Las estafas digitales también llegan con la desinformación

Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina” financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Ecuador Chequea y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

En Ecuador, donde miles de personas viven atrapadas entre deudas, mora y un acceso cada vez más restringido a créditos formales, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la desesperación. Allí, en la franja infinita de videos y publicaciones que prometen oportunidades financieras rápidas, se despliega un ecosistema de engaños que mezcla desinformación, manipulación emocional y estructuras que imitan profesionalismo sin serlo.

Detrás de esas ofertas, que van desde “créditos inmediatos sin garante” hasta ingresos “rápidos y fáciles”, opera una maquinaria silenciosa que aprovecha la necesidad, el apuro y la poca educación financiera. Ecuador no es una excepción: este tipo de estructuras funcionan en toda la región y han convertido a algunos países en verdaderos centros de operación de campañas engañosas.

El rostro humano de las estafas: relatos de quienes buscaban una salida

Edison* recuerda el instante –hace seis meses– en el que creyó haber encontrado la solución que buscaba. Llevaba algunas semanas sin trabajo y arrastraba dos deudas que superaban los diez mil dólares. “Ya no dormía”, cuenta.

En medio de la desesperación y tras buscar trabajo sin éxito, un día apareció la publicación perfecta en Facebook: una empresa ofrecía consolidación de deudas, intereses bajos y ningún requisito complejo. Había un número de WhatsApp, una oficina física y un “asesor” que lo acompañaría durante el proceso. Edison reunió los documentos, envió copias de su cédula, papeleta de votación y planilla de servicios. Todo parecía legítimo.

Hasta que llegó el requisito final: un depósito de 500 dólares como garantía. Se lo pidieron antes de la reunión presencial. Él confió. Depositó. Y el silencio comenzó.

“No volvieron a contestar. Ni mensajes ni llamadas. Nada”, dice. Perder ese dinero lo hundió más: llegó a una depresión que duró meses, consiguió trabajos temporales y terminó refinanciando sus deudas con los bancos. Aunque hoy ha logrado estabilizarse, asegura que aún siente vergüenza de contar lo que ocurrió. “Uno cree que no le va a pasar. Pero cuando estás desesperado, ves lo que quieres ver.

Algo similar le ocurrió a Paola Aguilar, que también cayó en una oferta de crédito que circulaba en redes. Le prometieron un préstamo de 2.000 dólares. Le pidieron 200 dólares como “costo administrativo”. Pagó. Y nunca más recibió una respuesta.
La historia de Fernanda Dávila es distinta, pero forma parte del mismo ecosistema. Ella no buscaba crédito: buscaba un ingreso extra. Vio un video en TikTok que ofrecía pago por dar “me gusta” a productos de marcas como Shein o Amazon. Después la enviaron a Telegram. Allí comenzó el proceso.

Primero, un depósito “de prueba”: dos dólares al cumplir una tarea. Luego, tareas que exigían enviar dinero para “simular compras” y recibir retornos más altos. En un inicio le devolvieron montos pequeños: 15, 20, hasta 70 dólares. La confianza creció.

El golpe vino después. Le asignaron nuevas tareas, esta vez con montos de 100, 200 y hasta 400 dólares. Cuando dijo que no podía pagar más, le indicaron que sus fondos estaban “congelados” y que solo podría recuperarlos si completaba todas las etapas. En los chats aparecían supuestos usuarios mostrando comprobantes de pagos exitosos de 600 y 700 dólares. Era parte del método para presionarla.

Fernanda perdió su dinero. Días después, la volvieron a contactar: “Pide prestado, terminas la última tarea y te devuelven todo”. No aceptó.

Un universo de ofertas engañosas

Entender cómo funcionan estas estafas implica seguirles el rastro dentro de las propias redes donde nacen. Eso hizo Ecuador Chequea al sumergirse en TikTok y rastrear durante meses los videos que prometen créditos inmediatos, préstamos “sin buró” y oportunidades financieras que parecen hechas a la medida de la desesperación. Lo que apareció no fue un conjunto de casos aislados, sino un ecosistema que crece y se sostiene en el tiempo.

Entre enero de 2022 y el 19 de noviembre de 2025, aparecieron más de 4.500 registros, que, una vez depurados, dejaron 719 videos únicos publicados por 156 cuentas distintas.

