Subsidios para coronavirus: qué pasó con el caso Golombek y qué dice la Ley de Ética Pública

El domingo por la noche, en el primer programa de Periodismo Para Todos (PPT) del año, el periodista Jorge Lanata se refirió a una convocatoria lanzada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (también conocida como Agencia I+D+i), que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. El llamado apuntaba a financiar investigaciones relacionadas con el coronavirus. Luego, el conductor se refirió a la participación del biólogo Diego Golombek, titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, en uno de los proyectos seleccionados.

“Destinaron un proyecto de US$ 5 millones, con el objetivo de financiar propuestas con un máximo de US$ 100 mil cada una. (…) Los beneficiados, en general, o son funcionarios, ahora te voy a mostrar, o son muy afines y militantes del gobierno. Encontramos, por ejemplo, uno de los ganadores es Diego Golombek. Golombek está en la Universidad de Quilmes. Le dan plata para investigar los ‘desafíos cronobiológicos asociados al aislamiento social’. Golombek por supuesto tiene simpatía por el Gobierno, pero aparte de tener simpatía lo integra”, apuntó Lanata al aire. Por último, se preguntó: “¿Está bien que gane un concurso organizado por el Gobierno un funcionario del Gobierno?”.

Tras las palabras del periodista, Golombek hizo su descargo en Twitter: “Me dicen que Lanata afirma que ‘cobro un premio de US$ 100 mil del estado’. No es un premio: es un subsidio de investigación COVID-19 por alrededor de US$ 10 mil, a cuya dirección renuncié hace rato y asumió otra investigadora Conicet”, en referencia a la investigadora del Conicet, María Leone, quien efectivamente asumió su lugar luego de que fuera preseleccionado.

Qué es la Agencia I+D+i y por qué destinó dinero para este proyecto

La Agencia I+D+i es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nacional que dirige Roberto Salvarezza y este año reemplazó a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).

El organismo promueve la investigación científica y dispone “de fondos del Tesoro Nacional, de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del recupero del financiamiento reembolsable y provenientes de convenios de cooperación con organismos o instituciones nacionales e internacionales”, según consigna en la página web oficial.

A raíz de la pandemia, este año se llamó a una convocatoria extraordinaria para presentar proyectos relacionados con el diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados con COVID-19.

Cuántos fondos se asignaron y cómo fue el proceso de selección

Según se consigna en las bases de la convocatoria, la Agencia I+D+i “destinará hasta la suma en pesos equivalente a US$ 5 millones para el conjunto de los proyectos que resulten seleccionados en la presente convocatoria” y un máximo de US$ 100 mil para cada proyecto. Como esa cifra es un máximo, según consta en la lista de los proyectos adjudicados numerosas investigaciones cuentan con un presupuesto asignado bastante menor a ese número -algunos casos superan los $16 millones, unos US$ 228 mil, porque son varios proyectos asociados-, y el monto total a financiar que se consigna en la lista es de $ 244.648.293: lo que equivale al dólar oficial del 4 de junio, US$ 3.494.976.

A la convocatoria, que se abrió el 27 de marzo y cerró el 10 de abril último, se presentaron más de 900 proyectos, de los cuales quedaron seleccionados sólo 64, y se presentaron todos investigadores asociados a una institución, ya sea universidades, institutos nacionales u hospitales.

“Muchos de los 900 tenían problemas básicos de admisibilidad. Por ejemplo, no se encuadraban en los parámetros de las bases: no tenían cómo demostrar que habían tenido otros proyectos acreditados en una institución de Ciencia y Tecnología, o directamente pedían más fondos que los ofrecidos, o no eran sobre COVID-19”, explicó a Chequeado Fernando Peirano, presidente de la Agencia. Los aspectos legales, señaló Peirano, se evalúan luego de la preselección y se emite un dictamen.

Caso Golombek

Diego Golombek fue designado el 10 de diciembre de 2019 como director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, y es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde dirige el laboratorio de Cronobiología, e investigador principal del Conicet (con licencia sin goce de sueldo). En marzo se presentó a la convocatoria de la Agencia I+D+i como director de la idea-proyecto “Desafíos cronobiológicos asociados al aislamiento social” propuesto por dicha universidad, aunque el 17 de mayo último –10 días antes de la emisión del programa de PPT- renunció al cargo.

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“Nos presentamos a este proyecto con muchas otras instituciones a la convocatoria de ideas de proyectos. Cuando fue pre-seleccionada nuestra idea, para evitar cualquier confusión o problema, me bajé de la dirección y del equipo responsable, me quedé como colaborador y después se presentó el proyecto final que es el que evaluó y adjudicó el Directorio con otra directora, y el monto fue siempre de $ 800 mil [N. de R.: al cambio oficial de hoy, unos US$ 11.400]”, explicó a Chequeado Golombek.

Así lo explica la Agencia en un comunicado que publicó luego de la polémica. Tanto el monto estipulado para el proyecto, como el nombre de la nueva directora, María Leone, aparecen en la lista de proyectos definitivos en la convocatoria.

Además, Golombek explicó por qué cree que lo dijo Lanata fue un malentendido: “Se dio a entender que esta es plata individual cuando un subsidio de investigación es para una institución beneficiaria, en este caso, la Universidad Nacional de Quilmes, y no para los investigadores en sí mismos. El dinero lo usamos para comprar insumos y servicios de terceros relacionados con la investigación. En la etapa de evaluación final del proyecto, no sólo no era director sino que no era parte del grupo responsable”.

En la misma línea, la Agencia aclaró en su comunicado: “Conviene resaltar que las adjudicaciones no son a personas sino a instituciones, quienes tutelan que los equipos de investigación cumplan con las pautas y aplicación de fondos según reglamentos. Entre otras reglas, los fondos recibidos no pueden utilizarse como sueldos de los investigadores, sino que tienen como destino atender los gastos derivados de la generación de información científica, la relación de ensayos de laboratorio y la producción de material académico”.

Qué dice la Ley de Ética Pública

En el apartado “incompatibilidades y conflictos de intereses” de la Ley de Ética Pública no se hace mención a este tipo de casos. Sin embargo, la ley “fija ciertos estándares y principios éticos generales, como son la probidad, la honestidad, la buena fe, que se tienen que cumplir. Los conflictos de intereses, independientemente de lo que está establecido en la norma, no dejan de ser situaciones en donde el interés personal puede ir en contra del interés público”, explicó a Chequeado Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano.

En esa línea, el especialista planteó: “Antes de presentarse se debería haber hecho la consulta a la Oficina Anticorrupción (OA), como organismo de aplicación de la ley para ver si efectivamente había un conflicto de interés real y potencial, y que la OA hubiera recomendado qué hacer y no hacer”. Ante la consulta de Chequeado, desde la OA afirmaron que ni el investigador ni la Agencia hicieron “una consulta formal y concreta sobre el caso”.

“Ahora bien -agregó Emanuele-, el caso es muy complejo porque son subsidios para investigación. No se está beneficiando económicamente directamente si es investigador del proyecto”.

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