilidad de presentarse en las elecciones de 2011. Todas estas fuerzas políticas, contabilizadas por la Cámara Nacional Electoral en 2009, deberán presentar la afiliación de, por lo menos, el 4 por mil de los electores de cada distrito y organizar internas abiertas, si quieren participar en la contienda electoral del año próximo.

La reforma, publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2009, será para muchos partidos chicos un escollo insalvable. Pero a la luz de otros sistemas electorales, no parece una norma que debilite a la democracia. Gerardo Scherlis, especialista en reforma política y profesor de derecho en la UBA, explica: “Decir que la ley es proscriptiva me parece exagerado, efectivamente dispuso condiciones más exigentes para el reconocimiento de los partidos, pero eso está dentro de lo que un Estado puede exigir. Es cuestionable el criterio de la afiliación para determinar la representatividad de un partido, pero no es antidemocrático, es un criterio usado por muchos países y es válido”.

En la ley aprobada por el Congreso, los partidos tenían un plazo hasta el final de 2011 para presentar a los afiliados frente a la Cámara Electoral Nacional. Pero después de aprobada la ley, Cristina Fernández vetó dos artículos, acortando el plazo y dándoles 90 días (a partir de la notificación judicial) para presentar a sus afiliados. Aunque el Senado todavía puede pronunciarse sobre el veto, en la forma actual, cada partido que quiera participar en las elecciones de 2011 tendrá que presentar su lista de afiliados.

El número de afiliados necesarios para cumplir la ley varía según la provincia, pero en los grandes centros con más de un millón de inscriptos (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Mendoza y Santa Fe) el tope se estableció en 4000 afiliados. Esto eleva la exigencia de la ley anterior que sólo pedía la presentación de adherentes. Pero aun si se cumpliera el vaticinio más exagerado de que el 80 por ciento de los partidos desaparecerá, quedarían vigentes 148 agrupaciones políticas, un número que no parece muy excluyente.

En Inglaterra, por ejemplo, existen unos 120 partidos, de los cuales sólo 12 tienen representantes en el Parlamento. Para legalizarlos, basta con tener a los directivos (al menos dos personas) y un esquema de financiamiento, al igual que en el sistema francés. Canadá, por su parte, cuenta con 19 partidos registrados. Para conseguir ese registro, el partido debe, entre otros requisitos legales, tener por lo menos 250 miembros y haber presentado a un candidato a una elección.
 
Para algunos especialistas, si bien la nueva ley restringe el número de partidos y eleva las exigencias, también establece reglas claras de participación y puede fortalecer a los pequeños partidos que pasen el filtro. Según un informe de Fernando Straface y María Marta Page, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC): “Las barreras legales para la formación y subsistencia de los partidos políticos son exigencias formales que pueden contribuir a reducir el número de competidores y consolidar agrupaciones más fuertes y representativas. A su vez, un sistema de partidos estable genera un contexto más favorable cuando se persigue la construcción de acuerdos legislativos de gobernabilidad más predecibles y transparentes.”

En el extenso mapa partidario de la izquierda, por ejemplo, los siete partidos de ese arco político que se presentaron en las elecciones de Capital Federal en junio de 2009 superaron el 5 por ciento de los votos y juntos hubieran obtenido una banca en el Congreso. Por separado, el de mejor performance, Autonomía y Libertad, logró apenas un 2 por ciento.

Otros países sudamericanos usan el mismo sistema de la nueva ley, al imponer pisos de afiliados para los partidos políticos, y en algunos casos esos pisos son superiores a los de la Argentina:

Se puede discutir la pertinencia del criterio de exigir afiliaciones, pero es una manera legítima de reglamentar el espacio político.