¿Eliminar el precio único abarata los libros? Qué dice la evidencia sobre la propuesta del Gobierno

El Gobierno nacional planea enviar al Congreso un proyecto de ley con más de 300 artículos que elimina o modifica decenas de normas. Entre ellas se encuentra la Ley de Protección de la Actividad Librera, vigente desde 2001, que fija un precio mínimo por libro.

Para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la norma impide la competencia. “La ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros (…). En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos”, escribió en su cuenta de X. 

Por otro lado, cámaras editoriales, libreros y autores sostienen que eliminar esa regulación podría favorecer a los grandes jugadores del mercado en detrimento de las librerías independientes y de la diversidad editorial.

Qué establece la Ley de Protección de la Actividad Librera

La Ley 25.542 fue sancionada en 2001. En su primer artículo indica que “todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Es decir, el Estado no determina cuánto cuesta un libro. El precio lo define quien lo publica o importa, pero todos los comercios deben respetarlo.

La norma sólo permite excepciones limitadas: descuentos de hasta el 10% en ferias del libro y determinados eventos culturales, y de hasta el 50% para compras realizadas por organismos públicos como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares o el Ministerio de Educación con fines de distribución gratuita.

No es una ley exclusiva de la Argentina

A nivel internacional, estas leyes se conocen como FBP, por sus siglas en inglés: Fixed book price (precio fijo del libro). 

Un informe de la Asociación Internacional de Editores explica que los sistemas de precio fijo del libro (FBP) existen desde hace más de 150 años. 

“La mayoría de los países con una industria editorial significativa han introducido, en un momento u otro, un mecanismo para fijar el precio al que se venden los libros al público. Muchas naciones (por ejemplo, Francia y Alemania) consideran que el FBP es una herramienta política importante, flexible y eficaz para mantener una industria editorial sostenible”, sostiene. 

Y agrega: “En otros lugares, por ejemplo entre los países anglosajones y nórdicos, la propia noción de fijación de precios se considera irracional e improductiva, ya que contradice las fuerzas del mercado y la legislación en materia de competencia”.

¿Eliminar el precio único hace que los libros sean más baratos? 

La evidencia disponible no ofrece una respuesta única. 

Una investigación de la Facultad de Derecho y Negocios de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) analizó 27 países europeos, algunos que cuentan con este tipo de leyes, como Austria, Bélgica, Croacia, Grecia, Italia y Eslovenia, España, Portugal, Países Bajos, y los comparó con los que nunca tuvieron, como Bulgaria, Estonia, Finlandia, Irlanda. 

Según el autor, el estudio muestra que “los países con políticas de precios justos para libros (FBP, por sus siglas en inglés) registran mayores ventas de libros en comparación con los países sin dichas políticas, sin que esto tenga un efecto significativo en el precio promedio de los libros”. 

Los autores sostienen que el mecanismo funciona de una manera distinta a la esperada: al no competir mediante descuentos, las librerías buscan diferenciarse por otros aspectos, como la oferta de títulos, el asesoramiento al lector o los servicios que brindan. 

 “Los resultados ponen de relieve que los acuerdos de RPM pueden tener efectos positivos sobre la competencia y que la prohibición absoluta de dichos acuerdos puede no estar siempre justificada”, concluye el estudio.

La experiencia del Reino Unido muestra un panorama más complejo. Tres años después de la derogación de la ley de precio fijo (Net Book Agreement) en Reino Unido, investigaciones académicas encontraron que los best sellers comenzaron a venderse con mayores descuentos, mientras que muchos libros de menor circulación o especializados aumentaron de precio.

Un análisis posterior concluyó que, considerando el conjunto del mercado, los precios crecieron por encima de la inflación durante los años siguientes. 

¿Qué pasó con las librerías?

En 2010, un artículo de The Guardian hablaba del efecto de la derogación de la ley en Reino Unido: “Desde que desapareció el ‘Net Book Agreement‘, han cerrado 500 librerías independientes”. 

Y agregaba: “Las estadísticas nos dicen que se publican más libros, pero la mayoría son autoeditados o los comercializan pequeñas editoriales sin apenas promoción. La verdadera historia del sector es la reducción drástica de catálogos, fusiones, quiebras, adquisiciones, despidos y pérdidas a una escala nunca antes vista”.

En Italia, en septiembre de 2011 se aprobó la “Ley Levi”, que impone un límite al descuento máximo que las librerías podían ofrecer sobre el precio de venta recomendado fijado por la editorial. Un estudio de la Universidad de Cambridge, analizó la medida y concluyó que las librerías redujeron la competencia basada en precios y comenzaron a competir más mediante la variedad del catálogo y la calidad de la atención. Según este trabajo, los consumidores terminaron beneficiándose por el acceso a una oferta más diversa. 

El informe de la Asociación Internacional de Editores explica que quienes están a favor del FBP indican que permite “crear condiciones equitativas para los minoristas, permitiendo que las pequeñas librerías sobrevivan a pesar de la existencia de grandes superficies”; pero quienes están en contra señalan que el sector funciona mejor “cuando opera en condiciones de libre mercado”.

Qué dicen la Cámara del Libro y otros actores de la industria

Según el ministro Sturzenegger, la ley marca “la diferencia entre quienes defienden a un sistema y los intereses de ese sistema, o de quienes defendemos y protegemos al individuo. Es la diferencia entre defender un negocio protegido por una ley, o pensar en la gente”. 

La Cámara del Libro, en conjunto con otras cámaras y federaciones relacionadas con la industria editorial, publicó un comunicado en respuesta a la difusión de ese proyecto de ley: “Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena -autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura- lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”. 

Y apunta: “El Estado no fija el precio de ningún libro. Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como “producto gancho” para capturar el mercado”. 

Andrés Mego, dueño de la editorial Hojas del Sur, editorial donde el presidente Javier Milei publica sus libros, publicó en su Instagram un posteo en defensa de la derogación de la ley: “Si una ley termina protegiendo mejor al sistema que a las personas para las que ese sistema existe, entonces ya es hora de discutirla”.

Por su parte, escritoras argentinas premiadas a nivel internacional como Claudia Piñeiro y Selva Almada escribieron en sus redes sociales en contra de la derogación de la ley. 

“No se dejen engañar con eso de que el precio del libro bajaría. Te acordás de “la primera te la regalan, la segunda te la venden”. Bueno eso. Baja el precio, funde a los pequeños y después ponen el precio que quieren. Además vas a leer solo aquellos libros que les den ganancia”, escribió Piñeiro.