A 6 meses de la aprobación de la legalización del aborto, la Justicia rechazó la mayoría de las demandas en su contra

El Congreso sancionó hace 6 meses la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde entonces, la mayoría de las acciones legales presentadas en su contra fueron rechazadas por la Justicia, de acuerdo con un relevamiento de la ONG Amnistía Internacional.

Hasta el 30 de junio último, se presentaron 32 demandas en contra de la legalización del aborto. De ese total, en 28 oportunidades se buscó declarar la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales, en otras 3 demandaron penal y civilmente a los responsables de la aprobación de la norma y, en al menos una oportunidad, se intentó impedir que una mujer accediera a la práctica. En este último caso, no tuvieron éxito en su propósito.

De acuerdo con el análisis del capítulo local de la ONG internacional, en 17 oportunidades se demandó al Estado nacional y en 10, a los Estados provinciales. En el caso restante, no se identificó una contraparte.

Del total de las demandas, al menos 16 fueron consideradas inadmisibles, y en 3 de estos casos las decisiones judiciales están firmes. En tanto, otras 3 medidas cautelares fueron rechazadas y sus efectos están suspendidos; y al menos 3 acciones se encuentran paralizadas hace meses

Sobre los casos restantes, desde Amnistía explicaron a Chequeado que hay causas que no fueron rechazadas pero que no se activan por parte de quien tiene la carga de la prueba, que es quien hizo la denuncia. Por ejemplo, cuando el/la juez/a pide más información y/o algunos requisitos extra, no recibe respuesta y la causa no avanza.

Además, en las justicias provinciales, en muchos casos la información de las causas no es de fácil acceso para el público en general a través de las páginas oficiales; se pueden requerir usuarios específicos y, por ende, esos datos no están reflejados en el relevamiento.

Amnistía destacó que en zonas alejadas de centros urbanos no hay servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, ni personal capacitado para asistir y atender. Además, registró fallas, como falta de campañas de difusión hasta la ausencia de “datos actualizados que permitan hacer un diagnóstico de los desafíos de la implementación de la ley en todo el país”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que desde la aplicación de la ley capacitó a más de 1.500 profesionales de la salud, inició el proceso de compra de 100 mil tratamientos y conformó un equipo de asesoramiento jurídico para atender a las 24 jurisdicciones del país.

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