Qué se sabe sobre los desalojos en el marco de la pandemia

El 31 de marzo último, venció la última prórroga del decreto que ordenaba, entre otras medidas, la suspensión de los desalojos de inquilinos por falta de pago en todo el territorio nacional. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitaron, sin éxito, una nueva extensión de este congelamiento y alertaron sobre desalojos inminentes. Pero, ¿qué dicen los datos?

“Lo primero que hay que entender es que, por un lado, están los desalojos civiles, que tramitan ante juzgados civiles, donde cada provincia tiene su propia jurisdicción. Después están los procesos penales, como por ejemplo las usurpaciones, donde también se producen desalojos. Y, por último, los procesos colectivos donde se desaloja a más de una persona”, explicó a Chequeado Guillermina Greco, abogada del programa de Derecho a la Ciudad de ACIJ.

En marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/20 que suspendía “la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles (…) siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación”. El decreto, que también extendía los contratos vigentes y daba la posibilidad de congelar el precio de los alquileres a valores vigentes, fue prorrogado en 2 oportunidades y finalmente expiró a finales de marzo de este año.

Para Greco, resulta difícil saber cuántos desalojos se produjeron -tanto durante la vigencia de la medida como luego de su vencimiento- por la gran informalidad no solo de los contratos (a pesar de la obligación de inscribir los nuevos acuerdos ante la AFIP) sino también de las propias expulsiones. “Muchos de los desalojos se producen en circunstancias no legales, lo que los vuelve muy difícil de registrar”, explicó.

En diálogo con Chequeado, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, confirmó que no existen cifras oficiales sobre el número de personas desalojadas de una vivienda durante la pandemia.

El mejor dato posible son estadísticas que la presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Nación, la jueza Marcela Perez Pardo, compartió con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sobre juicios iniciados de desalojos. Estas cifras, a las que este medio tuvo acceso, refieren a procesos iniciados en la Justicia y no a expulsiones efectivas. “Es lo único que hemos podido recabar hasta el momento”, manifestó el funcionario.

Juicios de desalojo iniciados en la Argentina. Período 2013-2021.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat basado en datos de la Cámara Civil y Comercial de la Nación, 2021

Los datos permiten observar que en 2020, con la irrupción de la pandemia, la apertura de nuevos procesos judiciales por desalojos cayó a menos de la mitad, un fenómeno que también alcanzó a aquellos juicios que se iniciaron por falta de pago o vencimiento del contrato (expulsiones protegidas por el decreto 320/20, marcadas en amarillo).

La información parcial para 2021 muestra que en plena pandemia también continuaron abriéndose procesos judiciales vinculados a desalojos por diferentes causas, incluyendo las que el decreto protegía hasta el 31 de marzo. 

De todas formas, la información no está desagregada por provincia ni incluye el dato, crucial, sobre el número de personas efectivamente desalojadas durante la pandemia. Chequeado hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer si algún área del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuenta con esta información, pero al momento de publicar esta nota no recibió respuesta.

“El Poder Judicial es el que tiene que brindar esta estadística. Ya le hemos transmitido por distintas vías nuestra preocupación por la falta de datos, pero hasta que ellos no los produzcan ni los puedan ordenar no tendremos estadísticas fidedignas”, dijo Scatolini.

Luna Miguens, coordinadora del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, aseguró que -a partir del vencimiento de la última prórroga- la Clínica Jurídica de la organización que integra “registró un aumento de la demanda de asesoramiento ante inminentes desalojos por parte de inquilines endeudades que se encuentran en una situación crítica económica y social”.

Además, explicó que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sobre procesos judiciales en trámite en Ciudad de Buenos Aires, “entre el mes de febrero y marzo del año en curso se iniciaron 366 juicios de desalojo para la desocupación de viviendas” que se suman a 1.400 procesos de desalojos iniciados a partir de agosto de 2020 “y los juicios que ya se habían iniciado con el deterioro de las condiciones económicas del país” en 2018 (3.300 expedientes) y 2019 (3.500 expedientes). 

“Muchos de estos procesos de los años 2018 al 2020 tienen sentencias de desalojos que pueden comenzar a ejecutarse a partir del vencimiento del DNU 320/20”, advirtió Miguens.

El mediano plazo

De cara al vencimiento del DNU, el CELS y ACIJ habían solicitado al Gobierno nacional que prorrogue la suspensión de desalojos mientras dure la emergencia por la pandemia (ver acá y acá). El Ministerio de Desarrollo Territorial rechazó esa posibilidad y anunció en su lugar la creación de un protocolo de alerta temprana de desalojos que busca, por un lado, sistematizar la información existente sobre mediaciones y desalojos y, por el otro, articular “posibles soluciones con los organismos ejecutores de vivienda en las provincias”. 

La decisión se apoya, a su vez, en la Resolución N° 88/2021 del ministerio que llama a celebrar convenios con diferentes organismos “con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo”. En abril, por ejemplo, su cartera firmó un convenio con el Ministerio de Justicia que busca evitar desalojos a través de una mediación previa obligatoria entre locadores y locatarios.

Desde el CELS, Miguens celebró que “por primera vez existen políticas públicas a nivel nacional orientadas específicamente a otorgar una solución habitacional a la población inquilina”, pero advirtió que las medidas tendientes a identificar cada caso de desalojo en particular “resultan tardías ya que no es posible pensar en la efectividad de un protocolo de alerta temprana sin suspender, prorrogar o postergar alguna de las etapas de los procesos judiciales de desalojos”, como la ejecución de sentencias o la notificación de resoluciones.

Por último, explicó Miguens, el protocolo comprende únicamente a los contratos formales a los que define como aquellos contratos de alquiler de inmuebles declarados ante la AFIP. “Esta definición excluye a todos los contratos de locación firmados antes de la entrada en vigencia de la ley 27.551, es decir a partir de julio de 2020. Esta cuestión, consideramos, debe ser modificada, e incluir a todos los contratos, con o sin inscripción en la AFIP”, aseguró.

Mientras tanto, sostuvo la especialista, el Ministerio podría solicitar mayor información sobre las condiciones en las que los inquilinos acceden a un contrato realizando trabajos de cooperación para conocer el mercado en detalle.

Este mes, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, dijo que la AFIP cuenta con apenas 193 mil alquileres registrados sobre un universo “de cerca de 4 millones” según cifras de asociaciones de inquilinos.

El 27 de mayo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó el pedido de una medida cautelar para suspender los desalojos presentada por la organización Inquilinos Agrupados. Para Lavié Pico, el demandante “no ha logrado acreditar la existencia de un peligro particularizado en la demora”, por lo que la causa seguirá su curso hacia el dictado de la sentencia definitiva del amparo.

“La decisión sobre la cautelar está alejada de esta realidad, al punto que ni siquiera menciona al virus. Llega con más de 40 días de demora, desde la virtualidad en momentos en donde quienes están con sentencias de desalojo ni siquiera pueden circular para buscar un alquiler. Vamos a apelarla, mientras esperamos que el Juzgado en lo inmediato resuelva el amparo”, explicó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.