Medicamentos de VIH: sólo un 25% de los montos invertidos fueron por licitación pública

De los casi $2 mil millones que el Gobierno nacional gastó en dos años en la compra de antirretrovirales para pacientes con VIH, sólo $489 millones -un 25%- se hicieron bajo el mecanismo de licitación pública. Esa baja proporción se explica, en parte, por las contrataciones de exclusividad, por ejemplo, en el caso de drogas con patentes, pero también por la recurrencia a modalidades de urgencia y emergencia, debido a la falta de planificación. Los datos son el resultado de un relevamiento de A qué precio, el observatorio de compras públicas desarrollado por Chequeado, ACIJ y LA NACION Data que analizó las adquisiciones de estas drogas hechas por el ex Ministerio de Salud entre 2016 y 2017.

Los antirretrovirales son un tipo de medicamento clave para el tratamiento de personas con VIH porque evitan que el virus se reproduzca, impidiendo la destrucción de las defensas y las denominadas “enfermedades oportunistas”, como las hepatitis virales, que aprovechan las defensas bajas. Además, cuando se alcanza un bajo nivel de virus en sangre, eliminan la transmisión, con lo que permitirían controlar la epidemia.

Las licitaciones públicas deberían ser la regla general del Estado para adquirir bienes y servicios, según el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Ornela Mazza Gigena, especialista en compras públicas, afirma que es el mejor mecanismo porque “permite que se pueda elegir entre varias alternativas, generando competencia y evitando sobreprecios”. Sin embargo, los documentos oficiales muestran que el Gobierno cerró un sólo proceso bajo esta modalidad en los años analizados. La compra se extendió durante 13 meses: el llamado fue autorizado en noviembre de 2015 (durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner) y la adjudicación se hizo en diciembre de 2016. Al ser consultado, el ex Ministerio de Salud respondió: “No es una licitación hecha por esta gestión”.

Las contrataciones directas por exclusividad tienen un rol central en el sistema. El relevamiento arrojó que más de la mitad de los montos invertidos -unos $1.100 millones – estuvieron relacionados con este tipo de compras. Esta modalidad es frecuente cuando hay un único proveedor registrado y cuando por razones específicas no se puede contratar sino a determinado proveedor. Este es el caso, por ejemplo, de las drogas de VIH con patente. Según la Fundación Efecto Positivo, alrededor de 10 drogas esenciales para tratar el virus tenían patente vigente a 2017. En estos casos no se pueden realizar licitaciones públicas, ya que un solo proveedor está en condiciones de ofrecer el producto.

El análisis realizado también detectó contrataciones directas de urgencia y emergencia. Si bien en monto representa casi un 15% – alrededor de $280 millones- el Gobierno recurrió a ellas en nueve de 25 procedimientos, es decir, en el 36% de los casos. En total se realizaron seis contrataciones de urgencia “por necesidades apremiantes” y en 2016 tres contrataciones de emergencia, una modalidad prevista por la normativa para situaciones de accidentes, fenómenos meteorológicos o casos que necesiten una respuesta inmediata.

La cartera que dirige Adolfo Rubinstein informó a este medio que el organismo realiza estas compras cuando “están próximos a quedarse sin stock para abastecer a las jurisdicciones correspondientes y un proceso de licitación pública o privada no lograría contar con los insumos en los tiempos necesarios”. Además, reconoció demoras en los procesos de licitación en 2017 y las atribuyeron al paso de los expedientes en papel a la plataforma Comp.Ar y a modificaciones en la estructura del ex ministerio y de responsables en algunas áreas, como la Dirección de Compras y Contrataciones.

Natalia Volosin, doctora en Derecho y especialista en la materia, destacó que la mayoría de las contrataciones directas de urgencia y emergencia en la Argentina tienen que ver con la falta de planificación de las dependencias gubernamentales y agregó: “Los organismos cuentan con herramientas técnicas, como los planes anuales de contrataciones para hacer llamados a licitación pública. En el caso de los antirretrovirales, además, hay información técnica que debería permitir planificar adecuadamente las contrataciones”.

Según Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, las compras de urgencia permitieron “cubrir baches” y coincide con Volosin que pueden evitarse “si se tiene en cuenta que la Argentina tiene herramientas para planificar los procesos con antelación”.

