Un mapa de datos para predecir la existencia de fosas clandestinas en México

La hija de Luis Octavio Cotero desapareció en julio de 2018 y su familia, igual que sucede con los más de 70 mil casos no resueltos en todo el territorio mexicano, no ha vuelto a saber de ella. Este caso particular solo salió a la luz dos meses después, cuando en septiembre de ese mismo año, el propio Luis Octavio se lo contó a los medios nacionales e internacionales que lo rodeaban y acosaban en medio del escándalo no por la desaparición de su hija, sino por su despido como encargado de la morgue en el Estado de Jalisco.

Cotero fue cesado de su puesto en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por haber alquilado dos camiones de carga y metido ahí, de manera clandestina, cientos de cadáveres que no habían sido reclamados y que ya no cabían en el depósito de la dependencia. Uno de esos vehículos, de grandes proporciones y con sistema de refrigeración interna para ralentizar la descomposición de los cuerpos, fue abandonado en una colonia de la periferia de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, y solo fue descubierto cuando los vecinos se quejaron por el fétido olor que despedía esta enorme carroza de la muerte.

El padre de una muchacha desaparecida y que también es funcionario de la Fiscalía que debe indagar las desapariciones y las muertes violentas, dijo haber participado en la desesperada decisión de dejar abandonados en un predio del extrarradio, cientos de cadáveres humanos, porque llevaba ya dos años advirtiendo a sus superiores que la morgue había rebasado su capacidad, debido al tenaz incremento de cuerpos sin vida y sin destino que llegaban hasta el depósito. Y esta historia, no es, ni de lejos, el único caso de inverosímil negligencia y burocracia estatal que convierte en titánica la labor de miles de familias que deambulan por todo México buscando a sus familiares desaparecidos.

¿En dónde están? ¿Quién se los llevó y por qué? Hace años que en México ninguna autoridad parece tener respuesta a estas dolorosas interrogantes y mientras tanto, la suma violenta parece no tener fin, pues tan solo en el primer semestre de este 2020, más de 17 mil personas han sido asesinadas y más de 2 mil fueron reportadas como desaparecidas. La vergonzosa deuda hacia sus ciudadanos involucra a varios gobiernos mexicanos, porque desde hace años, la cotidiana desaparición de personas de todas las edades y sexos, así como el hallazgo —hasta hoy— de 3.900 fosas clandestinas regadas por todo el territorio nacional, son un recordatorio constante de que “nuestros desaparecidos” constituyen una tragedia de proporciones difícilmente medible hasta la fecha.

Ciencia de datos para mapear la crueldad en fosas

Para empezar a entender el enorme cementerio que se oculta en el país, se necesitó del machine learning y el trabajo de la academia y de la sociedad civil, después de que gobiernos de todas las ideologías ignoraran la voz de las familias de esos desaparecidos y su derecho a ser buscados.

“Cuando nos decidimos a hacer este modelo, el gobierno no tenía ningún reconocimiento sistematizado sobre las fosas clandestinas en México, al menos no en términos de narrativa organizada (…) así que nuestra idea fue usar la ciencia de datos para elaborar un mapa, una guía, que pudiera orientar al gobierno para saber dónde hacer las búsquedas de las miles de personas desaparecidas”, dice en entrevista con Chequeado Mónica Meltis, actual directora de “Data Cívica”, una muy sui generis organización de la sociedad civil especializada en el oro actual: los datos, enfocados a los derechos humanos y la ética social.

México tiene una nada honrosa historia y larga experiencia de ese terrible fenómeno llamado “desaparición forzada”, sin embargo, la crisis de Derechos Humanos por la que atraviesa actualmente el país, a partir del inicio de la así denominada “guerra contra el narcotráfico” (diciembre 2006), no tiene precedentes. En un paper académico fechado en 2015, la investigadora Ariadna Estévez López ya vertía en cifras unos vaticinios terribles; profecías sociales de un horror que, aún hoy, siguen cumpliéndose:

“Con más de 163 mil muertos de 2006 a 2015, este es el periodo más sangriento de la historia reciente (…) con nuestros 23 mil desaparecidos, México está hoy por alcanzar la cifra registrada en Argentina durante la dictadura militar (30 mil personas) y supera exponencialmente las cifras de la dictadura pinochetista en Chile (3 mil 65). El resultado de esta crisis de Derechos Humanos es un sufrimiento individual y colectivo de proporciones abrumadoras (…) el dolor es inmenso, y esas personas quieren de vuelta a sus seres queridos”

