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¿Por qué la familia Maldonado recibe una ayuda económica del Estado?

Abuelas de Plaza de Mayo

09 Noviembre, 2018 | Tiempo de lectura: 3 minutos
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El Gobierno nacional nunca pagó un subsidio a la familia del joven artesano que falleció en Cushamen, Chubut. Sin embargo, por ser parte querellante de las causas judiciales en trámite, al hermano de Santiago, Sergio, y a su familia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación le cubre gastos de traslados y viáticos porque así lo establece la llamada “ley de víctimas” sancionada en 2017.

Circula en Facebook una publicación que afirma que Sergio Maldonado “cobra por mes $200 mil (…) por ser hermano del hippie que se ahogó” y agrega que se trata de un “subsidio”. Es falso que el Gobierno nacional alguna vez pagara un subsidio a la familia de Santiago Maldonado, el joven artesano que falleció en Cushamen, en Chubut, luego de un operativo de Gendarmería nacional. Pero a Sergio, el hermano del fallecido, y a su familia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación le cubre gastos de traslados y viáticos porque así lo habilita una ley de 2017. ¿Por qué se da esta situación?

La desinformación sobre un supuesto subsidio circuló tanto que el ministro de Justicia, Germán Garavano, publicó en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje: “Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de $200 mil pesos de parte del @jusgobar. El Ministerio de Justicia y DDHH no otorga subsidios”.

Por otra parte, Sergio Maldonado ya había negado que su familia recibiera un subsidio en una entrevista con Infobae. “No tenemos nada que esconder. Este invento del subsidio, que nos depositan $200 mil por mes. Embarran la cancha porque la mayoría compra sólo los títulos”, dijo. La misma desmentida fue replicada por otros medios, como Perfil y Página 12.

Pero, si bien no les otorga un subsidio, el Estado nacional solventa gastos de la querella (la familia Maldonado) amparado en la llamada “ley de víctimas”, una norma sancionada por el Congreso en 2017. Así lo informaron a Chequeado desde el Ministerio de Justicia. Esta ley, en su artículo 9, establece que el Estado deberá atender “los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo”.

Esta situación se da porque, desde la desaparición de Santiago Maldonado en agosto de 2017, se abrieron dos expedientes judiciales en la Justicia federal: un expediente penal caratulado como “desaparición forzada” y un hábeas corpus. En esas dos causas, la familia del joven fallecido actúa como querellante y necesita recursos para poder hacerlo, según dijo a este medio la abogada Verónica Heredia.

De acuerdo con un pedido de acceso a la información publicado por Infobae, esta ayuda económica acumuló un total de $1,5 millones entre agosto de 2017 -cuando la familia Maldonado solicitó la ayuda- y julio de 2018 (última fecha oficial con datos disponibles en el pedido). Este monto fue destinado a pasajes aéreos, viáticos, hospedajes y honorarios para el ex miembro del Equipo Argentina de Antropología Forense (EAAF), Alejandro Incháurregui, que actuó como perito de la querella.

“Esa contribución económica a la familia Maldonado no representa un subsidio estatal de ningún tipo sino que se extiende como cumplimiento al orden jurídico”, declaró el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares. Este tipo de ayuda para solventar los gastos del proceso judicial ya se utilizó en otros expedientes, como en el caso de los familiares de María Cash, la mujer desaparecida desde julio de 2011, o la abogada de los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, según confirmó a Chequeado Natalia Figueroa, quien desde junio de 2018 es directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenadiv), organismo que depende del Ministerio de Justicia y que tiene a cargo la atención a las víctimas.

La familia Maldonado informó esta situación en un comunicado que difundió el 18 de abril de este año. Allí detalló que el 29 de agosto de 2017 se le solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que “se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago”. La respuesta oficial que recibieron fue que la cartera que dirige Garavano brindaría “a la querella de la familia el apoyo que le sea requerido”.

La ayuda económica también fue confirmada por el juez federal a cargo de la causa, Gustavo Lleral, quien afirmó en abril último a través de una notificación: “El nombrado [N. de R.: por Sergio Maldonado] ha percibido, a la fecha, asistencia en concepto de pasajes aéreos, alquileres de vehículos, viáticos, alojamiento, honorarios y otros, que sin lugar a dudas garantiza la efectiva participación de la parte querellante que representa el Sr. Sergio Maldonado y su abogada”.

Chequeado se contactó con Heredia, abogada de la familia Maldonado, para conocer detalles de esta situación. “La familia nunca cobró un subsidio. Únicamente se le pidió dinero al Estado a partir del 29 de agosto del año pasado para que cubra los gastos necesarios y que haya una participación efectiva de las víctimas, o sea los familiares, en la causa”, afirmó Heredia. Y concluyó que la familia continúa recibiendo el apoyo económico para los viajes a Rawson, donde está ahora la causa.

 

Cómo se pide una ayuda económica por ser víctima de delito

La Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos es una norma nueva. Fue sancionada por el Congreso en julio de 2017, con impulso del oficialismo. Pero el Gobierno sólo emitió el decreto reglamentario en mayo de 2018, por eso es una ley que todavía tiene poco uso. El pago de los gastos de logística de la víctima es una de las garantías que fija la ley. También se establece el derecho a que te informen verbalmente sobre el estado de la causa, a que te escuchen antes de cada decisión judicial, a solicitar medidas de seguridad para las víctimas, a la asistencia psicológica y tener una defensa jurídica gratuita, entre otras reformas.