El uso de estas modalidades no aparece únicamente en los registros de 2016 y 2017. Una revisión de Argentina Compra, la plataforma de contrataciones vigente durante el gobierno anterior, detectó al menos siete contrataciones de drogas clave para el tratamiento de pacientes con VIH bajo estos procedimientos.

En septiembre de 2000 la Organización Panamericana para la Salud (OPS) creó un mecanismo de cooperación regional que permite hacer compras conjuntas de medicamentos esenciales y suministros estratégicos asegurando el acceso. Hasta 2018, 33 países de América Latina y el Caribe habían adherido al fondo, entre ellos, la Argentina. El Gobierno inició un proceso de compra ante este organismo en 2016 para adquirir 4.050.000 unidades de Tenofovir Disoproxil por $26 millones.

Debido a que el mecanismo permite adquirir las drogas en grandes cantidades y para varios países, el uso del Fondo Estratégico de la OPS baja considerablemente los precios de compra y genera grandes ahorros para quienes lo utilizan. En este sentido, junto a otra compra internacional realizada en el período de $17 millones, ambos montos representan sólo el 2% del total. Según la cartera de Salud nacional, existió una “demora importante” en el pago a la OPS. En paralelo, confirmaron que este año están utilizando el Fondo nuevamente para la compra de varios antirretrovirales.

Atrasos de los proveedores y cambio de drogas

Si bien desde el Gobierno descartaron que hayan existido interrupciones en la entrega de los medicamentos, agregaron: “En algunos momentos existieron faltantes de algunos medicamentos. En esas oportunidades, la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual salió a comunicar a las provincias sobre los faltantes con el fin de poder migrar a los pacientes a otra droga similar con disponibilidad para no suspender ningún tratamiento”.

Además de la demora de los procesos en el ex Ministerio de Salud, el organismo informó que los atrasos y faltantes también están relacionados con “demoras por parte de los proveedores para entregar en el plazo estipulado los productos adquiridos”. Es decir que los problemas de compra pudieron haber implicado el cambio del tratamiento a los pacientes. Para Fundación Huésped, las migraciones de drogas “no son buenas cuando se realizan por cuestiones burocráticas. Lo burocrático no puede anteceder nunca a la decisión médica”.

Debido a que la Nación reparte los medicamentos a otras jurisdicciones, los atrasos en la entrega de las drogas para pacientes con VIH obligaron a iniciar procesos de compra propios. Esto fue lo que pasó en la contratación directa Nº 401-1191-CDI17. A través de este procedimiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adquirió Abacavir pediátrico para los hospitales Penna, Elizalde, Gutierrez y Muñiz por retrasos en el envío desde la Nación.

Para “agilizar y mejorar” los tiempos de las compras, el Gobierno indicó que creó un área de planificación estratégica con la finalidad de monitorear los procesos que lleva adelante el organismo para poder abastecer a toda la Nación. También destacaron que la plataforma de contrataciones Compr.Ar permitirá acortar los tiempos. En paralelo, informaron que buscan estimar la duración de los procesos y “comenzarlos con los meses de anticipación necesarios y asegurarnos que haya una amplia cartera de proveedores”.

El estado actual

A comienzo de septiembre, y luego de confirmarse la fusión entre Salud y Desarrollo Social, Sergio Maulen, titular de la Dirección Nacional de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, renunció. Según informó La Nación, el funcionario comunicó su alejamiento “en un contexto de recorte muy grande”. Ante la noticia, Fundación Huésped expresó: “La renuncia del Dr. Sergio Maulen a la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra del Ministerio de Salud de la Nación genera un primer motivo de incertidumbre en uno de los programas fundamentales de la cartera”.

Con respecto al futuro próximo de la medicación contra el VIH-SIDA, una revisión de las contrataciones de 2018 en el sitio nacional de compras permitió detectar la adjudicación de una licitación pública iniciada el año anterior (80-0006-LPU17) y otra en proceso de apertura desde fines de agosto de este año. También se pudieron contabilizar al menos tres contrataciones directas por urgencia.

Esta nota es parte del proyecto A qué precio, un observatorio creado por Chequeado, ACIJ y LA NACION Data, junto a ALTEC, para monitorear las compras públicas en Salud entre distintos organismos públicos.