Qué pasa con las condenas por violación en la Argentina

Un sistema que investiga poco, se centra en la credibilidad de la víctima y abandona buena parte de las denuncias explica la baja cantidad de condenas por violación en la Argentina. Algunos puntos sobre el trato que da la Justicia a las denuncias.

• Qué considera como “violación” la Justicia

El término “violación” no aparece en el Código Penal. El delito que se conoce como violación es el abuso sexual con acceso carnal, “por vía anal, vaginal u oral”, o realizare u “otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”. Tiene una pena de seis a 15 años que puede llegar a 20 años en ciertos casos, como por ejemplo que el agresor sea un familiar.

• Pocas condenas

En 2016, hubo 2.884 condenas por delitos contra la integridad sexual, que incluye a las violaciones pero también a otras conductas, según los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, que considera las condenas provinciales, nacionales y federales por todos los delitos (no sólo de quienes reinciden). Ese mismo año las denuncias por delitos contra la integridad sexual fueron 12.424.

En general en todos los delitos el número de denuncias es menor al de hechos (a este fenómeno se lo llama “cifra negra”), dado que en muchos casos la víctima no hace la presentación policial, pero esto es más marcado en el caso de los delitos sexuales. Sólo el 12,5% de las ofensas sexuales (que incluyen, además de las violaciones, los intentos de violación y el contacto físico indeseado) son denunciados, de acuerdo con la encuesta de victimización realizada por el INDEC en 2017. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que sólo denuncian alrededor del 5% de las víctimas adultas de violencia sexual en la región.

• Detenidos en aumento: en 2017 había 9.919 detenidos por violación

A pesar de esto, la cantidad de personas en las cárceles argentinas detenidas por violación se triplicó durante los últimos 10 años, pasó de 3.252 en 2008 a 9.919 en 2017. En ese mismo período la cantidad de detenidos en general también aumentó, pero a un ritmo mucho menor: creció un 50% (de 54.537 a 85.283).

• Poco interés del sistema judicial: la mayoría de las causas se archivan o desestiman

Hay muchas razones que pueden explicar la baja cantidad de denuncias en los delitos sexuales. Una de ellas son las bajas probabilidades de lograr una sentencia. “Los niveles de impunidad en los casos de violación son altos, pero esto no es algo que pase sólo con los delitos sexuales, sino con muchos otros. Sin embargo, la forma en la que se desestiman los casos de violación muestran la discriminación de género en el proceso judicial”, explicó a Chequeado Natalia Gherardi directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) . La especialista apuntó, entre otros factores, a la falta de acción de los fiscales, que en muchos casos terminan desestimando las causas y centran su investigación en el testimonio y la credibilidad de la víctima.

Un estudio que analizó 158 denuncias de violencia de género encontró que transcurridos dos años un sólo caso llegó a una condena en juicio oral, y otras cinco tuvieron condenas a través de un juicio abreviado (es decir una negociación entre el fiscal y el acusado, aprobada luego por el juez). La mayoría de las denuncias se archivaron o desestimaron.

“La escasa cantidad de condenas aplicadas a los denunciados deja de manifiesto la ausencia de respuestas por parte del sistema de administración de Justicia a las denuncias por hechos de violencia doméstica”, concluye el estudio que fue elaborado por el Ministerio Público Fiscal. Se basa en denuncias por violencia de género hechas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, de los cuales alrededor de la mitad habían sido consideradas de alto o altísimo riesgo por la Oficina.

• El tratamiento de la víctima: pericias sobre las que denuncian

Otro problema es la manera en la que se investigan los delitos sexuales y cómo se trata a la víctima: “La Justicia tiende a desconfiar de las denunciantes y se centra en analizar su credibilidad, en lugar de buscar otras pruebas que apoyen la denuncia”, explicó a este medio Ileana Arduino, coordinadora del grupo de Feminismo y Justicia penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Muchas veces la investigación se centra en la credibilidad del testimonio en lugar de buscar a otras personas que podrían aportar pruebas sobre el denunciado, o pericias de las comunicaciones que podrían ayudar a determinar ciertos hechos, entre otras medidas.

Arduino agregó que una de las cosas que se hace en las investigaciones son pericias a la víctima para probar el delito.

El estudio del Ministerio Público Fiscal antes citado concluyó que en los 158 casos analizados, se realizaron 14 pericias sobre 13 mujeres denunciantes, algo que no ocurre en el caso de los presuntos agresores: “En ninguno de los casos se realizó algún tipo de pericia sobre ellos”.

Hay casos, además, en los que la víctima se retracta durante el proceso y los fiscales desestiman la causa, aunque la causa se podría seguir legalmente a pesar de esto. Según el estudio, el 24% de las mujeres se retractaron, y en la gran mayoría eso implicó el final del proceso judicial.

Entre las causas para las retractaciones, el informe señala que las denunciantes tienen hijos en común con el agresor o que la Justicia las cita a declarar en varias ocasiones sobre el mismo hecho.