#VacunaGate: la ley argentina no prevé sanciones específicas, pero los hechos se investigan porque podrían encuadrar en otros delitos

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que “no hay ningún tipo penal en la Argentina” que sancione la vacunación irregular de funcionarios, empresarios y otras personalidades realizada en el Ministerio de Salud de la Nación y en el Hospital Posadas, y que se conoció por el relato del periodista Horacio Verbitsky, uno de los implicados en el hecho.

Sin embargo, si bien es cierto que no existe una legislación que contemple esa situación específica, el hecho podría investigarse y encuadrarse bajo diferentes figuras legales, según indicaron a Chequeado especialistas consultados por el “#VacunaGate”.

Durante una conferencia de prensa que compartió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Fernández señaló: “No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente”.

“He leído que han hecho una denuncia. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con las payasadas: les pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben”, indicó Fernández, que es abogado.

El #VacunaGate

El escándalo por la aplicación irregular de vacunas se destapó a raíz de las declaraciones del director del sitio El Cohete a la Luna y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Verbitsky contó por radio que fue vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud de la Nación luego de pedírselo a González García, quien -según narró el periodista- gestionó la presencia de un equipo de vacunadores del Hospital Posadas en la sede ministerial para cumplir con la tarea. Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, también confirmó que se vacunó en el mismo lugar.

El hecho derivó en la renuncia de González García y su reemplazo por la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. El lunes último, en tanto, el Gobierno publicó un listado con los nombres de 70 personas que habían recibido la vacuna en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, no está claro si esa lista está completa. Chequeado hizo un pedido de acceso a la información pública para confirmarlo.

¿Qué delitos podrían haberse cometido?

Como señaló Fernández, no existe una legislación especial o tipo penal que contemple específicamente la situación de las vacunas aplicadas en forma irregular, por no cumplir por el orden de prioridad establecido en el protocolo del propio Ministerio de Salud de la Nación. No obstante, especialistas consideraron que podría investigarse bajo el tipo penal de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “negociaciones incompatibles con la función pública” o por la violación del artículo 205 del Código Penal de la Nación, que establece sanciones para quienes violen las medidas dispuestas “para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

El abogado especialista en Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez señaló a este medio que el hecho de que una persona saltee el orden de prioridades para la vacunación “no estuvo contemplado en la legislación” vigente sobre vacunación, pero que debería investigarse si el ex ministro facilitó esta situación y violó alguna ley o resolución a través de la cual se haya establecido un cronograma de vacunación específico.

El ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y ex diputado nacional, Manuel Garrido, aseguró que la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público -contemplada en el artículo 248 del Código Penal– tipifica una actuación “en contra de una Constitución o de una ley”, y sostuvo que el cronograma de vacunación no tiene esa fuerza legal. “De acuerdo al texto del Código Penal me parece difícil sostener su tipicidad”, indicó. No obstante, Garrido consideró que “lo que más se le parece son las ‘negociaciones incompatibles con la función pública’, pero la interpretación doctrinaria y jurisprudencial limitan su aplicación a contratos y otros actos con contenido patrimonial”.

También aseguró que podría evaluarse un incumplimiento del artículo 205 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Denuncias e investigación

Tras las declaraciones de Verbitsky, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia para que se investigue el accionar de González García y del periodista. Y señaló que los hechos “resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, que castiga al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere’”.

Con la de Marijuan ya se presentaron 13 denuncias contra González García y otros funcionarios del Gobierno nacional, de las cuales 5 quedaron en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y subrogante del Juzgado Federal N° 6. En tanto, otras 2 quedaron en manos del Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo; 3 en el Juzgado Federal N° 7 (Sebastián Casanello); y 3 en el Juzgado Federal N° 8 (Marcelo Martínez de Giorgi).

El lunes último el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a González García y a su ex jefe de Gabinete Lisandro Bonelli y ordenó allanamientos en el Ministerio de Salud de la Nación y en el Hospital Posadas, para obtener información de las personas que ingresaron a ambas dependencias entre el 1 y el 19 de febrero últimos.

Si querés estar mejor informado sobre el coronavirus, entra a nuestro especial.