Ludopatía: el Gobierno presentó un proyecto propio y reavivó el debate por las apuestas online en menores

El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto de ley que busca combatir el juego online ilegal y prevenir la ludopatía. Sin embargo, ya existía un proyecto de esas características que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero que hasta el momento no fue tratado en el Senado.

Los objetivos del nuevo proyecto son “erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión”; establecer que la prevención del juego patológico es una política de salud pública; y “prohibir el acceso y uso de juegos de azar en línea a los menores de edad”.

Mientras que el proyecto que había tenido media sanción en Diputados regulaba a todos los operadores (legales e ilegales), el del Ejecutivo apunta solo a los ilegales y deja a los legales bajo control provincial.

El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) tuiteó: “El Gobierno manda un proyecto de ley con el título de ‘prevención de la ludopatía’, pero lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”. Y agregó: “Sólo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría De Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), citados en el proyecto de ley, más de 1 de cada 4 estudiantes de enseñanza secundaria encuestados manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año.

Qué dice el nuevo proyecto del Ejecutivo

El proyecto que envió el Gobierno al Senado tiene 21 artículos y se concentra en 3 frentes. Respecto de las sanciones, plantea una pena de prisión de 3 a 6 años para las casas de apuestas que no tengan autorización de las jurisdicciones e incorpora una pena de 2 a 4 años para quien, conociendo la falta de autorización y con la finalidad de facilitar la explotación ilegal de juegos online, preste servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento.

En el plano administrativo, el proyecto del Gobierno reparte responsabilidades entre 4 organismos: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) debe bloquear contenidos y publicidad de plataformas ilegales; el Banco Central tiene que impedir que entidades financieras y billeteras operen con sitios no autorizados, y prohibir transferencias desde cuentas de menores hacia operadores de juego; la Comisión Nacional de Valores debe controlar a los proveedores de servicios cripto; y NIC Argentina dar de baja los dominios denunciados.

En el plano de la salud, le asigna a Sedronar la tarea de desarrollar campañas de prevención, capacitación, investigación y asistencia sobre ludopatía, en coordinación con las 24 jurisdicciones del país.

Lo que el proyecto no incluye, y sí estaba en la media sanción de Diputados, es la regulación sobre cómo deben funcionar los operadores que ya tienen licencia. No exige verificación biométrica con Renaper, no prohíbe el uso de tarjetas de crédito ni de cuentas ANSES para apostar, no crea un Registro Nacional de Autoexclusión, no prohíbe la publicidad con influencers ni en camisetas deportivas, no establece jornadas educativas obligatorias en las escuelas y no obliga a usar el dominio “.bet.ar”.

El Gobierno argumenta que esas decisiones corresponden a las provincias, que son las que otorgan las licencias.

Qué decía el proyecto que obtuvo media sanción en 2024

El proyecto con media sanción en Diputados es mucho más extenso que el del Ejecutivo: tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos, y unificó 6 expedientes de distintos bloques políticos. Fue aprobado por la Cámara baja en noviembre de 2024 con el voto de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

La diferencia central con el del Gobierno es que regula a todos los operadores, no solo a los ilegales. Prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales. También prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

Sobre los operadores con licencia, el proyecto exige verificación biométrica obligatoria vía Renaper con reconocimiento facial al registrarse, al inicio de cada sesión y al cobrar premios. También impone leyendas de advertencia obligatorias (ocupando el 50% de la pantalla al inicio y al cierre), cierre automático de sesiones, autoevaluación para detectar conductas de riesgo y obligación de informar el tiempo invertido en la plataforma.

En materia de medios de pago, solo permite tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo, con límites diarios equivalentes al tope de extracción de cajero automático. Prohíbe totalmente el uso de tarjetas de crédito y de cuentas ANSES para apostar.

Además, crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), al que cualquier persona puede inscribirse para impedirse a sí misma el acceso al juego, y que también puede ser solicitado por familiares directos. Obliga a los operadores a tener sede física y servidores en Argentina, y establece el dominio “.bet.ar” como obligatorio para los sitios autorizados.

En el plano educativo, dispone jornadas obligatorias de sensibilización en los niveles primario, secundario y terciario, capacitación docente continua y la incorporación de educación financiera en los contenidos curriculares.

En cuanto a las sanciones, propone una pena de 3 a 8 años de prisión para quienes no tengan autorización, con agravantes cuando las infracciones se dirijan a menores, incluso si el operador cuenta con licencia. Además, suma inhabilitación absoluta y perpetua más multa de 2 a 5 veces el lucro obtenido.

Durante el debate, la diputada Nadia Márquez (La Libertad Avanza) dijo que estaba de acuerdo en la prohibición de estos juegos de azar para los menores de edad, pero advirtió que no acompañarían el dictamen de mayoría porque “no soluciona todos los problemas planteados”, y apuntó a reducir las “excesivas regulaciones”.