El organismo a cargo de la ejecución de esta ley es el Cenadiv, que depende del Ministerio de Justicia. La colaboración al Cenadiv se puede solicitar por mail, línea telefónica o a través de las fiscalías o juzgados en los que tramite una causa judicial. En esa solicitud se debe especificar el motivo del traslado: si tiene que ir a una audiencia, a presentar un escrito o lo que la víctima necesite. El Cenadiv evalúa la solicitud y debe elevarla a la Secretaría de Justicia, que es la que finalmente decide ejecutar los gastos.

El reclamo al Estado por el pago de traslados y otros gastos pueden solicitarse desde el inicio hasta la finalización del proceso penal. Figueroa aclaró a este medio que, por lo reciente de esta ley, aún se está trabajando en la elaboración de protocolos para aplicar algunas especificidades, como por ejemplo la evaluación de la situación económica de quien pide asistencia para traslados y viáticos.

Temas

10 Respuestas

Agapita Nomecuente 10 de Noviembre de 2018 a las 8:12 am

el señor Garramano dijo que no reciben ayuda economica
¿ a quién creerle ?
para ser funcionario HAY QUE SABER MENTIR

Federico 10 de Noviembre de 2018 a las 9:08 am

Por qué poner un título así de engañoso?
Chequeado debería replantearse su verdadera intención:
“¿Por qué la familia Maldonado recibe una ayuda económica del Estado?”
“El Gobierno nacional nunca pagó un subsidio a la familia del joven artesano”

ivan 11 de Noviembre de 2018 a las 3:39 pm

la plata se la dan igual, que no se llame “subsidio” es una cuestion decorativa

Fabián 11 de Noviembre de 2018 a las 5:51 pm

El título no es engañoso. Lo que tu respuesta prueba es que pertenecés a la enorme mayoría de la población que ya no puede entender correctamente lo que lee. Ese es un enorme, terrible problema, porque vacía a la democracia de sentido. Si no se entienden los temas públicos, la participación carece de sentido. Pero estoy perdiendo el tiempo explicando esto…

Roberto Manzano 6 de Diciembre de 2018 a las 1:48 pm

El error estaría en que definas el contenido de la nota por el titulo sin leer el resto.

Enrique Douce 15 de Noviembre de 2018 a las 1:25 am

Habría que preguntarse quien va a devolver ese dinero, porque la ley es para VICTIMAS DE DELITO, y todos sabemos que el Sr. Maldonado, se ahogó por meterse en agua helada, vestido con demasiada ropa que lo hundió. Es decir, el Sr. Maldonado NO FUE VICTIMA DE DELITO, por lo que quienes autorizan esas erogaciones si están cometiendo un delito!!!

Rotsen 29 de Noviembre de 2018 a las 7:49 pm

Según la Real Academia, Subsidio en primera acepción es:
1. m. Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada.
El dinero que se da por ley a las víctimas de delitos es una prestación pública, porque lo da el estado y sale del erario público, es asistencial porque es para asistirlos en gastos que no puedrían cubrir por sí mismos es de carácter económico y tiene una diración determinada que es la duración del proceso judicial. Por lo tanto ES UN SUBSIDIO.
Chequeado debería rectificarse.

juan carlos gonzalez 2 de Febrero de 2019 a las 9:33 am

VOTO por que devuelva lo cobrado, la causa se cerro, la presunta victima se ahogo sola, se probo la inexistencia de delito. Hay personas imputadas y procesadas por falto testimonio que de no haber declarado, esta causa ni siquiera hubiese sido abierta. Y por ultimo el dinero que se le pago a la familia maldonado es parte de nuestros impuestos. Estoy muy indignado. Pd.Observen que no utilice la palabra SUBSIDIO ni tampoco GASTOS DE TRASLADO Y ASISTENCIA A LA VICTIMA DE DELITOS. Utilice la palabra DINERO, PESOS, PLATA, BIYUYA, que salio de las arcas del estado.

Horacio Garcia Arguijo 19 de Mayo de 2019 a las 9:08 pm

Me gusta saber en que se gasta el dinero que se recauda.
Esa ley es para cubrir gastos de victimas de delitos, que no es el caso.
Somos un pais empobrecido por este tipo de conductas: hablamos mucho y producimos poco.
Creamos leyes contiuamente, pero luego las mal aplicamos.
Si en este caso no hubo victima, es improcedente cubrirla economicamente.

Juan 7 de Septiembre de 2019 a las 8:15 am

Subsidio: ayuda económica que se obtiene de un organismo público para un fin determinado.
Chequeado: “esta ayuda económica acumuló (2017 – 2018) un total de $1,5 millones”.
Ahora que reabrieron la causa… sigue la ayuda economica por alguien al cual lo quieren hacer encuadrar como “victima” como sea manipulando el derecho penal olvidando principios como el nexo de causalidad (maldonado se coloco en esa posicion asumiendo riesgos como tirarse al rio sin saber nadar, cuantos gendarmes muertos ahogados deberian haber para compensar? Y asi dejar de hacer tanta politica con esto)

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