Milei vs. gobernadores: crecen los reclamos de las provincias por la deuda previsional de la Nación y Kicillof va a la Corte

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizará un nuevo pedido ante la Corte Suprema para reclamar a la Nación los fondos que le adeuda en concepto de Transferencias de ANSES a la caja de jubilaciones de empleados públicos bonaerenses. 

En esta nota, te contamos qué le reclaman las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, cómo surge esta obligación de la Nación de enviarles fondos para el pago de los haberes jubilatorios, y cuál es la respuesta del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) ante estos reclamos. 

¿Qué reclaman las provincias a la Nación por las cajas previsionales?

En Argentina, existen 13 provincias que continúan con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas, por no haber transferido sus cajas jubilaciones al ANSES: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Algunas de estas jurisdicciones están reclamando a la Nación por el atraso en la transferencia de fondos. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, que anunció que hará un nuevo reclamo para que le restituyan fondos atrasados. La gestión de Axel Kicillof (Unión por la Patria) estima que la deuda asciende a $ 1,6 billones a junio de 2025. 

Sofia Grassi, especialista de la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), destacó a Chequeado que “en 2023, las transferencias a la Provincia para financiar la caja previsional fue de $117.167 millones, mientras que en 2024 y 2025 no se realizaron transferencias de ANSES”. Y agregó sobre el monto de la deuda de Nación con Provincia; “No hay información publica más allá de las transferencias que ejecutaba ANSES a la caja bonaerense. Al respecto, los convenios entre ANSES y la Provincia no son públicos, excepto que la Provincia lo ratifique por ley y lo publique”.

Asimismo, el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Unión Cívica Radical), anunció en julio que rechazó una propuesta de Nación de abonarle “un monto similar al de Córdoba” en concepto de fondos para compensar el déficit de la caja previsional. El reclamo de la Provincia asciende a casi $ 2 billones. 

El mismo camino judicial recorrieron Córdoba y Entre Ríos, que ya llegaron a un convenio con la Nación. El gobierno cordobés, a cargo de Martín Llaryora (Union Cívica Radical), firmó en mayo un acuerdo con Nación durante una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, a partir del cual se estableció el pago de un anticipo de $60.000 millones -a abonar en cuotas mensuales de $ 5 mil millones por un año-, mientras que en simultáneo avanza la auditoría para determinar el monto final de la deuda.

Tras firmar este acuerdo, el Gobierno cordobés anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales.  

Asimismo, Entre Ríos llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional, para el pago de $ 2 mil millones mensuales como anticipo por la deuda. 

¿Cuál es la respuesta de la Nación a los reclamos de las provincias?

El Gobierno nacional suspendió desde 2024 las transferencias destinadas a financiar parte del pago de los haberes de jubilados provinciales e impuso como requisito previo para el cobro de esa deuda la realización de una auditoría, en el marco de la cual las Provincias están obligadas a brindar la documentación respaldatoria. 

Consultado por el monto total que la Nación le adeuda a las jurisdicciones provinciales, el jefe de Gabinete de la Nación Guillermo Francos aseguró durante su exposición en el Congreso dijo que el dato oficial se podrá conocer luego de que finalice el proceso de auditoría. 

“No es posible determinar los resultados de las eventuales deudas (N. de R.: en otras palabras, cuánto le debe Nación a cada provincia) sin contar con la información completa remitida por las provincias” para realizar las auditorías correspondientes, planteó en el Informe de gestión N° 143, de junio de 2025. 

Y agregó: “toda aquella deuda que se determine fehacientemente y sobre la cual se llegue a un acuerdo con la provincia correspondiente, será oportunamente honrada, considerando las posibilidades fiscales y presupuestarias correspondientes”.

Hasta junio de 2025 el Gobierno nacional sólo giró fondos a Córdoba para financiar su caja jubilatoria

De acuerdo con datos a junio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la única provincia que recibió fondos para financiar su caja previsional fue Córdoba, a la que Nación le transfirió $ 10.000 millones por el acuerdo firmado. En 2024, el Gobierno nacional no envió fondos a ninguna jurisdicción. 

En 2023 la Nación giró a las cajas provinciales $ 16,1 billones, lo que representó un incremento real (es decir, contemplando la inflación) del 50% con respecto a 2022. Ese último año, no obstante, se había producido una caída del 51% con respecto a 2021. 

¿Por qué la Nación le paga a las provincias parte de las jubilaciones?

Como se explica en esta nota, el sistema de jubilaciones de la Argentina se encuentra muy fragmentado. Por un lado está el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen sistemas provinciales, que nuclean a empleados públicos de las provincias y los municipios; esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y cajas profesionales, como la de los abogados o los médicos. 

Si bien originalmente cada provincia administró su propio sistema, algunas de esas cajas actualmente están bajo control del Gobierno nacional. Rafael Rofman, especialista en temas previsionales, indicó a Chequeado que “en la década del ‘90 hubo convenios por los cuales 10 provincias transfirieron el régimen provincial al nacional”, dado que mantenían un fuerte déficit en sus cuentas. 

Concretamente, el proceso de transferencias de las cajas provinciales a la Nación se inició en 1992. Ese año las provincias firmaron un Pacto Fiscal que, entre otras medidas, dispuso que el Estado nacional podía descontar el 15% de los fondos coparticipables para destinarlos al pago de las jubilaciones nacionales.

En 1993 el Gobierno privatizó el sistema previsional y cambió el mecanismo de sistema de reparto (vigente nuevamente a partir de 2008, y a través del cual los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financian las jubilaciones) por el de capitalización (por el que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, las AFJP).  

Luego de estos cambios, la Nación y las provincias firmaron un nuevo Pacto Federal por el cual el Gobierno nacional se comprometía a absorber las cajas de jubilación provinciales. Es decir que los jubilados de las provincias que adhirieron a ese acuerdo y los empleados en actividad que se jubilaran en el futuro pasaron a cobrar sus haberes (y a realizar sus aportes, en el caso de los activos) a través de la ANSES, con las mismas condiciones y requisitos que los jubilados nacionales.

Siguiendo este acuerdo, entre 1994 y 1997, 11 jurisdicciones transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales: Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En tanto, en 1999 se firmó un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias (denominado Compromiso Federal) que, entre otras cosas, obligó al gobierno federal a cubrir los déficits de los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron sus recursos. Es decir que la Nación pasó a hacerse cargo de las diferencias existentes entre los aportes de los trabajadores estatales y los fondos necesarios para cubrir la jubilación de los agentes ya retirados. Este es el origen con las provincias.