Tras ser detenido, López no fue expulsado del Parlasur: ¿qué fue lo que pasó?

A pesar de que todos los bloques argentinos apoyaban su expulsión, el Parlamento del Mercosur no pudo remover el último martes al ex secretario de Obras Públicas José López, que fue detenido hace una semana mientras intentaba esconder casi US$ 9 millones en un Monasterio en General Rodríguez. ¿Qué fue lo que pasó?

Hasta el día de la sesión, habían ingresado cuatro proyectos en el Parlasur para solicitar la expulsión o suspensión de López. Uno de ellos fue presentado por la representante de Cambiemos Mariana Zuvic el 14 de junio, día en que López fue detenido por la Policía Bonaerense; otro por el parlamentario Julio Sotelo, del Frente para la Victoria (FpV); y existían además otros dos pedidos del Frente Unidos por una Nueva Argentina y de la Unión Cívica Radical (UCR), que forma parte del bloque Cambiemos.

Todas las iniciativas sobre López apelaban al artículo 30 del Reglamento Interno del Parlasur, que dispone que el plenario, por mayoría especial, podrá amonestar o excluir a un parlamentario “por falta de decoro en el ejercicio de sus funciones”. Para expulsar o suspender a López hacían falta 92 votos sobre un total de 139 parladiputados.

Zuvic, en su escrito, afirmó “que la ‘falta de decoro’ no requiere sentencia judicial firme. Es un motivo de juzgamiento político por parte del Parlasur en resguardo de su propia función representativa y de su prestigio”. En una entrevista previa a la sesión, además, había afirmado que la remoción de López “es muy posible: el reglamento habla de ‘falta de decoro’, y esto que ocurrió ya ha superado esa figura”.

En la sesión del martes, sin embargo, parte del bloque Cambiemos del Parlasur (Zuvic, Claudio Romero y Fabián Rodríguez Simón) y sus aliados regionales del bloque Integración Democrática se abstuvieron de votar la expulsión de López.

Rodríguez Simón, parlamentario de Cambiemos, explicó que con la propuesta debatida ayer no se estaba respetando el proceso de remoción. Zuvic dio el mismo argumento, explicando que por no respetarse el debido proceso, la remoción “podría ser declarada nula más adelante” y agregó que el kirchnerismo había montado “un show mediático” porque sabían que no tenían quórum.

Otro proyecto de expulsión fue presentado por Alberto Asseff, del Frente Renovador. Según la parlamentaria massista Fernanda Gil Lozano, el argumento de los legisladores de Cambiemos no es válido: “Rodríguez Simón dijo que se debía respetar el debido proceso y que tenía que haber dictamen de Comisión. Eso no es cierto porque el artículo 30 del reglamento nos permite expulsar al señor López con mayoría calificada”, señaló Gil Lozano, y agregó que llevando el proyecto a Comisión la expulsión podría demorar hasta dos meses.

La iniciativa por la expulsión de López tuvo el apoyo de 78 parlamentarios, 14 menos de los necesarios para llegar a los dos tercios del Parlamento. Las abstenciones obedecieron a sólo un sector del bloque Cambiemos. Los radicales que integran el bloque de Cambiemos en el Parlasur apoyaron la remoción e incluso presentaron un proyecto propio.

“No alcanzamos los votos para expulsar a López del Parlasur por por los votos del PRO y sus aliados de Brasil y Uruguay”, señaló Gabriel Fidel, parlamentario mendocino de la UCR que firmó uno de los proyectos de remoción contra López. En el mismo sentido se expresó la parlamentaria radical María Luisa Storani.

Vale la pena aclarar, de todos modos, que la suspensión o expulsión de López es un tema más simbólico que práctico; con efecto político, aunque no jurídico en este caso. “Que el ex secretario de Obras Públicas esté o no en el Parlasur es completamente irrelevante para el proceso judicial que se está desarrollando en la Argentina”, señaló Hernán Gullco, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Según el artículo 12 del Protocolo Constitutivo del Parlasur y el artículo 16 del reglamento interno, “los parlamentarios no podrán ser juzgados, civil o penalmente (…) en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones”. Esto quiere decir, concluyó Gullco, que “sirve para que no puedan ser molestados por lo que dicen” pero no cuentan con “inmunidad de arresto”, como sí ocurre con los diputados y senadores nacionales.