¿Qué es el impuesto inmobiliario urbano y rural que Kicillof aumentó en la Provincia?

La Legislatura bonaerense aprobó finalmente el paquete de reformas impositivas enviado por Axel Kicillof, aunque el Senado introdujo modificaciones que atenuaron la suba de impuestos impulsada por el oficialismo. Buena parte del debate se centró en el aumento del impuesto inmobiliario, tanto el urbano como el rural. Aquí te contamos los detalles de la reforma y en qué consiste este tributo.

El impuesto en cuestión

El “impuesto inmobiliario” es un tributo que grava a toda la propiedad inmobiliaria en un territorio, en este caso, en la Provincia de Buenos Aires. Se divide en dos grandes ramas: el inmobiliario urbano (edificado y baldío) y el inmobiliario rural. El que más recauda es el urbano, que en 2019 representó más del doble que el rural.

Para calcular cuánto deben pagar los contribuyentes por este impuesto se utilizan los valores fiscales de las propiedades, que son los valores oficiales que determina el Estado y son en pesos. Estos montos, en general, tienen una importante diferencia con los valores de mercado.

“El impuesto inmobiliario se cobra a la propiedad inmueble, rural y urbana, existente en cada jurisdicción con la particularidad de que es el nivel provincial de gobierno quien determina el valor fiscal de cada propiedad sobre la que se ha de aplicar el tributo y que opera como un valor de referencia para otras imposiciones sobre este valor realizadas por otros niveles de gobierno, tales como las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza, o servicios generales, o el impuesto nacional a los bienes personales”, señalan los especialistas Martín Mangas, Carlos Martínez y Alejandro López Accotto en el libro Finanzas provinciales e impuesto inmobiliario en la Argentina. Por lo tanto, el impuesto inmobiliario es una referencia para calcular, por ejemplo, las tasas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) pero no es lo mismo.

Qué se modificó: inmobiliario urbano

El impuesto inmobiliario urbano edificado es el que la oposición a Kicillof logró modificar en el Senado. Los aumentos son progresivos. La ley que finalmente se promulgó establece hasta un 15% de aumento respecto de 2019 para las propiedades con valor fiscal de hasta $ 303 mil; hasta un 35% para las que valen entre $ 303 mil y $ 498 mil; hasta un 55% para las de valor fiscal de entre $ 498 y $ 1,7 millones; y hasta un 75% sólo para las que superan el valor fiscal de $ 1,7 millones.

El proyecto que había enviado Kicillof a la Legislatura, y que logró media sanción en la Cámara de Diputados, fijaba un aumento de hasta el 75% para todas las propiedades con valor fiscal superior a $ 680 mil, es decir que había muchas más propiedades alcanzadas por el porcentaje de aumento más importante.

Para el caso de los baldíos, la ley aprobada fijó aumentos que van desde el 15% para los propiedades de menor valor, hasta un 90% para los terrenos con valor fiscal superior a $ 630 mil.

Qué se modificó: inmobiliario rural

El inmobiliario rural no sufrió modificaciones en el debate legislativo y se aprobó lo que había propuesto el Gobierno provincial. El texto aprobado determinó que para las propiedades con un valor fiscal menor a $ 260 mil, el aumento no puede ser superior en más de un 15% respecto de lo calculado en 2019. Cuando el valor sea de entre $ 260 mil y $ 816 mil, al aumento no podrá ser superior al 35%. Por otra parte, el aumento será de, cómo máximo, el 55% en 2 circunstancias: cuando la propiedad tenga un valor de entre $ 816 mil y $ 3 millones y cuando la propiedad tenga un valor fiscal superior a $ 3 millones y a su vez la superficie sea mayor a 2 mil hectáreas.

Por último, dispone un aumento de hasta un 75% para las propiedades valuadas en más de $ 3 millones y con una superficie superior a 2 mil hectáreas. El texto, además, propone aumentos a los edificios u otras mejoras realizadas en tierra rural. Estos aumentos van del 15% al 50%, dependiendo del valor fiscal de las mejoras.

El inmobiliario a lo largo del tiempo

El impuesto inmobiliario incrementó su participación sobre la recaudación total en los últimos años, aunque no es el tributo más importante de la Provincia. Pasó de representar un 5,4% en 2015 a un 8,6% en 2019. El impuesto a los ingresos brutos, el más importante, representa el 70% de la recaudación provincial.

El urbano edificado es el más importante de los 3 (edificado, baldío y rural). En 2019 representó el 59% de toda lo que se recauda por impuesto inmobiliario en la Provincia. El inmobiliario rural representó el 34% y el baldío el 7%.

Pese al aumento de los últimos años, en las últimas décadas la importancia de este tributo -el impuesto inmobiliario- tuvo una importante caída. En 2001 representaba el 16,8% del total de la recaudación provincial, el doble de la participación registrada en 2019.

El impuesto inmobiliario no sólo perdió participación en las últimas décadas en la Provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, en gran medida por un fuerte incremento de los ingresos brutos. “La tasa promedio de crecimiento a valores corrientes del impuesto sobre los ingresos brutos en el periodo 2004-2015 fue de 33%, mientras que para el inmobiliario fue 23%, 10 puntos porcentuales por debajo”, señala un informe elaborado por la especialista Analía Fortes para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Y agrega: “Los impuestos patrimoniales cuya base imponible se encuentra sujeta a los valores de padrón (automotor) o estudios de catastro (inmobiliario) han perdido relevancia en la estructura tributaria provincial, mientras que los impuestos indirectos cuya base se actualiza automáticamente dado que se encuentran ligados a las fluctuaciones del nivel de actividad ganaron participación”.

El libro de Mangas, Martínez y Accotto señala que la Provincia de Buenos Aires pasó de ser 1984 el distrito donde el inmobiliario tenía mayor peso a estar en 2011 por debajo del promedio del conunto de las provincias. Y agrega: “Desde el plano distributivo, si ingresos brutos se traslada a precios, opera como un impuesto al consumo (…) con un claro sesgo regresivo, mientras que el impuesto inmobiliario, cada vez más disminuido en su importancia relativa, produce un impacto progresivo en la distribución del ingreso al gravar a las personas de mayores recursos (propietarios) y, dentro de ese grupo, cobrando relativamente más a quienes poseen propiedades inmuebles de mayor valor”.