Intendentes oficialistas y opositores hacen propaganda propia en bienes públicos. ¿Qué dice la ley al respecto?

En los últimos días se conocieron en redes sociales varias fotos de vehículos o edificios públicos ploteados con nombres de diferentes intendentes que utilizan los recursos del Estado para hacer propaganda propia. ¿Qué dice la ley al respecto?

Según el calendario electoral oficial, las elecciones legislativas serán el 13 de agosto pero varios jefes comunales decidieron adelantarse y estamparles su nombre a patrulleros y ambulancias, entre otros mobiliarios públicos, para mostrar su gestión. Así, los intendentes de La Matanza y Moreno, Verónica Magario y Walter Festa (Frente para la Victoria), plotearon a fines de 2016 y principios de este año los móviles policiales que patrullan los municipios que gobiernan. Magario, además, estampó el año pasado su nombre en un hospital móvil de la Secretaría de Salud municipal. El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (Frente para la Victoria), hizo lo mismo con camiones de la intendencia y las ambulancias del SAME.

Sin embargo, no se trata de una práctica específica de un solo partido político. En marzo último, por ejemplo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri (Cambiemos), puso su nombre y apellido en un banderín que acompañaba las acciones de vacunación de animales del municipio. La misma Dirección de Zoonosis municipal publicó en Facebook una foto del móvil quirúrgico para tal fin en el que también aparecen los datos de Macri. En 2015, además, le había puesto su nombre a motos de la patrulla de Vicente López. Tampoco es algo reciente: los ex gobernadores de la Provincia, Carlos Ruckauf y Daniel Scioli, también hicieron publicidad propia con recursos estatales.

A nivel nacional, según la Ley de Ética Pública, los funcionarios están obligados a “proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”; y, además, a “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”.

“La ley dice que los bienes del Estado no son patrimonio particular de los funcionarios, estén o no en campaña, y por lo tanto no los tienen que utilizar con fines privados, ni partidarios”, concluyó en un chequeo anterior Delia Ferreira Rubio, especialista en temas de transparencia y electorales y miembro de la organización Transparency International, respecto del anuncio que hizo en 2015 el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de su compañero de fórmula en Casa de Gobierno y del lanzamiento de la fórmula Macri-Michetti que hizo también ese año el hoy Presidente durante la inauguración de un tramo de la autopista Illia.