Presupuesto 2026: educación, jubilaciones, salud y otros puntos clave de la ley aprobada por el Senado

Con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, la Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza), dado que en los 2 años anteriores no contó con esta herramienta y prorrogó la ley vigente para el ejercicio 2023.

Tras un debate de 8 horas, el oficialismo -junto a aliados provinciales, radicales y del PRO, más 3 peronistas-, aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo. En la votación en particular también consiguió sostener el artículo 30, sobre desfinanciamiento en educación, ciencia y defensa.

El proyecto contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, que no obstante había rechazado uno de los capítulos de la iniciativa oficial por contener un artículo que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.  

Un presupuesto con menos gastos y un sólo ministerio ganador

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $ 148 billones, lo que implica una caída del 2,5% real (considerando la inflación proyectada por el Gobierno) con respecto al cierre previsto para 2025. 

También establece un superávit primario (la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado) equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero (el superávit primario menos el pago de intereses de la deuda) del 0,3% del PBI. Además, el Ejecutivo prevé una inflación del 10,1% y un aumento del PBI del 5% para todo 2026.

En 2026 todos los ministerios recibirán menos fondos (en términos reales) que en 2025, a excepción del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (encabezado por Federico Sturzenegger y encargado de las políticas de desregulaciones), que tendrá un incremento de partidas del 80% real. 

Menos fondos para vouchers, más para becas y derogación de la Ley de Financiamiento Educativo

La función Educación y Cultura (que engloba todos los gastos relacionados con esas áreas, independientemente del ministerio que los ejecute) cae el 1% real en el Presupuesto 2026 y 47,7% con relación a 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos). 

En su artículo 30, el proyecto oficial deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que desde su creación en 2005, esta meta sólo se cumplió en 2015. 

El mismo artículo también deroga la garantía de financiamiento al sistema nacional de ciencia y tecnología, que establecía un gasto mínimo del 0,52% del PBI en 2026. Los gastos para esa función caerán 10,7% real en 2026, según el proyecto oficial. Lo mismo ocurre con el Fondo Nacional para la Educación Técnica, cuyo tope de gastos mínimos (0,2% del total ingresos corrientes) es eliminado y los fondos caen 67,1% real con respecto a 2025. 

En tanto, el proyecto destina unos $ 90 mil millones para los vouchers educativos, lo que representa una caída real del 13,5% con respecto a 2025 y refleja la caída en las solicitudes de ayuda que se registró en 2025. Por su parte, se prevé un aumento del 4,1% real en la inversión destinada a becas en general (como las Progresar).

El Plan Nacional de Alfabetización (creado en junio de 2025) recibirá en 2026 unos $ 580 mil millones. Esto implica un incremento real del 39,3% con respecto a los $ 352 mil millones presupuestados en 2025. 

Finalmente, se asignaron $ 4.872 millones para las universidades nacionales. Esto implicaría una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023. 

El oficialismo había incluido en el proyecto la derogación de la Ley de financiamiento universitario (que establecía que los fondos destinados a las universidades y los salarios docentes se actualizaran por inflación desde el 2023), pero la Cámara de Diputados rechazó ese punto.

El bono a jubilados sigue congelado, y caen las pensiones por discapacidad

En 2026 las prestaciones sociales (categoría que nuclea a las jubilaciones, los planes sociales y las asignaciones familiares, entre otras) tendrán un incremento real del 5,7%, de acuerdo con el análisis de la OPC.

Las partidas destinadas a las jubilaciones aumentarán 6% real según la OPC, pero los fondos destinados al bono extraordinario para los beneficiarios de la mínima caerán 13,8% real, lo que implicaría mantener el beneficio en $ 70 mil (congelado desde marzo de 2024) durante todo el año próximo. Bajo estas condiciones, la jubilación mínima caería en torno al 1% en 2026, mientras que el resto tendría un incremento del 2,2%. 

También se registra una caída del 10,6% real en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155 mil beneficios, según se desprende del análisis de la OPC. El proyecto oficial proponía la derogación de la Ley de emergencia en discapacidad (que establecía aumentos en las partidas del área) pero Diputados rechazó esa iniciativa. 

Aumenta la AUH, pero se reduce la ayuda alimentaria

En tanto, las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025, y particularmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) muestra un incremento del 6,4% real. 

Por su parte, la prestación Alimentar (un complemento de la AUH que consiste en la entrega de dinero destinado a la compra de alimentos) tendrá en 2026 una caída del 15,2% real con respecto a los gastos de 2025 (-41,4% respecto a 2023). En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios presentan un recorte del 28,9% (que sube al 61,7% al considerar el presupuesto de 2023). 

Los fondos destinados a Salud, con resultados heterogéneos

Los fondos destinados a la Función Salud aumentan en 2026 el 2,7% real, aunque las partidas específicas para el ministerio caen 13,7% en la proyección para 2026. 

Pero, como indicó la OPC, se presentan “resultados heterogéneos entre los distintos programas”. Por ejemplo, aumentaron los fondos destinados a los programas de Prevención de Enfermedades Transmisibles (que contiene la campaña de vacunación); de Abordaje de Enfermedades No Transmisibles; y de Acceso a Medicamentos, mientras que las partidas destinadas a la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y el de Salud Sexual muestran caídas. 

Respecto de los programas de salud sexual, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicó en un informe que en el presupuesto se marginan las partidas relacionadas con la Educación Sexual Integral (que representan sólo el 2% de lo ejecutado en 2023) y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) “para centrarse casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos”.

ACIJ señaló que el Presupuesto 2026 “consolida el ajuste iniciado en 2024 en políticas clave para la igualdad de género. Programas centrales como los de prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva y moratorias previsionales sufrieron recortes drásticos, cambios de enfoque o directamente dejaron de figurar como partidas específicas”.

Actualización 26/12/2025: se actualizó la nota con la última información disponible.