Si bien no lo dijo públicamente, la denuncia de Carrió por la Sputnik V contra el Gobierno habla de “envenenamiento”

En las últimas semanas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y varios funcionarios del oficialismo (ver acá y acá) señalaron en reiteradas ocasiones que desde la oposición se los acusó de querer envenenar a la población a través de la aplicación de la Sputnik V, la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia. 

El tema volvió en las últimas horas a las redes sociales (ver acá y acá) porque el Presidente volvió a hablar del tema: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”. 

La referencia apunta principalmente a la ex diputada nacional Elisa Carrió, quien en diciembre último presentó una denuncia penal contra Fernández vinculada con la compra de vacunas provenientes de Rusia. Desde entonces, tanto funcionarios como medios de comunicación refieren a este hecho como una denuncia por “envenenamiento”. Sin embargo, el 25 de mayo, en una nota publicada por el diario La Nación, Carrió aseguró: “Jamás dije que la Sputnik envenenaba”. 

Si bien la líder de la Coalición Cívica no manifestó públicamente que la vacuna proveniente de Rusia fuera veneno, en diciembre de 2020 presentó una denuncia penal contra el Presidente en la que lo acusa, entre otros delitos, por uno que pena el envenenamiento.

Qué dice la denuncia

Chequeado accedió al texto completo de la presentación judicial, cuya autenticidad fue confirmada a este medio por el equipo de Comunicación de la líder de la Coalición Cívica. La denuncia fue presentada el 23 de diciembre último por Carrió en conjunto con los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade, Juan Manuel López y Mariana Stilman. La causa cayó en el Juzgado Federal N° 12, que subroga el juez Sebastián Casanello.

El texto apunta contra el Ejecutivo nacional, a cargo del presidente Fernández, contra el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y “contra cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V, quienes podrían estar incursos en la posible comisión de los delitos de atentado contra la salud pública; defraudación al Estado e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público”.

En esa línea, y de acuerdo con los estudios sobre la vacuna que se encontraban disponibles en ese momento, el texto argumenta que es “una operación comercial sin precedentes, redireccionada a un oferente cuyo producto no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”. Además, lo define como una “amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública de los argentinos que deban acceder a su aplicación”.

De esta manera, uno de los tantos fundamentos jurídicos que se citan para sostener la denuncia es el artículo 200 del Código Penal de la Nación, al que define como “el más ilustrativo en esta tendencia”. Este fragmento del Código pena con prisión de 3 a 10 años al que “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”. 

Así, el texto firmado por Carrió indica: “En este ejemplo, se protege al individuo, antes que se perjudique o envenene, a través de la ingesta de sustancias dañinas, tipificando acciones que no son lesivas en forma concreta, adelantando el momento punitivo, aplicándose claramente a etapas del iter criminis”.

Además, en el párrafo siguiente menciona en 2 oportunidades el término “envenenamiento” en referencia a una cita de la Cámara de Casación sobre el artículo 89 del Código Penal: “El envenenamiento, la contaminación o la adulteración se realizan de un modo peligroso para la salud así entendida, no sólo si pueden producir, si agravan o prolongan enfermedades; sino también si pueden causar otros deterioros corporales o fisiológicos incluidos los que tienen como consecuencia eliminar el equilibrio que constituye el bienestar de los individuos, aunque más no sea temporalmente (ej. estados de cansancio o nauseosos). Asimismo, se trata de un delito de peligro abstracto derivado del grado del envenenamiento, contaminación o adulteración”.

En febrero último, el fiscal federal Guillermo Marijuán desestimó la denuncia presentada por Carrió y sus pares.

Qué dijo Carrió públicamente

Días antes de la presentación de la denuncia, Carrió fue entrevistada por el periodista Luis Majul en “La Cornisa”, su programa de La Nación+, en donde no declaró explícitamente que la vacuna Sputnik V sea “veneno”. 

Sin embargo, se refirió a la potencial aplicación de la vacuna de origen ruso para el segmento sociodemográfico de los mayores de 60 años o personas con enfermedades preexistentes e indicó: “Si [Vladimir] Putin no se la pone es porque es peligrosa”. Y agregó: “Además, como no tiene las garantías internacionales, es un peligro”.

El argumento de Carrió se basó en la falta de información sobre la seguridad y eficacia de la Sputnik V al momento de brindar la entrevista. 

Un día después de la presentación de la denuncia, el 24 de diciembre de 2020, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó el informe sobre la vacuna en el que sostiene: “La información disponible en el corte preliminar muestra seguridad y una eficacia en un rango mayor al aceptable, así como también indica que no se han presentados eventos adversos graves, ni falta o menor efectividad en los diferentes grupos etarios para los cuales está indicada actualmente”.

Finalmente, el 2 de febrero de 2021 -más de 1 mes después de las declaraciones de Carrió- fueron publicados en la revista médica The Lancet los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de fase III de la vacuna Sputnik V. Los datos muestran que un régimen de 2 dosis ofrece una eficacia del 91,6% contra la COVID-19 y que no se han detectado efectos adversos graves entre los vacunados, como explica Chequeado en esta nota.

Hace un mes, Carrió volvió a referirse a este tema: “Cuando me pronuncié en diciembre, la vacuna Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60 años, por eso a fines de enero se vacunan el Presidente y la Vicepresidenta. Dije que no tenía autorización. Jamás dije que la Sputnik envenenaba, dije que yo no tenía confianza y no la sigo teniendo, por eso no me la puse, estoy esperando la de AstraZeneca”.

Y agregó: “Quería hacer un acto de repudio personal. Dije que la vacuna se la podían poner después de enero y que no lo iba a hacer porque tengo riesgo de vida. Era una protesta personal por el envenenamiento de opositores en Rusia, pero siempre lo aclaré”.

Sin embargo, la denuncia penal que ella presentó junto a otros diputados sí utiliza  la palabra “envenenamiento” y pide que se lo investigue al Presidente y parte de su gabinete por un delito que pena el envenenamiento.

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