En Argentina quedan menos de 250 yaguaretés y, pese a la protección legal, casi todas las causas por caza o tráfico ilegal se archivan

La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) –de la que se perdió rastro el 25 de octubre de 2025– volvió a poner en evidencia la fragilidad extrema de la especie en Argentina. Mientras sigue su búsqueda (aunque, presumen, murió por la acción de cazadores), la Administración de Parques Nacionales valuó el daño ambiental causado por la pérdida de este solo espécimen en casi $ 2.700 millones y la Justicia analiza una recompensa para avanzar con la investigación. 

El caso, en tanto, reabrió una pregunta: si matar un yaguareté es un delito, ¿por qué el sistema penal rara vez logra una condena? Una investigación periodística del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reconstruye los expedientes del yaguareté a partir de un pedido de acceso a la información pública y de múltiples fuentes relacionadas con el tema.

La única excepción a la impunidad -y el único antecedente conocido en nuestro país- ocurrió en agosto de 2025, cuando 4 hombres fueron condenados a 2 años de prisión por cazar y carnear a un felino en un campo de Ibarreta (Formosa). Se trata de Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. 

Según relataron, actuaron en represalia después de que el animal matara una vaca lechera y se acercara de forma amenazante. En el juicio admitieron el hecho y negaron ser cazadores furtivos. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea. Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo Cisneros, días antes, en un reportaje con Infobae. En Argentina, según datos de la ONG Fundación Vida Silvestre, quedan menos de 250 yaguaretés.

3 de cada 10 causas son sobre el delito de caza y casi la mitad terminó archivada

Fue un episodio aislado. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), la fiscalía federal creada en 2006 para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país, abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. Desde la Red Yaguareté, ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino, sin embargo, aseguran que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que muchos otros hechos nunca llegaron a judicializarse.

Un análisis del recorrido judicial de esos expedientes muestra que la caza se concentra en el norte del país -con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza-, mientras que la comercialización de pieles aparece en provincia de Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado. 

Otro dato relevante: 3 de cada 10 causas son sobre el delito de caza y casi la mitad terminó archivada. Los motivos: falta de pruebas; dificultad para identificar a los responsables; versiones contradictorias sobre el hecho o prescripción por el paso del tiempo. Los pocos casos donde hubo sanción -al menos 2 por tenencia de cueros- fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la Justicia Federal.

Según el fiscal Ramiro González, titular de la UFIMA, desde la creación del organismo hace casi 2 décadas el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, dijo a FOPEA en esta investigación.

La trastienda judicial de los delitos ambientales

De acuerdo con González, la mayoría de las investigaciones por presuntas caza de yaguareté o tenencia de cuero del animal se inician a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté, que aportan información clave. 

Si bien el auge de las redes sociales facilitó la detección de casos (muchas personas comercializan especies o suben fotos de caza a Facebook a modo de “trofeo”) no siempre es sencillo dar con los responsables. 

“Los usuarios suelen operar con nombres de fantasía y solo se puede requerir información mediante un oficio judicial firmado por un juez”, dice el fiscal. Con plataformas locales, como Mercado Libre, el panorama mejoró: tras la implementación de filtros automáticos, ya no se registran publicaciones vinculadas a fauna silvestre y, en los pocos casos detectados, la empresa colabora con la Justicia para identificar a los involucrados.

Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. “No hay un tiempo estimado: intentamos judicializar los casos lo antes posible, pero para ello es necesario contar con una denuncia sólida que contenga suficientes elementos probatorios”, dice González. 

Las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes. “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”, dice el fiscal.

Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González.

¿En qué medida la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA. 

Según González, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos ambientales al Código Penal; crear juzgados especializados, y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye.

Dónde denunciar delitos vinculados a fauna silvestre

Cualquier persona puede reportar hechos vinculados a la caza, tenencia o tráfico de fauna silvestre ante la UFIMA. Las denuncias pueden realizarse por correo electrónico a [email protected], por teléfono al (011) 7092-6373/74/75, o personalmente en Diagonal Norte 1190, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires. Es importante incluir la mayor cantidad de datos posibles -lugar, fecha, fotografías o nombres- y también se puede solicitar hacerlo con reserva de identidad.

Esta nota es una síntesis de una investigación periodística elaborada en el marco del programa “Data Journalism Visualization Bootcamp” de FOPEA y coordinada por Irene Benito. El programa recibió el apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina.