#VacunaGate: ¿hay razones legales válidas para no transparentar la lista completa de vacunados?

Luego que se revelara la vacunación irregular de funcionarios, empresarios, políticos y otras personalidades en el Ministerio de Salud de la Nación y el Hospital Posadas, Ginés González García renunció a su cargo y Carla Vizzotti, hasta entonces secretaria de Acceso a la Salud, asumió como ministra de Salud de la Nación.

El lunes último se dio a conocer el listado de personas que fueron vacunadas a pedido del Ministerio de Salud en el Hospital Posadas y en la sede ministerial. Además, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) trabaja en la creación de un sistema que permita transparentar qué se considera “personal estratégico”. Por otro lado, el Gobierno anunció que creará un listado público de funcionarios considerados “estratégicos” que reciban la vacuna.

¿Qué dice la ley vigente sobre la transparencia de las campañas de vacunación?

La llamada “ley de vacunas” se sancionó en 2018 y tiene entre sus principales impulsores al diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos), médico y ex ministro de Salud de Tucumán. La ley se sancionó con el objetivo de “regular la implementación de una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación”.

El artículo 16 de la norma establece: “Créase el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital en el que se deben asentar nominalmente los datos del estado de vacunación de cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones y subsistemas de salud”.

Ese artículo fue pensado inicialmente como “un registro para evaluar coberturas y evaluar obligatoriedad”, según explicó Yedlin a Chequeado, pero nunca fue reglamentado. Según señaló el diputado nacional, el registro no fue diseñado inicialmente como método para transparentar la información, “pero al no estar reglamentado se podría revisar”.

¿Es posible actualmente saber el nombre de todas las personas vacunadas?

No, ya que, si bien este registro existe, no es público. Vizzotti señaló que la Argentina “tiene un registro nominal de vacunados y un sistema de monitoreo de insumos” y que lo que se buscará de ahora en más es, entre otras cosas, transparentar la nómina de inoculados.

En lo inmediato, lo que se hizo público esta semana es el listado de personas que se vacunaron contra la COVID-19 en el Hospital Posadas, uno de los pocos centros de salud que dependen de Nación y donde se habrían realizado algunas de las inoculaciones de manera irregular. También se hicieron públicas las aplicaciones realizadas por un equipo médico de este hospital en la sede del Ministerio de Salud. Las investigaciones judiciales en curso apuntan a las vacunaciones realizadas en ambos lugares.

En ese listado de aplicaciones realizadas en el Posadas y en el Ministerio figuran el presidente Alberto Fernández y una larga lista de ministros, funcionarios, asesores y empresarios. Además, aparece el periodista Horacio Verbitsky, que fue quien dio a conocer su caso, y otras figuras de la política, como el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa, Hilda González, y sus hijas.

Además, el Gobierno nacional anunció que se creará un listado público de todas las personas consideradas “estratégicas” por ocupar cargos públicos y que reciban la vacuna. El listado, anunció el ministerio, se actualizará periódicamente.

¿Se podrá acceder a la nómina total de personas vacunadas?

En principio, no. O habrá, quizás, un acceso parcial al listado. “Hay una Ley de Protección de Datos Personales (N. de la R: en referencia a la Ley 25.326) que no permite hacer una lista de las 760 mil personas que efectivamente se vacunaron. Lo que estamos haciendo es generar un circuito y la publicación de eso para que se pueda acceder libremente. Se está trabajando en un consentimiento informado de los tomadores de decisión para que se puedan publicar oficialmente los nombres”, señaló Vizzotti.

La ley señalada por la flamante ministra para no informar la lista completa de vacunados define a los “datos sensibles” así: “Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.

Pablo Palazzi, abogado y socio de Allende y Brea, explicó a Chequeado que la información respecto de la vacunación “no es un dato sensible, pero es un dato de salud”, y agregó: “Se deberían publicar los datos de la gente que se vacunó sin derecho, pues es un tema de interés público, un uso arbitrario de los recursos del Estado. Si la persona se arriesgó a hacer algo que no debía, no puede usar la Ley de Protección de Datos Personales como excusa para tapar su violación a la ley, que además perjudica a mucha gente que realmente necesita la vacuna”.

“Yo creo que la información sobre vacunación es un ‘dato sensible’ por ser información relativa a salud. La ley no distingue entre el procesamiento arbitrario o discriminatorio y otro procesamiento al momento de calificar la información como ‘dato sensible’. Si es información relativa al estado de salud, es un ‘dato sensible’”, señaló a este medio Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión (CELE), que depende de la Universidad de Palermo.

Y agregó: “Habiendo dicho esto, creo que como todo derecho tiene excepciones y toca contemplar el interés público que reviste la información en vista del escándalo que esto supone en materia de corrupción. Y ahí yo distinguiría entre el registro total de los vacunados y la lista de los vacunados ‘vip’. Sobre la primera creería que es más difícil aplicarle una excepción. Sobre la segunda lista, la de vacunados ‘vip’, creo que la excepción de interés público y acceso a la información adquiere otro color”.

Sobre esto también se pronunció la Agencia de Acceso a la Información Pública, que comunicó una serie de criterios sobre la publicidad de los datos. Sobre los vacunados en general, sostuvo que se pueden publicar datos como el sexo o la fecha de vacunación, pero no información que permita identificar a la persona (nombre o DNI). Sin embargo, sostuvo que se pueden publicar los datos cuando la persona da su consentimiento.

Respecto de los funcionarios vacunados por ser considerados “personal estratégico”, la Agencia sostuvo que la información debe ser “considerada pública”, ya que “cuentan con menor expectativa de privacidad que el resto”, “la compra de vacunas fue realizada con fondos públicos” y “la ciudadanía debe poder controlar a quién el Estado argentino considera ‘personal estratégico’”.

Por último, se refirió a quienes se vacunaron de manera irregular y no respetaron el cronograma oficial. El organismo avaló la publicación de sus datos: “El interés público en conocer quiénes accedieron de manera irregular a un bien, por el momento escaso, es superior al potencial daño individual que pudiera tener la persona involucrada”.

Chequeado realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer la nómina íntegra de funcionarios, legisladores y otros puestos relevantes que se hayan vacunado por ser considerado “personal estratégico”, una figura vaga y cuya definición aún no fue explicada. La Conain trabaja actualmente en transparentar ese término.

Lo que también está en juego es la Ley de Derechos de los Pacientes, que sostiene que “la información sanitaria sólo podrá ser brindada a terceras personas, con autorización del paciente”.

Las ONG especializadas -Cippec, ACIJ, Info Ciudadana y Poder Ciudadano-, solicitaron al Ministerio de Salud de la Nación que brinde información detallada y transparente sobre el plan de vacunación, sobre las partidas de vacunas recibidas, sobre el listado completo de funcionarios vacunados y los centros de vacunación habilitados.

Amnistía Internacional, por su parte, realizó un pedido de información al Ministerio de Salud de la Nación para que dé a conocer detalles sobre la distribución, los criterios de asignación y aplicación de dosis en todo el país.

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