Utilizar el conocimiento científico sumado a los avances tecnológicos para incidir en la crisis de Derechos Humanos por la que atraviesa México, fue la propuesta que pusieron sobre la mesa Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. El material: una base de datos previa, hecha desde la academia, y que reunía, por un lado, información de hallazgos de fosas clandestinas reportadas en la prensa y los informes de fiscalías locales; se agregó un muestreo de todos los municipios mexicanos (2.458 geolocalizaciones en total) y finalmente, una serie de variables con indicadores socioeconómicos, demográficos y de violencia, que pudieran cruzarse, a fin de ‘entrenar al modelo’ con lo ya conocido (inputs), para obtener las probabilidades y resultados de todo lo que aún no se conoce (outputs).

Patrick Ball, que dirige al Human Rights Data Analysis Group, una organización sin fines de lucro basada en San Francisco, Estados Unidos, y dedicada a hacer análisis científicos sobre las violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, dijo sobre su participación en el proyecto de fosas clandestinas en México que: “Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad estamos hablando de instituciones, de organizaciones grandes, cometiendo miles o centenares de miles de violaciones a víctimas distribuidas sobre una geografía enorme (…) Para entender los patrones en esas violaciones, la estadística puede brindar una mirada sobre quiénes son los responsables materiales e intelectuales, quiénes son las víctimas, y dónde y cuándo pasaron esas violaciones (…) Pero la estadística no es contabilidad, pues no estamos hablando solamente de las violaciones que podemos ver, sino que también debemos calcular las violaciones no observadas, las violaciones escondidas e invisibles, para incluir en nuestro análisis la totalidad de las violaciones”.

El trabajo de Data Cívica, la Universidad Iberoamericana y el HRDAG se dio en un contexto en que el gobierno mexicano aceptó que había fosas en el país pero no sabía dónde buscar, explica Meltis.

“O no lo hace porque dice desconocerlo (…) el problema aquí es que cada quien parece tener sus datos, así que hay una falta de consistencia entre lo que se genera en las fiscalías, los hallazgos que reporta la prensa y la información que tienen los propios familiares o los colectivos de la sociedad civil (…) yo no sé si en algún momento conoceremos la magnitud de lo que nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo como país, por eso quisimos hacer este mapa, para articular la información y colaborar desde nuestro campo. Nosotros no tenemos la intención de suplir el trabajo que le corresponde hacer al Estado mexicano o al gobierno en turno; hicimos este mapa precisamente para acortar la brecha entre el gobierno y los ciudadanos, porque hay mucho dolor de por medio”, afirma la directora de Data Cívica.

Algoritmos que iluminan una oscura realidad social

Hablar de “algoritmos” está de moda, aunque lo cierto es que siempre hemos estado rodeados de ellos, y muy especialmente desde que las computadoras irrumpieron en todas las tareas de nuestra vida cotidiana. El especialista español Ricardo Peña Martí lo explica así: “Los algoritmos nos están cambiando (porque ya) podemos traducir los problemas del mundo a un lenguaje que las máquinas puedan leer y resolver (…) solo hay que picar la realidad en pequeños problemas sucesivos y poner a la computadora a hacer la tarea”.

La ambiciosa meta que se propuso el mapa de Data Cívica fue “dejar que hablaran a los datos”, y que los algoritmos sacaran a la luz aquellos oscuros lugares en donde la violencia ha sepultado no solo a miles de personas, sino también la esperanza de las familias que los buscan.

Para Oscar Elton, analista de datos en Data Cívica, gracias al desarrollo de las computadoras y al ulterior perfeccionamiento en los métodos estadísticos, ahora es posible obtener resultados que hace 30 años ni los humanos ni las máquinas habrían podido procesar.
“El árbol de decisiones es la semilla del algoritmo. Y lo que hace el modelo es crear muchísimos otros árboles a partir de las variables que le proporcionamos (…) entonces surge un bosque, lo que se conoce como ‘random forest’ o bosques aleatorios, donde los datos vertidos y las variables asignadas juegan un papel preponderante (…) es un trabajo sumamente meticuloso y altamente sensible a cualquier cambio de orden de las variables o de la jerarquización de datos que estemos utilizando. Con una misma observación, el modelo mezcla la información (…) con una misma semilla, el algoritmo va dando resultados ramificados hasta acercarse a las probabilidades. Esta tecnología que usamos puede generar miles y miles de árboles de decisión hasta darnos respuestas que son bastante confiables y muy cercanas a la realidad”.

