Se usan menos de 500 tobilleras electrónicas de Nación en casos de violencia de género

Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 10.700 denuncias por violencia de género en 2017 (último dato disponible), en su mayoría mujeres que necesitan ser protegidas de varones violentos. El Estado tiene diferente herramientas para hacerlo:

-Las restricciones perimetrales, un papel que le prohíbe al agresor acercarse a la casa de la víctima y que puede también ser acompañado por otras medidas;
-El botón antipánico, que la mujer tiene que activar cuando advierte el peligro para alertar a la policía;
-La protección policial, en el que se monta una custodia en su casa y
-La tobillera electrónica, una herramienta que permite monitorear que el agresor no se acerque a la víctima. El GPS que tiene la tobillera le da a las autoridades la localización y un dispositivo más sencillo que tiene la víctima permite ver que no se acerquen. De hacerlo, la policía puede actuar sin que la víctima tenga que advertirlo.

De acuerdo con los datos de la Corte Suprema sobre femicidios, estos dispositivos fallan. En 2017, al menos 13 mujeres tenían medidas de protección en el momento que fueron asesinadas, en cuatro las medidas estaban vencidas, y en uno, la víctima había pedido protección pero la Justicia no se la otorgó. En la gran mayoría de los casos no se sabe si había medidas previas.

La tobillera electrónica, que aun es poco utilizada en el país, tiene sus ventajas. “Es un cambio de paradigma en el que es el Estado el que se hace cargo de proteger a la mujer, ya que monitorea dónde está el agresor en relación a ella. Con el botón antipánico, en cambio, sigue siendo responsabilidad de la mujer, que tiene que ver el peligro y activarlo; y en el caso de la consigna policial, la mujer no puede salir segura de su casa”, explicó a Chequeado Agustina Señorans, subsecretaria de Promoción Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno nacional está implementándolas a través del Ministerio de Justicia, quien compra los dispositivos y los entrega en las provincias que deciden usar el sistema. Unas pocas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían programas antes del plan nacional. Se trata, además, de una de las medidas previstas en el Plan para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Hasta el momento se utilizaron las tobilleras del plan nacional en 428 causas judiciales. Las provincias de Córdoba y Mendoza son las que lo aplicaron en un mayor número de casos, 124 y 117, respectivamente, de acuerdo con los datos entregados a Chequeado por el Ministerio de Justicia, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Se trata de números relativamente bajos en comparación con la cantidad de denuncias y otras medidas preventivas que se adoptan. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se utilizaron a febrero de 2019 48 tobilleras de las 66 que entregó el Gobierno nacional, mientras que hay 4.497 botones antipánico entregados, de acuerdo con los datos del Gobierno de la Ciudad.

“No en todos los casos se puede usar una tobillera y es diferente del caso de los botones -aclaró Señorans y agregó- Hay casos en el que se le puede entregar un botón a una mujer de manera preventiva sin una orden judicial, incluso antes de que se haga la denuncia. La tobillera, en cambio, es para casos graves de mucho peligro”. Señorans detalló que “puede funcionar como alternativa a la prisión preventiva o cuando la Oficina de Violencia Doméstica considera que hay un riesgo alto”.

Un problema para implementar la tobillera es que el agresor tiene que presentarse en la Justicia. Y, dado que hay casos en los que la persona está prófuga, es imposible implementar este sistema y la protección de la mujer tiene que asegurarse de otra forma.

Ese no es el único obstáculo para su implementación. Hay también reticencia de algunos jueces a usar este sistema. “Lamentablemente los jueces son reticentes a utilizar las tobilleras en general, y especialmente en los casos de violencia de género. Muchas veces prefieren detener a la persona durante algunos días, lo cual no resuelve el problema porque salen después sin la tobillera”, explicó a este medio Eva Asprella, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló en radio La Red que “muchas veces la Justicia no accede a colocar la pulsera a los violentos porque dice que los estigmatizan”.

Desde el Gobierno nacional afirman que la prioridad es que las provincias adhieran al plan e implementen el sistema. “Logramos que 18 provincias adhieran al programa y hay 15 que ya empezaron a usar tobilleras electrónicas, mientras que otras tres están en proceso de implementarlas”, señaló a Chequeado Guido Valenti, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, que aclaró que tienen 1.925 dispositivos para entregar, de los cuales hasta el momento distribuyeron 600.

Valenti detalló que se trata de una inversión inicial, ya que el Gobierno nacional provee las tobilleras, pero las provincias tienen que armar los centros de monitoreo para que el sistema funcione, pero a largo plazo puede ser más eficaz para la protección de las víctimas y además más económico.

“La tobillera puede reemplazar a una consigna policial, para la que se tiene que destinar parte del personal para estar ante la casa de la víctima, y puede también ser una medida alternativa a la prisión preventiva, con lo cual se ahorra una plaza carcelaria”, concluyó.