Las 5 preguntas y respuestas sobre los presos detenidos en comisarías de la Ciudad

Una fuga de 4 presos de una comisaría porteña ocurrida el fin de semana último derivó en una disputa política entre los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación por la política carcelaria. Los funcionarios de ambas jurisdicciones cruzaron acusaciones (ver acá y acá) por los presos de la Ciudad -es decir detenidos de la Justicia nacional, que tiene a su cargo los delitos comunes en la Ciudad-, que están alojados en comisarías o alcaidías judiciales. 

En esta nota, te contamos qué está en debate y qué datos existen sobre esta problemática.

¿Qué pasó?

El domingo último se fugaron 4 personas que se encontraban detenidas en la Comisaría 15A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Chacarita. Dos de ellos fueron recapturados, según informó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

¿Qué se dijeron entre Ciudad y Nación?

En su cuenta de Twitter, el funcionario porteño culpó al Gobierno nacional: “Esta es una de las peores consecuencias de lo que venimos denunciando: en los últimos años, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dejó de recibir detenidos de la Ciudad. Lo de 2021 fue récord: 80% menos que en 2019”.

Luego, D’Alessandro profundizó su crítica y apuntó contra María Laura Garrigós de Rébori, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación e interventora del SPF: “Yo no suelo decir nunca o contar las conversaciones privadas que tenemos, pero esto lo voy a contar porque es indignante; Garrigós me dijo: “El problema que tenés es la política criminal que llevás adelante, si dejás de detener, no vas a tener problemas con los detenidos en las comisarías”.

“¿Cómo voy a decir semejante cosa?”, respondió luego la funcionaria nacional. Y agregó: “Es el Poder Judicial el que dispone si una persona queda en libertad o queda detenida, no el Servicio Penitenciario. El lugar [para los presos] no depende del Servicio Penitenciario. Las unidades tienen un cupo límite. No solo tienen que tener camas sino inodoros y lugar para que trabajen y estudien. El Estado tiene que tener un lugar adecuado para no apilar a la gente una al lado de otra”, afirmó.

¿Qué muestran las estadísticas sobre detención en comisarías en la Ciudad?

El último Boletín Estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) indica que en mayo de 2022 había 839 personas alojadas en espacios de detención policiales de la Ciudad de Buenos Aires. De ese total, 553 estaban alojados en alcaidías (establecimientos policiales creados para el alojamiento transitorio de detenidos), que tienen una capacidad declarada de 339 plazas, por lo que se registró un 63% de sobrepoblación. Los 286 detenidos restantes estaban alojados en comisarías vecinales.

“Las alcaidías de la CABA se encuentran colmadas desde el inicio de la pandemia, pese a tratarse de espacios para no más de 72 horas de encierro. Por este motivo, comenzó a alojarse a personas en comisarías vecinales” de la Policía porteña, señala el informe de la PPN. Según esta fuente, en abril de 2020 eran 139 las personas detenidas en este tipo de centros. Es decir que en 2 años la cantidad de personas en estos establecimientos se multiplicó por 6.

“Esta situación producida y justificada en el marco de un contexto de excepción a raíz de la pandemia de COVID-19 resulta notoriamente inadmisible en un contexto de reducción de las restricciones sanitarias ya que vulnera -aún más que el sistema penitenciario- los derechos más básicos de las personas detenidas, entre ellos el de la salud en un sentido amplio, y adquiere características especialmente gravosas en las comisarías vecinales, las cuales fueron inhabilitadas para el alojamiento transitorio y aun así alojan personas por periodos de meses en espacios insalubres bajo control de personal policial”, señala otro informe de la PPN.

Según informaron a Chequeado desde la Procuración Penitenciaria, no hay datos previos a la pandemia porque se trata de un fenómeno que tomó relevancia a partir de la implementación de las medidas sanitarias por el nuevo coronavirus.

¿Qué cambió con la pandemia?

Con la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el SPF emitió una disposición a partir de la cual suspendió inicialmente, y luego redujo, la admisión de detenidos a las alcaidías bajo su órbita, lo que trajo como consecuencia la permanencia de personas en carácter de detenidas, con prisión preventiva o condenadas, en alcaidías y comisarías policiales. Así, se excedió el tiempo máximo de permanencia estipulado de 48 a 72 horas.

Esta medida, luego matizada (se habilitó el ingreso en función de las plazas disponibles), se aplicó para todas las unidades carcelarias del SPF del país. Pero, ¿por qué tuvo un impacto mayor en territorio porteño? Porque la Ciudad no tiene su propio sistema penitenciario ni administra ninguna unidad carcelaria, a diferencia de lo que ocurre en las restantes 23 jurisdicciones del país. Los presos de la Ciudad, aunque sean detenidos por delitos comunes, se alojan en su gran mayoría en unidades del SPF.

Los datos oficiales, actualizados a hoy, muestran que el SPF tiene una capacidad operativa de 10.936 internos. Sin embargo, aloja actualmente a 11.304 detenidos, es decir que tiene una sobrepoblación del 3,3%. Y, además, una gran parte de los presos federales son presos porteños: cerca de la mitad de los presos federales del país son detenidos a disposición de la Justicia nacional, la que tiene a su cargo los delitos comunes en territorio porteño. 

¿La Ciudad es una excepción?

No. Como se explicó en esta nota, la Provincia de Buenos Aires tiene un problema similar al de la Ciudad pero desde antes de la llegada de la pandemia. De acuerdo con la serie estadística que elabora la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en base a datos oficiales, a octubre último había 4.762 personas detenidas en comisarías bonaerenses. El registro más bajo es el de diciembre de 2012, cuando había 894 personas detenidas en dependencias policiales bonaerenses. 

Desde ese año, la cifra creció progresivamente, salvo por bajas registradas en 2015 y en 2019. Si se compara el dato de diciembre de 2011 (1.069) con el último disponible, de octubre de 2021, la cantidad de personas detenidas en comisarías de la Provincia aumentó un 345% en casi una década. Es decir que se cuadruplicó.

Esto, sin embargo, no está permitido, como se explicó en esta nota. En 2005, la Corte Suprema Justicia de la Nación hizo lugar a un habeas corpus interpuesto por el periodista Horacio Verbitsky, en su calidad de director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “a favor de todas las personas privadas de su libertad en la Provincia, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados”. 

En ese momento, la Corte dispuso: “Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la Ley 24.660 (de Pena Privativa de la Libertad), configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención”.