Según ONG especializadas, el candidato a dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública no tiene antecedentes suficientes

El Gobierno nacional propuso a Gustavo Fuertes para reemplazar a Eduardo Bertoni -quien presentó su renuncia al cargo el 19 de octubre de 2020 pese a tener mandato hasta 2022- como director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. Lo hizo mediante la Resolución 100/2021, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y publicada el miércoles último en el Boletín Oficial. Pero, ¿quién es el candidato del Poder Ejecutivo y cuáles son los cuestionamientos?

De acuerdo con la resolución oficial, Fuertes es abogado y “cuenta con la idoneidad suficiente para el desempeño del cargo referido”. Egresó de la Universidad Nacional de La Plata y, en la actualidad, es asesor legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Se desempeñó en diversos cargos públicos vinculados con la defensa de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, coordinó la implementación de programas nacionales en la Provincia de Buenos Aires, tales como Precios Cuidados, Ahora 12, ProCreAuto y HOG.AR.

¿Por qué es postulante? Porque la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, establece un procedimiento de selección del director que incluye la celebración de una audiencia pública para evaluar las observaciones que se realicen.

Cuestionamientos

“En principio el candidato no muestra ninguna experiencia en la materia. #Transparencia”, señaló en Twitter la organización Poder Ciudadano, que resaltó al respecto que “la Ley de Acceso a la Información estipula que sobre el candidato ‘deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función’”.

“Como sociedad tenemos que insistir en que no se designe en un cargo tan crítico a una persona sin conocimiento en los temas que involucra el acceso a la información pública. De ello depende la #transparencia en los asuntos públicos”, sostuvo la organización.

En el mismo sentido, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresó su preocupación por “la falta de antecedentes relevantes del candidato, necesarios para demostrar su vinculación y compromiso con el derecho de acceso a la información pública”.

La organización subrayó que el candidato, “si bien cuenta con diversos antecedentes en el sector público, no muestra una trayectoria asociada a estas temáticas”.

Tanto Poder Ciudadano como la ACIJ subrayaron que la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada durante el gobierno de Cambiemos, “fue un hito de suma trascendencia que consagró mecanismos para asegurar el cumplimiento de este derecho”, como “la creación de agencias de control autónomas de los poderes del Estado” y que “fue un logro de la sociedad civil luego de más de 15 años de trabajo”.