Ley de Salud Mental: qué cambios propone el proyecto del Gobierno y por qué generan debate

El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto que modifica la Ley de Salud Mental y de Prevención contra la Tortura, además de 3 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa introduce cambios en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y externación, y el funcionamiento del sistema de atención a los pacientes.

La directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, Liliana González, explicó que uno de los puntos centrales del proyecto es “facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento oportuno y adecuado”.

Por su parte, Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, explicó a Chequeado: “Todos los cambios apuntan a atacar los derechos de las personas. Buscan eliminar documentos e instrumentos internacionales que Argentina firmó y se comprometió a cumplirlos. Casualmente, esos documentos son aquellos que afirman que se debe avanzar en abordajes comunitarios y que cuando sea necesaria una internación se realice en hospitales generales”.

Cambios en quiénes quedan alcanzados por la ley

El proyecto cambia la denominación de los sujetos de la ley: en la vigente se habla de personas “con padecimiento mental”, y en la modificación enviada por el Gobierno se cambia a “quienes presenten cualquier tipo de afección o trastorno mental”.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el término “padecimiento mental” resulta demasiado amplio para la práctica clínica y puede generar dudas diagnósticas o demoras en la intervención. Por eso, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento”.

Según Trimboli, representante oficial ante la OMS por la Federación Mundial de Salud Mental: “De este modo, se debilita el enfoque integral y se excluyen de la obligación del Estado, las obras sociales y prepagas, de brindar atención a personas con problemáticas cotidianas vinculadas a los malestares y sufrimientos posibles de la vida, como duelos, crisis de pareja o situaciones dolorosas”.

Qué modifica sobre las internaciones

Uno de los principales cambios está en las internaciones. En las voluntarias, se mantiene el derecho del paciente a pedir el alta en cualquier momento, pero se agrega una condición: el equipo de salud podrá impedirlo si considera que la persona tiene su capacidad de juicio alterada y existe riesgo grave para sí o terceros. En ese caso, la internación pasa a ser involuntaria.

En cuanto a las internaciones involuntarias, el proyecto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, incorpora la posibilidad de considerar antecedentes o la evolución futura del paciente para justificar la internación.

Sobre este punto, Marina Charpentier, trabajadora social y madre del cantante Chano, dijo en una entrevista en Infobae que este artículo “habla de que se necesita la voluntad del paciente para internar a esa persona. Los que están a favor de la ley dicen que es mentira, pero la realidad es que tenés que judicializarlo, si no, no lo vas a poder internar”.

Y agregó: “Yo tuve un episodio extremo porque pedía ayuda, porque sabía que mi hijo estaba en riesgo. Llamaba a la guardia y me decían: ‘Ahora está tranquilo, no lo podemos llevar por la fuerza’. Pero dentro de 3 horas iba a estar caminando por el medio de la ruta desesperado”.

Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, quien trabaja en el Hospital Borda desde 1983, disertó en el plenario de Salud y Legislación General del Senado, donde habló sobre la modificación del concepto de “riesgo cierto e inminente” que propone el proyecto. 

“Nosotros como médicos, como psicólogos, como psiquiatras, como terapeutas, sabemos que la conducta humana no es predecible. Por lo tanto el término “riesgo”, y que sea “cierto” además, e “inminente”, es muy complejo porque en realidad llegamos tarde, por ejemplo, a una persona que se quiere quitar la vida”. 

Y agregó: “Por eso es tan importante tener un diagnóstico de situación: saber cuál es la situación de esa persona, su subjetividad, su mundo interior, su situación familiar, su situación social. Y saber que una persona que no realiza en tratamiento tiene riesgo de vida, tanto sea por un tema de suicidio como por tener menor expectativa de vida”. 

El proyecto de ley también cambia quién puede firmar las internaciones involuntarias. Mientras que la ley vigente exige dos profesionales de distintas disciplinas (uno de ellos psicólogo o psiquiatra), el proyecto establece que debe intervenir un médico psiquiatra. A su vez, permite que, en situaciones excepcionales, un solo médico pueda disponer la internación, con revisión posterior.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y Vida Independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó a Chequeado: “En la Argentina hay menos de 5 mil psiquiatras para todo el país y que casi el 50% está concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, pretender que una internación involuntaria la firme un psiquiatra es desconocer el sistema sanitario argentino”. 

Y agregó: “La ley prevé que cuando no haya psiquiatras, cualquier profesional de la medicina de cualquier disciplina puede determinar una internación por razones de salud mental sin los conocimientos necesarios, sin poder valorar el riesgo y sobre todo sin poder indicar un tratamiento”.

El proyecto también modifica el plazo para notificar la internación a la Justicia, que se amplía de 10 a 24 horas, y se habilita una mayor intervención directa de los jueces.

El proyecto elimina la prohibición de crear nuevos manicomios

El artículo 28 de la ley vigente establece que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. Y a tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios.

El proyecto de ley reemplaza ese artículo y postula que las internaciones de salud mental deben realizarse también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones con internación especializadas en psiquiatría y salud mental, sean públicos o privados. “De esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención”, sostuvo González.

También se elimina la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados.

Sobre este punto, Corral, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, indicó: “Hoy en día tenemos [en referencia al Hospital Borda] 13 pedidos de internación de hospitales generales. Estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, pero es algo que puede suceder en todos lados”. 

“En realidad lo que está sucediendo es una mala utilización del recurso de salud, un gasto que no tiene mucho sentido, perjudicando a la persona con enfermedad mental, permaneciendo en un box de guardia, unos 10 o 15 días” hasta que pueda ser trasladado a un hospital de salud mental.

Por su parte, Sabin Paz apuntó: “Hay una resolución del Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que señala que estos lugares no deben existir más, que han sido lugares de violaciones a los derechos humanos, con hacinamiento, con abandono de tratamiento, con situaciones de abusos físicos y sexuales. Es decir, estos lugares no deben volver a existir y este punto nos parece gravísimo”.