Qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las mujeres embarazadas en Formosa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas cautelares que había impuesto a favor de 7 mujeres embarazadas de la etnia Wichi de la provincia de Formosa que manifestaron temor a las autoridades provinciales y advirtieron que no accedían a la atención médica necesaria, en el contexto de las medidas sanitarias provinciales para la prevención de los contagios por coronavirus. La situación se conoció mediáticamente por un informe del programa “Telenoche” -que se emite por Canal 13- y que también fue difundido por el canal de cable Todo Noticias (TN).

Después de la publicación de la decisión de la CIDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado en el que aseguró que la comisión, con su resolución, “concluye la falsedad de la denuncia mediática”. TN, por su parte, rechazó la acusación. Pero, qué dijo el organismo internacional. En esta nota te lo explicamos.

Las cautelares se habían fijado el 16 de abril último y, en esa oportunidad, la Comisión solicitó al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de estas personas, entre ellas la atención médica adecuada. 

Entre los denunciantes ante la CIDH se encuentran Félix Díaz, representante del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, y Santiago Canton, ex secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires durante la administración de María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio). A ellos la Comisión les solicitó información adicional sobre la situación de estas mujeres y, además, los llamó a cooperar con el Estado nacional en la implementación de las medidas.

La CIDH -organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)- identificó que al menos 5 de las 7 mujeres embarazadas al momento de la denuncia ya habían dado a luz, que una permanece embarazada y que otra “perdió a su bebé”, de acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes. En tanto, las mujeres que ya dieron a luz y la que continúa con su embarazo en curso recibieron atención médica. 

Además, la Comisión señaló que en este momento no advirtió una “amenaza concreta o sostenida en contra” de estas personas y que tampoco tenía registro de que en la actualidad se les esté negando atención médica. 

Es por eso que el organismo sostuvo: “La Comisión observa en ese sentido que el marco fáctico que dio origen a las presentes medidas cautelares se ha modificado sustancialmente, y en este momento, para la Comisión, no es posible identificar información concreta y actual que permita sustentar la vigencia” de las medidas.

“La implicancia de eso es que la comisión no encuentra en este momento ninguna circunstancia que permita verificar que hay un riesgo para derechos humanos de las personas, lo cual no obstaculiza a que, si recibiera una nueva presentación identificando y probando una condición de vulneración de derechos fundamentales, obviamente que podría volver a tomar otra decisión cautelar o avanzar con un procedimiento ante la Corte Interamericana”, explicó a Chequeado Gustavo Maurino, profesor de Derecho de la Universidad de Palermo y co-fundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Qué dice y qué no dice la resolución de la comisión

Cuando se dio a conocer la decisión de la CIDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado titulado: “Formosa: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye la falsedad de la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte”. 

En esa misma línea, Horacio Pietragalla Corti, quien está a cargo de la secretaría, aseguró en su cuenta de Twitter: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó lo que veníamos señalando: que era falsa la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte, en Formosa”.

Sin embargo, en la decisión del organismo internacional no se calificó explícitamente de falsa la denuncia inicial que puso en pie las medidas cautelares en un primer momento, sino que se indicó que esta situación se modificó, en parte por la intervención del Estado nacional. Tampoco se mencionó al informe televisivo.

“La Comisión Interamericana lo que verifica al momento de esta decisión es que, en relación con las situaciones que se denunciaron, no se dan en la actualidad circunstancias que justifiquen una medida de protección provisional y tutelar como son las medidas cautelares”, indicó Maurino.

Por otra parte, la CIDH reclamó a los denunciantes en varias oportunidades dentro de la resolución que no proveyeron información probatoria suficiente o que lo hicieron con demoras. “Los alegatos de la representación [los denunciantes] se han centrado en indicar que o bien la información [presentada a la Comisión por el Estado nacional] es falsa o es inconsistente o no suficiente, pero sin brindar información adicional sobre la situación actual de las beneficiarias”, indicó en su decisión.

En relación a este punto, Santiago Canton indicó en diálogo con este medio que tuvieron dificultades para reunir más testimonios porque las personas indígenas mostraron temor a recibir represalias y no quisieron revelar su identidad ante la Comisión y el Estado nacional y provincial. 

Canton, quien también fue secretario Ejecutivo de la CIDH entre agosto de 2001 y junio de 2012, alegó que el Estado nacional se negó al trabajo coordinado con los denunciantes, algo que -según indicó- tiene antecedentes históricos en casos que involucran a los pueblos originarios. “La denuncia cumplió con su objetivo. Se le dio atención médica a las mujeres y no se las separó de sus hijos”, agregó el ex funcionario.

Otras denuncias

Esta denuncia no representa un caso aislado. Distintas medidas tomadas por el gobierno de Formosa en el marco de la pandemia de la COVID-19 despertaron la atención de organizaciones de derechos humanos.

La ONG Amnistía Internacional realizó un informe sobre Formosa en el que recopiló testimonios de personas afectadas por las restricciones para ingresar al territorio provincial, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. Humans Rights Watch, por su parte, identificó “medidas abusivas” por parte de la administración de Gildo Insfrán (Partido Justicialista).

En noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia que garantice el ingreso a más de 7 mil personas que habían solicitado la entrada a la jurisdicción y que hasta ese momento no habían accedido. Antes de la decisión de la Justicia, se identificaron casos de personas que esperaban a la vera de la ruta la autorización del gobierno provincial para regresar a sus hogares.

ONG’s y referentes de Juntos por el Cambio denunciaron malas condiciones higiénicas y sanitarias de los centros de aislamiento, y avasallamiento sobre las libertades de los residentes en la provincia. Esto repercutió en la visita a Formosa del secretario Pietragalla Corti, quien relativizó las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En marzo último, cuando las autoridades decidieron volver a la fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la ciudad capital de Formosa, cientos de personas se manifestaron frente a la gobernación provincial. Luego de los enfrentamientos con la Policía formoseña, se registraron decenas de heridos y 92 detenidos.

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