En conjunto, ese universo supera los 145 millones de reproducciones. Son cifras que no pasan desapercibidas: casi 5 millones de “me gusta”, más de 920.000 compartidos y alrededor de 221.000 comentarios demuestran que el contenido engancha, circula y encuentra audiencia.

No todas las cuentas tienen miles de seguidores. Muchas, de hecho, apenas superan el millar. Pero hay perfiles que han logrado consolidar comunidades enteras alrededor del discurso del crédito fácil: algunos superan los 100.000 seguidores, sin verificación ni información clara sobre quién está detrás de ellos.

En sus biografías abundan las palabras “créditos”, “dinero rápido”, “préstamos sin buró” y números de teléfono que redirigen a WhatsApp. Varias publicaciones replican diseños y tipografías que imitan a medios de comunicación, una estrategia que suma un barniz de credibilidad y convence a quienes buscan una alternativa financiera inmediata.

Ecuador Chequea también constató que algunas de estas cuentas están vinculadas a empresas legalmente constituidas, pero no autorizadas para otorgar créditos. Ese es el caso de sociedades como Credialianza y Multicredit, inscritas como Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) en la Superintendencia de Compañías, pero sin registro en la Superintendencia de Bancos ni en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Ambas superintendencias, según el Código Monetario, son las únicas facultadas para autorizar actividades crediticias. Fuera de ese marco, cualquier empresa que ofrezca préstamos opera en ilegalidad o en un vacío que expone a los usuarios a estafas, usura y otros riesgos.

La experta en temas financieros, Cathie Carpio, explica que estas estructuras suelen aprovecharse de personas con calificaciones bajas en el buró de crédito. “Las cuotas ‘bajitas’ que ofrecen son un engaño. Juegan con la percepción de facilidad, pero esconden intereses prohibidos por la ley y plazos que no explican”.

Carpio también advierte sobre métodos de cobranza extrajudicial altamente agresivos y sobre los riesgos de compartir información personal con empresas que no están obligadas a reportar actividades sospechosas a la UAFE. En casos donde sí entregan dinero, señala que podría haber riesgos de lavado de activos.

Una tendencia regional: cómo la desinformación potencia las estafas financieras

En otros países de la región este fenómeno ha evolucionado hacia estructuras aún más complejas y profesionalizadas. Un ejemplo es la investigación publicada por Búsqueda de Uruguay, donde se expuso cómo varias plataformas de inversión operaban desde oficinas reales en Montevideo, ocultando su ubicación y utilizando campañas de desinformación altamente elaboradas para captar víctimas en distintos países de América Latina.

Lo que reveló la investigación uruguaya es que detrás de estas plataformas no había asesores financieros ni expertos, sino brokers sin autorización, con nombres y perfiles falsos, entrenados para manipular emocionalmente a los usuarios. Funcionaban desde espacios como el World Trade Center, utilizaban direcciones IP uruguayas para encubrir contratos con empresas extranjeras y reclutaban clientes mediante anuncios engañosos donde aparecían figuras públicas recomendando supuestas oportunidades de inversión. 

Uno de los hallazgos más inquietantes fue que estos brokers no aceptan clientes uruguayos. No por altruismo, sino por estrategia: “donde se come no se caga”, dijo un gerente a un extrabajador, al explicar que evitar víctimas locales reducía la posibilidad de investigaciones internas o sanciones regulatorias. Esto permite operar con un bajo perfil dentro del país, mientras captan usuarios en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México, donde las estafas alcanzan montos mucho mayores que los que se suelen ver en Ecuador.

Las similitudes con lo que ocurre en plataformas ecuatorianas no están en la escala, sino en el mecanismo: la desinformación como herramienta central para legitimar el engaño. En ambos países, las redes sociales funcionan a la vez como canal de difusión y como disfraz: la estética de medios confiables (a través de usurpación de imagen gráfica de entidades o empresas confiables), los logos inventados, las supuestas recomendaciones de expertos o celebridades y los testimonios prefabricados cumplen el papel de crear credibilidad instantánea que se mezcla con la ilusión de veracidad, pues una vez que aparece el primer anuncio, el feed del usuario se llena de ofertas similares.

Ecuador aún no registra esquemas del tamaño de los investigados en Uruguay, donde se han identificado al menos diez plataformas que funcionaron o siguen funcionando con empleados formados internamente, campañas de captación diseñadas por “afiliados” y rutas financieras opacas. 

