Qué es una pensión por discapacidad y cuáles son los requisitos para acceder a ella

Última actualización: 12/09/2022

Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) se llevó adelante un proceso de evaluación y baja de algunas pensiones por invalidez. En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación canceló beneficios sin previo aviso, una medida que fue revertida por orden judicial. Posteriormente, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió una resolución en la que enunció los pasos administrativos necesarios para conservar el beneficio.

¿Cuál fue el conflicto con estas pensiones?, ¿qué pasó desde entonces? Todos los datos a continuación.

¿Qué es una pensión por discapacidad y cuáles son los requisitos para acceder a ella?

En la actualidad, el Estado nacional otorga una pensión a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más, y que además cumplan con una serie de condiciones que acrediten que no tienen otro tipo de ingreso. Técnicamente, el beneficio es por invalidez laboral, no por discapacidad, como se la conoce popularmente.

Entre otros requisitos, los beneficiarios ni sus cónyuges pueden: percibir ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva -es decir que no requiere aportes previos- ni estar empleados bajo relación de dependencia. Tampoco pueden tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar.

El monto mensual de este beneficio hoy es de $ 35.247 de bolsillo (el 70% de una jubilación mínima), que se eleva un 40% para los residentes en el sur del país, debido al adicional por Zona Austral; y lo reciben más de un millón de personas, de acuerdo con datos de la evaluación físico-financiera del presupuesto nacional.

¿Cuál es el conflicto con el Gobierno por las pensiones?

En 2018 el conflicto se inició porque, en su última resolución, la Agencia Nacional de Discapacidad indicó que enviaría una carta a aquellos beneficiarios de la pensión que no cumplirían con todas las condiciones legales establecidas, según determinaron a través de un cruce de datos entre distintas dependencias públicas. Quienes recibieran ese aviso tendrían 10 días hábiles para sacar un turno telefónico en la ANSES para luego completar su trámite en una dependencia, en donde se podría verificar si cumplían con los requerimientos o no.

Inicialmente, las condiciones para el otorgamiento de esta pensión fueron fijadas por el Decreto 432 de 1997 pero no siempre fueron aplicadas de la misma manera.

“En las gestiones anteriores administrativamente se flexibilizaron los requisitos para el otorgamiento de estos beneficios”, indicó a Chequeado Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). A pesar de que la norma no se derogó, la no aplicación del decreto “permitió que la Argentina se alineara con el compromiso de protección de las personas con discapacidades, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que el país firmó en 2008″, agregó Suleiman.

Sin embargo, a partir de la aplicación de los requisitos fijados en el decreto, en 2017 se suspendieron o dieron de baja 93.179 pensiones por invalidez, de las cuales 43.150 fueron rehabilitadas por medidas cautelares. Según explicó la Agencia Nacional de Discapacidad, la diferencia entre las suspendidas y las activadas (más de 50 mil casos) se debe a diferentes motivos, como renuncias al beneficio, el fallecimiento del titular o la elección de otro beneficio de la ANSES como la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) -que equivale al 80% de una jubilación mínima-.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 falló a favor de una denuncia realizada por la REDI. “El fallo indicó que el Estado nacional tiene que devolver las pensiones, que hasta el momento devolvió cautelarmente. Los obligó a dar marcha atrás porque consideró que no hubo debido proceso en la eliminación de las pensiones”, explicó Suleiman. El Gobierno nacional, por su parte, apeló el fallo y la causa sigue en trámite.

¿Qué pasó con estos beneficios durante el kirchnerismo y en lo que va de la gestión de Cambiemos?

Entre 2003 y 2015, según datos oficiales, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de beneficios por discapacidad aumentó notablemente, al pasar de 78.585 a 1.034.743, un incremento de 1.217%.

Entre 2015 y 2019 , durante la gestión de Mauricio Macri, estas pensiones crecieron y volvieron a caer: llegaron a 1.048.092 en 2017 para descender a 1.034.599 en 2019 , según consta en las evaluaciones físico financieras del presupuesto, elaboradas por el Ministerio de Economía de la Nación.

Durante los primeros 2 años de gobierno de Cambiemos, la mayoría de las bajas de las pensiones por invalidez, alrededor de 30 mil pensiones, se debieron a la elección de otro beneficio, como la PUAM. Le siguieron el “presunto fallecimiento” del beneficiario y el hecho de que el titular tenga empleo o un auto modelo 2013/2017. En 2018, por su parte, la mayoría de las bajas se dieron por “presunto fallecimiento”, de acuerdo con datos de la Agencia.

Los cambios en la aplicación de los requisitos para el acceso a la pensión podrían afectar en particular a los menores de edad con discapacidad. Es que la aplicación estricta del decreto de 1997 exige que se determine la invalidez laboral, algo que no puede ser certificado en el caso de los niños y niñas porque legalmente los menores de 16 años no pueden trabajar.

Ante la consulta de Chequeado, desde la Agencia respondieron que “únicamente tenían Certificado Único de Discapacidad 67.451 beneficiarios” de la pensión. En relación al otorgamiento de pensiones a menores de edad durante esta gestión, desde el área de Comunicación del organismo indicaron que “desde enero de 2016 a la fecha se otorgaron 24.284 pensiones a menores de edad”.

Ante la aplicación más estricta de las pensiones por invalidez, quedaría un vacío de protección del Estado para aquellos que no cumplen con todas estas condiciones. La Agencia sostuvo a este medio que “nunca estuvo -ni estará- contemplado en ningún proyecto de esta administración dejar a menores de edad con vulnerabilidad social sin una asignación económica por parte del Estado”.

Por su parte, Gabriela Troiano, ex diputada nacional (Partido Socialista) y ex vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, recordó a Chequeado: “Es importante impulsar la creación de una pensión para personas con discapacidad, al margen de la invalidez laboral, y también exigimos que se cumpla el cupo laboral del 4%, que actualmente se incumple”.

Actualización 12/09/2022: se incorporó la última información pública disponible sobre la cantidad de pensiones por invalidez.