#Justiciapedia: ¿quiénes son los jueces que reabrieron la denuncia de Nisman?

La Sala I de la Cámara de Casación Penal reabrió la denuncia que realizó el ex fiscal federal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado contra la sede de la AMIA, que en 1994 causó 85 muertes. Se trata del escrito que presentó ante la Justicia el ex fiscal el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su muerte.

La denuncia fue desestimada en febrero de ese año por el juez federal Daniel Rafecas y en marzo por la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Los jueces de las dos instancias sostuvieron que no existía delito en el entramado denunciado. Cuando la causa llegó a la Cámara de Casación, máxima instancia penal del país, el fiscal Javier De Luca no apeló con el mismo argumento que los jueces de las instancias inferiores: inexistencia de delito. Como no hubo impulso del fiscal, la Cámara de Casación no trató la denuncia.

Por un recurso de la DAIA, la denuncia llegó de nuevo a manos de Rafecas, que volvió a desestimarla. Lo mismo hizo la Cámara Federal. La diferencia en esta ocasión es que la DAIA fue aceptada como parte querellante y, si bien De Luca volvió a desistir de la apelación, la organización judía fue la que impulsó la acción ante la Cámara de Casación, que ahora decidió que la denuncia de Nisman debe ser investigada. El tribunal consideró prematura la decisión de desestimar la denuncia sin al menos hacer lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal de primera instancia.

La Sala la integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa.

¿Quiénes son estos magistrados?

Borinsky

Asumió como juez de Casación en 2011, cuando tenía 38 años. Es el más joven de los magistrados de ese tribunal. Comenzó su trayectoria en la Justicia en lo Penal Económico. Tras recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1997, se incorporó a la Sala A de la Cámara de Apelaciones de este fuero y al poco tiempo fue trasladado a la Sala B, en la que ya se desempeñaban los actuales camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos, hermano de su actual colega en la Cámara de Casación.

En 2004 el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, lo nombró director de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco). Desde esta Fiscalía, impulsó la investigación de la causa por tráfico de armas a Croacia y Ecuador, que tuvo entre sus imputados al ex presidente Carlos Menem. Dos años más tarde, concurso público mediante, fue nombrado fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Righi dispuso que a la par Borinsky continúe a cargo de la Ufitco.

En 2010 se inscribió en el concurso para ocupar una de las cuatro vacantes en la Cámara de Casación, tribunal en el que fue nombrado un año más tarde. Durante la instrucción de la llamada causa Ciccone se lo vinculó con el estudio jurídico Richarte, a cargo del ex subsecretario de Inteligencia Darío Richarte, que defendía al vicepresidente Amado Boudou. Deborah Lichtmann, que integraba el estudio y patrocinaba a Boudou junto con Diego Pirota, trabajó bajo la órbita de Borinsky en la UBA en un curso de delitos tributarios.

Además de dictar ese curso, Borinsky es desde 2005 profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal de la UBA a cargo de Julio Virgolini. Este abogado es titular del estudio jurídico que defiende al ex ministro de Planificación Julio De Vido en gran parte de las causas que enfrenta en la Justicia federal. También tiene parentesco a través de su esposa, Evelyn Meischenguiser, con los titulares del estudio Rubinska, un buffet de abogados con injerencia en el fuero Penal Económico que también participó en la causa Ciccone: defendió a José María Núñez Carmona, socio de Boudou.

Hornos

Tuvo un destacado ascenso en la Justicia federal durante la década del ´90, cuando los jueces no concursaban y los elegía el Presidente. En menos de cinco años, pasó de fiscal federal de primera instancia a juez del máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, en el que permanece hasta la actualidad.

Hijo de un coronel del Ejército, Hornos nació en Córdoba en 1957 y a los 21 años ingresó en el Poder Judicial. Fue designado fiscal federal a fines de 1990. A principios de 1992 fue ascendido a fiscal ante la Cámara Federal porteña, en reemplazo de Luis Moreno Ocampo. Y en marzo de 1995, con acuerdo del Senado, fue nombrado juez de Casación. Cuatro meses más tarde su hermano fue nombrado en la Cámara en lo Penal Económico.

Roberto Hornos no es su único pariente en la Justicia: su hija, Rosario, fue secretaria privada de Carlos Fayt en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la actualidad se desempeña en la Secretaría Judicial N° 3 del máximo tribunal. Su sobrina, Josefina (hija de Roberto), es secretaria del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Hornos, además, es docente en la Universidad Católica Argentina (UCA) y en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. En 2013 presidió la Junta de presidentes de Cámaras Federales de todo el país.

Figueroa

Hasta su llegada por concurso en 2011 a la Cámara de Casación, Figueroa nunca había trabajado en el Poder Judicial. Llevaba más de 30 años ejerciendo la abogacía y dictando clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en otras instituciones en el exterior. Nació en 1948 en la ciudad de Buenos Aires, pero se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral y en 1975 fundó su propio estudio jurídico, Ana María Figueroa y Asociados, radicado en la ciudad de Rosario.

Desde su estudio llevó adelante varias causas relacionadas con los Derechos Humanos en los tribunales rosarinos. Hoy el estudio está a cargo de sus hijos. No es esa su única relación con los Derechos Humanos: es el tema de sus dos tesis doctorales y trabajó como coordinadora del área jurídica del Archivo Nacional de la Memoria, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, durante la primera Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En la actualidad dirige el curso “Derecho Humanos” de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Desde 1986, además, es profesora titular de Derecho Constitucional en la UNR.

En el último año y medio tuvo varios enfrentamientos con otro juez de la Cámara. Se trata de Juan Carlos Gemignani, que en agosto de 2015 denunció a Figueroa por no haber cumplido un fallo judicial que ordenaba remover por seis meses al conjuez de Casación, Claudio Vázquez. Esto le valió al magistrado ser removido de la causa que debía definir la constitucionalidad del Memorándum con Irán, un acuerdo impulsado por el kirchnerismo con el presunto objetivo de destrabar la causa AMIA, que según Nisman fue parte del plan para alcanzar la impunidad de los iraníes.

A mediados de 2016, Gemignani denunció y ordenó detener a una prosecretaria de la Cámara, María Expucci, por negarse a hacer un inventario de los materiales que había en una sala del tribunal. Según Gemignani, “las cajas eran una especie de dádiva” que la Cámara había recibido del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, mientras Figueroa fue presidenta de Casación. En noviembre el juez federal Martínez de Giorgi sobreseyó a Expucci y al propio De Vido.