¿Qué ministerios incumplieron la ley de acceso a la información pública?

El Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Gobierno de Salud y la AFIP son los organismos que incumplieron intimaciones de la agencia encargada de garantizar el acceso a la información pública. Tampoco cumplió con la norma la empresa Edesur, que por recibir fondos públicos es un sujeto obligado a cumplir esta legislación aprobada por el Congreso en septiembre de 2016.

Se trata de un listado de organismos que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la autoridad de aplicación de la Ley 27.275, intimó para que respondan pedidos de la acceso a la información y no lo hicieron, o lo hicieron parcialmente.

Esto quiere decir que son casos en los que una persona inició un pedido de acceso a la información pública ante un organismo, recibió una respuesta insatisfactoria o no recibió respuesta alguna e inició un trámite ante la AAIP para que esta agencia dictamine si corresponde o no que se entregue esa información. Pueden existir otros organismos que no hayan respondido pedidos de acceso a la información, pero si los solicitantes no apelaron ante la Agencia no figuran en este listado.

Quiénes son los incumplidores

En el caso del Ministerio de Seguridad, la Agencia intimó a la cartera que dirige la ministra Patricia Bullrich a que respondiera un pedido hecho por una mujer, que había solicitado el listado de personas fallecidas entre 2001 y 2018 por disparos de las fuerzas de seguridad. Tras la intimación, el Ministerio respondió con información sólo de la Policía Federal y con datos del período 2012-2018.

A la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Fernando de Andreis, la organización Poder Ciudadano le solicitó una copia de la planilla de ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos para saber las visitas que recibió el Presidente desde 2016 a la fecha. El organismo rechazó el pedido. Tras la intimación, la Secretaría entregó un listado de nombres, sin fecha, horario de ingreso ni otra referencia. La AAIP consideró incumplida su intimación.

En el caso de la Secretaría de Salud, se le pidió datos sobre la cantidad de manicomios o neuropsiquiátricos, y otros vinculados a los internados y al equipamiento de estas instituciones. Pero el organismo no respondió sobre la totalidad de los hospitales que dependen de Nación.

De acuerdo con la última actualización del listado hecho por la Agencia a Chequeado, la AFIP tiene tres expedientes en los que no se cumplió con la norma. En un caso se solicitó al organismo recaudador el listado de productos exportados por la empresa Ital Lucca en los últimos dos años y si esa misma sociedad había importado productos con la marca “Pokemón” en los últimos tres años. La AAIP hizo la intimación, pero la AFIP no respondió.

En el segundo caso, una persona pidió el importe de los impuestos que pagó la Empresa Jujeña de Energía SA entre 2012 y 2017. La AFIP respondió que esos datos estaban amparados por el secreto fiscal. La AAIP intimó, pero no obtuvo respuesta.

El otro expediente fue iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Esta organización pidió las condonaciones fiscales realizadas por la AFIP entre 2010 y 2016. En la primer respuesta, el organismo recaudador sólo contestó lo vinculado a cuál es la normativa vigente. Tras la intimación, la AFIP volvió a remitir a la normativa y sostuvo que el resto de las preguntas, vinculadas con las condonaciones impositivas, carecían de precisión y no podían ser respondidas.

En el caso de la empresa Edesur, una persona pidió la cantidad de clientes de la empresa en el municipio de Quilmes, diferenciado por tipo de cliente, y otro tipo de datos recaudatorios de la compañía. Como la respuesta resultó insatisfactoria, el solicitante hizo un pedido ante la AAIP, que intimó a Edesur a contestar todo. Pero la respuesta de Edesur no cubrió todas las consultas de la solicitud.

Qué es un pedido de acceso y qué pasa si no te responden

Un pedido de acceso a la información, de acuerdo a la ley nacional, es una solicitud que se le puede hacer a los tres poderes estatales nacionales y a algunos sujetos privados (como empresas concesionarias de servicios públicos y empresas u organizaciones que reciban subsidios) para conocer y saber más sobre temas variados. El Estado está obligado a entregar la información que produce o tiene en su poder, aunque no está forzado a producirla especialmente ante un pedido. A nivel provincial, existen distritos que sancionaron sus propias leyes de acceso.

Si en el plazo de 15 días (prorrogable por otros 15) establecido por la ley el organismo al que se le pide información no responde o rechaza el pedido, se puede iniciar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que debe dictaminar si corresponde o no entregar la información.