Ni Una Menos: 6 años después, en qué se avanzó y qué falta

Tengo un recuerdo muy marcado sobre la marcha del 3 de junio de 2015 y la intensidad de los días previos, cuando esta nueva versión de nuestras vidas se estaba construyendo: “¿qué pensaría Haydée si viera esto?”, me pregunté. Haydée Birgin, abogada feminista, precursora en reflexionar sobre el acceso a la justicia y los obstáculos que enfrentaban las mujeres en situación de violencia para acceder a la protección del derecho, había fallecido poco más de un año antes.

Desde 2003 compartíamos el espacio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la organización feminista que habíamos fundado junto a grandes amigas y colegas con el propósito de analizar el derecho y las políticas públicas desde una perspectiva interdisciplinaria, garantizar la vigencia efectiva de los derechos y avanzar en la igualdad de género.

A partir de 2015, gran parte de nuestro mundo se fue transformando y se amplió con la conquista de nuevos espacios. Los temas por los que pioneras como Haydée habían luchado durante décadas empezaban a instalarse en la agenda pública. 

Avances, aunque con falta de datos sobre la dimensión del problema

Desde hace 10 años ELA monitorea las campañas electorales y las propuestas de las distintas plataformas de los y las candidatas: hasta 2015 el tema de la igualdad de género era marginal. A partir de ese año, gradualmente, la agenda comenzó a incorporar propuestas de políticas públicas para responder a las violencias hacia las mujeres; las políticas de cuidado indispensables para promover la inserción laboral de las mujeres en condiciones de igualdad; la paridad en espacios de decisión; la eliminación de las barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El movimiento “Ni Una Menos” comenzó con una demanda tan básica como indispensable: poner fin a los asesinatos de mujeres por razones de género. Los femicidios alimentaban las noticias de los medios de comunicación y esa era, justamente, la única manera en la que la Argentina podía dar seguimiento a esta forma extrema de la violencia hacia las mujeres.

Hasta que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el Registro de Femicidios (una de las primeras reacciones oficiales a las demandas del movimiento), las únicas estadísticas disponibles eran las que elaboraban las organizaciones de la sociedad civil, como La Casa del Encuentro, a partir de las noticias publicadas en medios.

Con la creación del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina se logró conocer la extensión del problema en el país, las provincias que muestran las tasas más preocupantes, la persistencia de un fenómeno que no ha mejorado en los últimos 5 años a pesar de los esfuerzos desplegados en distintas instituciones y los recursos destinados para su implementación. 

Sin embargo, los problemas de efectividad siguen siendo alarmantes: casi el 70% de los femicidios son perpetrados por parejas actuales o pasadas (muchas veces con denuncias previas) sumado a otras personas cercanas o familiares, según datos de 2020 del Registro de la Corte. La ineficacia no es solo de la justicia sino también de las políticas públicas municipales y provinciales para prevenir y para poner un límite a la violencia, que fracasan de manera sostenida.

En América Latina, muchos países cuentan desde hace años con estadísticas que permiten conocer la verdadera dimensión del problema: cuántas son las mujeres que viven situaciones de violencia en las relaciones de parejas actuales o pasadas; cuántas de ellas denuncian o buscan ayuda; en qué condiciones esa asistencia resulta eficaz. La Argentina, el país de “Ni Una Menos”, no tiene todavía esos datos.

Los resultados de una encuesta en la Ciudad

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se hizo en 2018 una encuesta (implementada por la Dirección General de Estadísticas y Censos en conjunto con la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y ELA) para conocer la percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres que permite saber que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún hecho de violencia durante su vida por parte de una pareja actual o pasada. 

Si bien esta violencia está presente a lo largo de toda la vida de las mujeres, es entre los 18 y 49 años de edad cuando están más expuestas. Las manifestaciones de violencia generalmente se presentan de maneras combinadas de modo tal que distintos tipos de violencia (física, psicológica, sexual o económica) pueden encontrarse reunidas en el mismo episodio.

Entre quienes sufrieron algún hecho de estas características por parte de su pareja actual o anterior, el 55,3% fue sometida a violencia psicológica, el 23,7% sufrió situaciones de violencia económica, 21,5% fue expuesta a violencia física y 13,5% experimentó situaciones de violencia sexual. 

Sin embargo, son muy pocas las mujeres que piden ayuda: solo el 22% acudió a alguna institución pública de asistencia y apenas más de la mitad cree que la ayuda recibida le resultó útil. Los problemas continuaron irresueltos para muchas: 4 de cada 10 reportaron haber tenido que hacer muchos trámites y 3 de cada 10 dicen que les faltó apoyo de familiares y/o personas amigas para atravesar los laberintos burocráticos que son parte de los problemas de acceso a la justicia.

Los planes nacionales de acción y lo que falta

La puesta en marcha de un Plan Nacional para abordar las violencias contra las mujeres para llevar a la práctica las promesas de la Ley 26.485 (vigente desde 2009) fue otra de las demandas del movimiento “Ni Una Menos”. 

El primer plan tardó años en llegar y se implementó entre 2016-2019 -durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos)- y un nuevo plan fue diseñado y está en ejecución desde 2020, con la asunción de Alberto Fernández (Frente de Todos), que creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estas iniciativas de política pública coordinada y articulada son indispensables, pero necesitan ser monitoreadas para garantizar que efectivamente se conviertan en políticas vigentes en todo el territorio.

Para eso, desde la sociedad civil sostenemos un ejercicio de monitoreo que incluye el presupuesto asignado y el efectivamente ejecutado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en particular, pero en general por todos los organismos públicos. Entre los avances de estos años, hay que destacar la mayor  accesibilidad a información pública sobre políticas y presupuestos, en particular la incorporación de etiquetas de género en los presupuestos, que permite este trabajo. 

La manifestación masiva contra los femicidios fue el grito que unió a una sociedad. En los años que siguieron, el trabajo del movimiento de mujeres, feminismos y diversidad fue mostrando que para abordar ese problema es indispensable analizar las otras violencias, las que sostienen y alimentan una cultura de discriminación y exclusión de mujeres, lesbianas, travestis y trans: en el empleo, la política, la vía pública, los medios de comunicación.

La violencia institucional y la discriminación social contra el colectivo de la diversidad es alarmante y también debe ser parte de las reivindicaciones y luchas por la igualdad. La incorporación de los travesticidios en el Registro de la Corte permite mostrar algunas de las consecuencias de esa violencia extrema. 

¿Qué falta en la Argentina a 6 años de esa bisagra que fue la manifestación de “Ni Una Menos”? Sin duda faltan políticas de atención y contención temprana, falta garantizar el patrocinio jurídico en las causas de violencia, falta ampliar las políticas que promuevan la autonomía física, económica y política. 

Pero, sobre todo, falta una comprensión más amplia de la democracia y de sus instituciones: la lucha por la igualdad de género y por la erradicación de las violencias no es sólo de las mujeres y del colectivo de la diversidad. 

Debería ser una reivindicación y un compromiso político de toda persona que desea  aportar a la construcción de una democracia que nos incluya y nos represente.  Haydée dijo en una entrevista en 2013 que “el feminismo en la Argentina avanzó en eso, en la toma de conciencia. Pero de ahí a irradiar… falta mucho”. Es cierto, todavía falta. Pero hemos avanzado muchísimo y me hubiera encantado que ella pudiera verlo.

Natalia Gherardi es abogada, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

Si querés datos e información verificada sobre cuestiones de género, entrá a este especial de Chequeado.