Qué se sabe sobre la visita de los diputados libertarios a represores detenidos en Ezeiza

El 11 de julio último, un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) realizaron una visita al penal de Ezeiza para reunirse con militares y represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Esto originó una controversia al interior de la Cámara baja pero también dentro del bloque oficialista en Diputados.

El martes 28 de agosto estaba prevista una reunión del bloque de La Libertad Avanza en la que se trataría la expulsión de Lourdes Arrieta, una de las diputadas que participó de la visita al penal y que luego publicó en X los chats del grupo de WhatsApp en el que se organizó la visita. Finalmente, Arrieta renunció al bloque antes de ser expulsada y creó su propio monobloque. De esta manera, el bloque de LLA quedará con 37 diputados, mismo número que el PRO. 

En esta nota, repasamos lo que se sabe sobre este episodio y sus posteriores consecuencias.

¿Cuándo ocurrió la visita a Ezeiza y quiénes fueron los protagonistas?

El 11 de julio de 2024, 6 diputados nacionales de La Libertad Avanza acudieron al Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en el partido de Ezeiza. Los asistentes fueron: Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra.

En la foto que se filtró sobre el encuentro aparecen, por el lado de los detenidos, Alfredo Astiz, integrante del Grupo de Tareas de la ESMA y 2 veces condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención (ver acá y acá); Raúl Guglielminetti, ex agente civil de Inteligencia del Ejército y condenado en al menos 3 expedientes (ver acá, acá y acá) por delitos de lesa humanidad; Mario Marcote, ex miembro del Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Santa Fe y condenado en al menos 2 expedientes por crímenes de lesa humanidad; Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda, también condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos en la ESMA.

También aparecen otros condenados por crímenes de lesa humanidad, como Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Julio César Arguello, Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

Proyectos y declaraciones de repudio, y pedido de sanciones

Tras la filtración de la visita, distintos bloques legislativos alzaron la voz contra este encuentro. Se presentaron al menos 4 proyectos de resolución para expresar repudio por la visita: uno presentado por diputados mendocinos de Unión por la Patria; otro, por diputados del Frente de Izquierda; otro del bloque de Unión por la Patria; y un último presentado por diputados de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Además, diputados de Unión por la Patria, del FIT y la propia Lourdes Arrieta, que formó parte de la visita, solicitaron crear una Comisión Especial dentro de la Cámara de Diputados para investigar los hechos. Gisela Marziotta (Unión por la Patria), por su parte, presentó 2 proyectos: uno para que los 6 diputados sean excluidos de la cámara “en razón de sus actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”, y otro para que se los suspenda hasta que se resuelva su situación.

El 20 de agosto último la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Silvia Lospenatto (PRO), comenzó a tratar los proyectos para crear una Comisión Especial de investigación. 

Allí, Arrieta señaló: “Fuimos invitados un grupo de diputados a una visita que revestía carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos. Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas, tampoco se nos dio a conocer cuáles eran las condenas. Nosotros creímos en la institucionalidad de la Cámara de Diputados porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados que iban en su carácter de legisladores a conocer las instalaciones del penal y las condiciones sanitarias”.

Y agregó: “Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se llevara a cabo o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros, tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem”. Y concluyó: “No me voy a subir a una combi sin un tipo de aval político”. 

Los chats, las reuniones previas y la organización de la visita

Hace algunos días comenzó a circular la versión de que Arrieta sería expulsada del bloque de La Libertad Avanza. La tensión se profundizó el miércoles, luego de una reunión de bloque en la que hubo gritos y forcejeos y tras la cual Arrieta denunció al diputado Nicolás Mayoraz por violencia de género. 

En ese contexto, Arrieta publicó el fin de semana en su cuenta de X capturas de los chats de un grupo de WhatsApp mediante el cual se organizó la visita al penal de Ezeiza. El grupo fue creado con el fin de organizar una “comida informal” con el padre Javier Olivera Ravasi, hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad.

Según las capturas, el grupo lo integraban: los 6 diputados que participaron de la visita y otros 8 diputados del bloque; María Laura Olea, un ex funcionaria de la Cámara Federal de Casación Penal que actualmente integra una agrupación de abogados que patrocina a militares en causas de lesa humanidad; Eduardo Riggi, ex juez de Casación; el abogado Ricardo Saint Jean, hijo del ex interventor de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura; y Edgardo Frola y Enrique Munilla, ex funcionarios en la intervención de Saint Jean.

Según Arrieta, y las capturas publicadas, Olea envía al grupo 2 proyectos de ley para “regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal; y un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad”. Luego, se coordina un primer almuerzo entre los integrantes del grupo, que ocurrió en marzo.

Tras el almuerzo, detalla Arrieta, se crea un segundo grupo llamado “Proyecto decreto”. Allí se coordina  una nueva reunión en abril y un zoom en mayo. Y, por último, el grupo “Visita”, creado tras la visita al penal de Ezeiza, en el que debaten sobre qué hacer frente a la difusión de las noticias y las imágenes del encuentro con militares el 11 de julio. 

Los presuntos proyectos de ley elaborados que beneficiarán a represores

Al día siguiente de publicar los chats en X, Arrieta publicó los proyectos de ley presuntamente redactados por este grupo y el decreto reglamentario. Uno de los proyectos de ley reforma el Código Penal e incorpora una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurridos 20 años desde el momento en que el Estado toma conocimiento de un delito, sin que se hubiese llegado a sentencia. El proyecto se titula “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. 

El presunto decreto reglamentario, por su parte, sostiene que, independientemente del criterio de cada tribunal, se fija en 25 años “el plazo máximo de duración de un proceso penal. Vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción”. En su artículo 2, agrega: “El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus 3 Poderes”. 

Y el artículo 3 aclara que esta garantía de juzgamiento en plazo razonable no operará en favor de quienes estén prófugos de la Justicia o hayan sido declarados en rebeldía. 

Actualización 28/08/2024: la nota fue actualizada tras la renuncia de Lourdes Arrieta al bloque de La Libertad Avanza.