Radiografía de la medicina prepaga en la Argentina

Última actualización: 04/09/2023

En estos días, tanto el Gobierno nacional como las empresas de medicina privada debaten sobre cómo se aplicarán los próximos aumentos de las cuotas de las prepagas. Pero, ¿a cuántas personas afectan estas medidas? 

El sistema sanitario argentino actualmente está dividido en 3 grandes subsectores: el sector público, al que pueden acceder todas las personas que viven en el país; la seguridad social obligatoria, en donde se encuentran las obras sociales; y el sector privado, en donde operan las prepagas. 

Si bien el sistema público no tiene barreras de ingreso para cualquier persona que habite en la Argentina, se estima que es utilizado por el 36% de la población; entre ellos beneficiarios de programas estatales de salud, como Sumar e Incluir, o personas que no cuentan con otro tipo de cobertura.

Este porcentaje representa a 16,5 millones de personas, de acuerdo con un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base a una estimación a 2021 sobre la base del Censo 2010.

El sector de la seguridad social, en tanto, abarca al 61% de la población, al incluir a los trabajadores formales del país y a sus familiares directos; y a los jubilados a través del PAMI.

Por último, el 14% de la población cuenta con servicios de medicina privada, ya sea mediante el contrato directo de empresas privadas con los beneficiarios como también a través de la derivación de aportes y contribuciones de la seguridad social. 

Los porcentajes mencionados superan el total de la población porque se solapan “múltiples coberturas (seguridad social provincial y nacional, o seguridad social y privado) a causa de la escasa articulación entre subsistemas”, aclara el informe de la OPC que calcula que alrededor de 4,9 millones de personas son parte de más de un sector de la salud. 

Cómo se distribuyen los afiliados

Las más de 6 millones de personas que cuentan con cobertura privada de salud no se encuentran distribuidas igualitariamente en todo el país. Las jurisdicciones que cuentan con una mayor porcentaje de la población afiliada a empresas de medicina prepaga son la Ciudad de Buenos Aires (45,5%), Tierra del Fuego (16,9%) y la Provincia de Buenos Aires (15,1%).

Mientras tanto, Formosa (2,1%), Santiago del Estero (2,2%), Chaco (2,8%), Jujuy (3,5%), Misiones (3,6%), La Rioja (3,7%) y Corrientes (3,8%) no llegan al 4% de su población asociada a la medicina privada.

Lo que conocemos popularmente como “prepaga” puede tratarse de distintos tipos de entidades, de acuerdo con la Ley 26.682 que regula la actividad.

Pueden ser sociedades comerciales (Swiss Medical, Galeno, OMINT, Medicus y Paramedic son las que tienen más afiliados), obras sociales con planes superadores (OSDE y Accord), cooperativas (ACA Salud), mutuales (Sancor Salud y Federada Salud), asociaciones civiles (Medifé y Hospital Italiano) y fundaciones (Fundación Médica Mar del Plata).

La mayor proporción de asociados se concentran en las sociedades comerciales (39,3%), los planes superadores de obras sociales (36,2%) y las mutuales (11,6%). Swiss Medical, Galeno, OSDE y Sancor Salud son las principales empresas de cada categoría en cuanto a cantidad de afiliados, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La presencia del sector privado es más amplia si se lo analiza como prestador de servicios. 

“Si tomamos hospitales, sanatorios, consultorios particulares, la prestación privada es responsable del 60 o el 50% de la oferta de servicios. Es que las obras sociales sindicales, las provinciales, el PAMI incluso; en su mayoría no tienen prestadores propios, entonces contratan prestadores privados”, explicó a Chequeado Daniel Maceira, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) especializado en economía de la salud.

“Esta oferta privada va creciendo porque hay una demanda de más tecnología y, además, los hospitales públicos no crecen a la misma velocidad que aumenta la población”, agregó el especialista.

Consultado por este medio, el economista e investigador del Conicet, Oscar Cetrángolo, consideró que el sistema de salud privado se vio afectado por la desregulación de la seguridad social y las mejoras tecnológicas en el campo de la salud. 

“El sistema de seguridad social nunca fue ni muy eficiente ni muy equitativo pero en la década de los ‘90 pegó un salto importante con la desregulación”, explicó Cetrángolo. Entre otras modificaciones, se abrió la posibilidad de que “una persona que hace un aporte a la seguridad social se lo pueda llevar como parte de pago de un plan privado. Es decir, algo que tiene un componente distributivo en su naturaleza terminó siendo la obligación de tener un seguro”, agregó.

Además, el economista destacó que “la salud se ha hecho más compleja en las últimas décadas” y, ante la “aparición de nuevos tratamientos, nuevas demandas”, hay “sectores de la sociedad que prefieren estos sistemas que le dan más cobertura”.

Los conflictos en el sector

En noviembre último, el Gobierno nacional estableció que a partir de febrero de 2023 y por 18 meses, el aumento de las cuotas de las prepagas tendrá como tope máximo el 90% del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes anterior. 

Esta medida afecta a los titulares de prepagas que tengan ingresos netos inferiores a 6 salarios mínimos vitales y móviles ($ 708.000 en septiembre). Para acceder a este beneficio, los afiliados deberán presentar una declaración jurada ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Tras la devaluación del 22% definida por el Gobierno después de las elecciones PASO 2023, el Gobierno acordó con las empresas de medicina prepaga un congelamiento de las cuotas durante 90 días para aquellas familias con ingresos inferiores a $ 2 millones brutos mensuales (es decir, el monto percibido antes de los descuentos).

Las prestadoras, nucleadas en la Unión Argentina de Salud, informaron que la medida comenzará a aplicarse a partir del mes de octubre, dado que al momento del acuerdo ya se había facturado la cuota del mes de septiembre, con los aumentos previstos para ese mes.

Los usuarios deberán solicitar el congelamiento de las cuotas a través de un trámite realizado ante la Superintendencia de Servicios de Salud, ante quien deberán declarar y justificar sus ingresos.

La medida original también dispuso que las empresas de medicina privada deben ofrecer planes de cobertura 25% más baratos que incluyan la posibilidad de copago por ciertas prácticas. “De este modo, se otorga la posibilidad, a quienes tienen una menor tasa de uso, de acceder a un plan más económico”, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Para Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FEMSA) e integrante de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las entidades de medicina privada, “la pandemia generó que se visualizaran los problemas del sistema de salud, la falta de financiamiento y de recursos económicos financieros para solventar los nuevos y permanentes aumentos de los costos de la salud”.

Pivetta señaló a Chequeado que, debido a estos problemas de financiamiento del sector, “el que termina teniendo las consecuencias muchas veces es el honorario del profesional médico” y que también “se resiente la calidad del servicio”; es decir, que las personas no son atendidas “en tiempo y forma de acuerdo a sus patologías”. 

Para Maceira, por su parte, el sector se encuentra en “transición con un reacomodamiento de la estrategia” y, ante los desafíos de financiamiento y de las nuevas tecnologías, las empresas están definiendo “el nivel de riesgo que están interesados en afrontar”.

Actualización 04/09/2023: Se actualizó la nota agregando el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las prestadoras para congelar el valor de las cuotas durante 90 días.