Lammens, Vitobello y Meoni, los funcionarios del gabinete que más patrimonio declararon

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, no está entre los funcionarios más ricos de su gabinete, según se desprende de su declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Es, por el contrario, uno de los 7 funcionarios que menos patrimonio declaró entre ministros y secretarios de Estado con rango de ministros. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el ministro de Transporte, Mario Meoni, son los 3 funcionarios que más bienes declararon.

¿Qué declaró el Presidente?

Fernández reportó, para fines de 2019, bienes por $ 3,7 millones. Incluyó un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 175 metros cuadrados (el formulario público no incluye el detalle de la dirección del inmueble), un auto Toyota Corolla Xei Pack adquirido a fines de 2019, ahorros por cerca de $ 375 mil y acciones en Inmueble Callao SA, la sociedad a través de la cual compró la propiedad en la que funcionaba el estudio jurídico que compartía con Marcela Losardo, actual ministra de Justicia de la Nación. Además, reportó deudas por $ 143 mil.

Este patrimonio representa un 48% más de lo que había declarado en 2018, cuando reportó bienes por $ 2,5 millones. El principal cambio de un año a otro fue haber cambiado su auto: pasó de uno adquirido en 2016, con un valor de $ 410 mil, a otro que incorporó en 2019, de $ 1,1 millones.

Los funcionarios con más patrimonio

Lammens declaró bienes por $ 32 millones y es el ministro más rico. El ministro de Turismo y Deportes declaró un departamento y una cochera en la Ciudad, ahorros por $ 70 mil y acciones en las empresas Ñuke Mapu SRL ($ 20 millones), distribuidora de vinos; Payac SRL ($ 3,7 millones), también vinculada a la comercialización de bebidas; y la minera Aluviones del Sur ($ 103 mil). Además, tiene un crédito a su favor por $ 4,6 millones con el club San Lorenzo, del que fue presidente durante siete años. Por otro lado, registró deudas por $ 4,6 millones.

En segundo lugar se ubica Vitobello. El secretario General de la Presidencia declaró bienes por $ 27 millones. Esto incluye 5 departamentos, una casa y una cochera en la Ciudad, un auto Peugeot 308 Allure adquirido en 2017 y ahorros (en su mayoría en dólares) que equivalen a $ 3,1 millones. Pero la mayor parte de su patrimonio está en títulos públicos: declaró $ 14,6 millones entre distintos tipos de bonos argentinos, como el DICY y el DICA, dos bonos en dólares emitidos por el Estado argentino en 2003 con vencimiento en 2033.

Mario Meoni declaró bienes por $ 19,7 millones, pero casi la totalidad de su patrimonio se explica por su casa en Junín, donde fue intendente durante 12 años. Se trata de una casa de 364 metros cuadrados valuada en $ 18,7 millones y adquirida en 1998. También reportó un auto Chevrolet Tracker Awd Ltz y ahorros, en pesos y en dólares, por $ 837 mil. Declaró, por otro lado, $ 367 mil en deudas.

En cuarto lugar del ranking figura Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, que declaró $ 18,4 millones: tres departamentos y una casa, un auto y ahorros por $ 3,8 millones, en su mayoría en dólares. El quinto funcionario con más patrimonio es Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación. Declaró $ 15,4 millones: 2 casas y un departamento en la Ciudad, un auto y acciones en Call Care SA, vinculada a la Salud, y Frem SA, que comparte con su esposa y declara ante AFIP que presta “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”. Además, declaró $ 8,6 millones en títulos públicos y ahorros, en pesos y en dólares, por $ 1,8 millones.

¿Y CFK?

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está en la parte baja del ranking. Declaró sólo $ 3,4 millones, un patrimonio similar al del Presidente. Se compone principalmente de ahorros en cuentas bancarias y en efectivo. Pero vale aclarar que la ex presidenta había declarado que a fines de 2015 tenía un patrimonio de $ 72,1 millones y que en marzo de 2016 donó gran parte de su patrimonio a sus 2 hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En su declaración de 2015 había declarado propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate y participación en las empresas Hotesur SA y Los Sauces SA, que están bajo investigación de la Justicia federal por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Qué nos dice una declaración jurada

Las declaraciones juradas, en la mayoría de los casos, no representan con total exactitud el patrimonio de los funcionarios, ya que los inmuebles se declaran de acuerdo a su valor fiscal y no a su valor real o de mercado, porque la Ley 26.857 equipara la información que debe presentarse ante la OA con la que se presenta ante la AFIP. El valor fiscal de las propiedades, que es el que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, es significativamente menor al valor de mercado.

Esto genera una distorsión a la hora de evaluar el patrimonio total de un funcionario. Por ejemplo, ministros que cuentan con 4 o 5 propiedades inmuebles registran patrimonios que, de acuerdo con la cotización oficial, no superan los US$ 250 mil.

Por otro lado, la ley que regula las declaraciones juradas fue reformada por el Congreso nacional en 2013. Esta modificación, enviada al Parlamento por el gobierno de Fernández de Kirchner, recibió críticas por parte de especialistas. El costado positivo fue que amplió el número de sujetos obligados a presentar el detalle del patrimonio, como los candidatos a ejercer cargos públicos, y determinó que las declaraciones se publicaran en la página web de la Oficina Anticorrupción y sean de libre acceso.

Sin embargo, como señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actual ley “posibilita que el acceso a cierta información muy relevante sea restringida a través de la reglamentación”.

La ley estableció que la declaración jurada debía tener un anexo secreto con la información sensible. “Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, sólo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y éstos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”, señaló ACIJ.

Lo mismo ocurrió con la información que da detalle de los empleos anteriores del funcionario, “la cual es muy útil para mantener el control sobre posibles conflictos de interés”, señaló ACIJ. Y concluyó: “La posibilidad de controlar las variaciones del patrimonio de los familiares del sujeto obligado es muy útil para detectar eventuales casos de enriquecimiento injustificado y, asociado a ello, casos de corrupción”.