Sin embargo, el crecimiento sostenido de los contenidos engañosos en TikTok y Facebook, la presencia de oficinas físicas que no están autorizadas para actividades crediticias y la aparición de empresas que operan fuera de la supervisión de la Superintendencia muestran un camino que debe observarse con atención. Como demostró el caso uruguayo, estas estructuras no surgen de un día para otro: primero aparecen como pequeñas ofertas aisladas; después, ocupan espacios más amplios y replican exactamente las mismas tácticas que primero parecían inofensivas.

Incrementan las estafas, pese a advertencias

Las estafas digitales no son casos aislados. Según datos de la Fiscalía General del Estado, solo en 2024 se registraron 25.085 denuncias por estafas digitales y delitos conexos. Diez años antes, el número era de 14.600.

Desde 2021 la curva no ha dejado de subir. Aunque las autoridades publican periódicamente listas de entidades no autorizadas, estos centros del engaño se renuevan con la misma velocidad con que surgen nuevas modalidades de captar víctimas.

El fenómeno opera gracias a una mezcla peligrosa: necesidades económicas que se profundizan, plataformas digitales que privilegian viralidad sobre veracidad, y vacíos regulatorios que permiten que muchas de estas cuentas funcionen sin control.
Las autoridades ecuatorianas conocen desde hace años la presencia de empresas y personas que ofrecen créditos sin autorización y, aunque las alertas existen, no siempre logran seguirle el ritmo a la velocidad con la que estas modalidades se multiplican.

La Superintendencia de Bancos ha advertido que ninguna persona natural ni empresa que no forme parte del sistema financiero regulado puede ofrecer préstamos, captar dinero del público o manejar actividades exclusivas de la banca. La base legal es el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero ecuatoriano, que prohíbe estas operaciones sin autorización.

Solo en 2025, la superintendencia había identificado más de medio centenar de entidades no autorizadas operando bajo distintas figuras jurídicas, un número que muestra que el fenómeno no es marginal y que el registro debe actualizarse continuamente porque aparecen nuevos nombres con frecuencia.

En materia de prevención de lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) también ha emitido comunicados recientes. La entidad ha fortalecido controles junto al Servicio de Rentas Internas y ha ampliado la lista de sectores que deben reportar operaciones inusuales. Aunque no existe, al menos públicamente, un documento que aborde de forma específica a “prestamistas no regulados”, la UAFE ha incluido en sus tipologías riesgos vinculados a actividades que operan sin supervisión y que podrían servir como vehículos para mover fondos de origen ilícito, especialmente cuando manejan efectivo o depósitos recurrentes provenientes de personas sin relación comercial verificable.

Respecto a las plataformas, las políticas no siempre son transparentes ni responden a particularidades locales. Meta, por ejemplo, exige que los anunciantes que promocionan productos financieros tengan licencia válida en el país donde operan. La compañía, además, prohíbe anuncios que promuevan servicios financieros asociados a prácticas engañosas. En el caso de TikTok, no existe una guía pública específica sobre créditos o préstamos informales, aunque la plataforma sí regula globalmente la publicidad de servicios financieros y aplica restricciones para anuncios considerados de alto riesgo.

La eficacia de estas advertencias choca con la realidad de plataformas que permiten abrir cuentas en segundos, técnicas de marketing que se replican con velocidad y usuarios que, ante la urgencia económica, se exponen a estafas que no siempre logran ser detectadas a tiempo.

Para quienes caen, las consecuencias no terminan con la pérdida del dinero. La vergüenza, el deterioro de la salud mental y el reforzamiento de ciclos de endeudamiento son parte de las secuelas silenciosas que dejan estas redes. Muchos prefieren no denunciar, porque incluso la búsqueda de justicia implicaría procesos extensos, defensa legal y, por ende, más dinero.
En Ecuador, la desesperación se ha vuelto una oportunidad para quienes saben explotarla.

*Nombre protegido

*Esta investigación es parte de “Los Desinformantes”, una serie de investigaciones sobre diferentes actores que desinforman en la región que realiza LatamChequea, la red de chequeadores latinoamericanos. Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina” coordinado por Chequeado y financiado por la Unión Europea, su contenido es responsabilidad exclusiva de Ecuador Chequea y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.