Precisamente al finalizar el primer semestre del año en curso, el actual y casi recién estrenado gobierno izquierdista del presidente Andrés Manuel López Obrador (llegado al poder a finales de 2018), aventuró una ‘cifra total’ de personas desaparecidas que no dejó indiferente a ningún sector. De acuerdo al “Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda” (CNB), presentado en julio de 2020, desde marzo de 1964, durante la época de la así llamada “guerra sucia” hasta la fecha, en México han desaparecido 177 mil 863 personas, de las cuales 73 mil 201 siguen sin ser localizadas hasta el día de hoy. Sin embargo, de esta cifra, que ya exhibe en sí misma una tragedia descomunal, nadie en el gobierno actual ha sido capaz de explicar a cabalidad cuál es la metodología para esta conclusión, además de simplemente agregarle años al registro.

Alejandro Encinas, el actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ha reconocido en diversas ocasiones que “el territorio se ha convertido en una gran fosa común”, y aunque recientemente se ha publicado el tan anunciado “Protocolo Homologado de Búsqueda”, los métodos estadísticos y de recopilación de información todavía no están claros. Tanto Data Cívica como diversos colectivos de víctimas y otros sectores involucrados en el tema, han observado opacidad y poca transparencia.

En su blog El Foco, que se publica en el medio mexicano Animal Político, las investigadoras de Data Cívica Mariana Solano y Alicia Franco resaltaron: “Contar con información desagregada sobre los casos de desaparición es crucial para entender quiénes y cómo desaparecen las personas en México. Sin información pública de calidad es imposible auditar procesos de búsqueda e identificación (…) también dificulta dirigir las exigencias a quienes deben registrar y alimentar esos registros, específicamente pone barreras para que podamos exigir a las fiscalías locales su papel en los procesos y diligencias de búsqueda, así como en la investigación de los casos.”

Entre los años 2006 y 2012, el gobierno del panista Felipe Calderón fue el primero que se atrevió a arriesgar una cifra de 26 mil personas ‘extraviadas’; luego, entre 2013 y 2017, el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto elevó ese número primero a 31,000 y luego a 40,000 personas ‘no localizadas’. A finales de 2019, durante su primer año de ejercicio, el actual gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador afirmó —siempre sin aclarar sus fuentes o metodología— que en el país había 60,000 personas ‘ausentes’, para luego anunciar que en realidad eran más de 73,000 si el recuento se hacía en retrospectiva hasta la década de los 60, cuando se hicieron las primeras denuncias de personas desaparecidas.

Pero cifras de más o cifras de menos, lo cierto es que estamos ante información sumamente sensible; no son números, sino personas, y detrás de cada desaparecido hay una historia individual con un vacío. A nivel social, sin embargo, estamos ante un hecho innegable: el fenómeno de este peculiar tipo de violencia, y tan arraigado en México, se ha repetido en el país durante décadas, y todavía hoy es un patrón social que incluso va en aumento, que sucede cotidianamente y al que se suman día a día más y más víctimas sin que nadie, ningún partido ni ningún gobierno, haya tenido voluntad de esclarecer los hechos pasados y presentes a fin de evitar peores futuros. Por eso el “predictor de fosas” de Data Cívica tiene un valor histórico.

“Por supuesto que es posible optimizar el uso de los datos para cuestiones de Derechos Humanos (…) por eso nosotros quisimos poner nuestro expertise al servicio de un tema que involucra tanto dolor; quisimos ayudar así a los tomadores de decisión de este país, por supuesto, pero sobre todo, para ayudar a los colectivos y a los familiares, a todos aquellos que, incansablemente, siguen buscando a sus desaparecidos. En este proyecto se unieron varias visiones, y así logramos hacer algo tan necesario y que hasta ahora a nadie más se le había ocurrido: organizar los datos que ya existían para elaborar un nuevo mapa de todo el territorio nacional, e intentar ubicar los lugares donde podrían existir fosas clandestinas que nadie ha observado o descubierto”, dice en entrevista con Chequeado Oscar Elton, analista de Data Cívica, quien ha colaborado desde el principio para el desarrollo de este algoritmo.

Sistematizar los datos para exhumar la raíz del dolor

El origen, el “momento eureka” que incentivó la creación del mapa predictor de fosas clandestinas realizado por Data Cívica y sus socios, puede encontrarse en el informe: “Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México”.

Se trata de un largo y detallado documento de 112 páginas elaborado por la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, donde además de los datos oficiales de las fiscalías locales, se incluyeron hallazgos de fosas clandestinas que sólo había documentado la prensa. La confronta, la sistematización y la reorganización de datos fue un ejercicio agotador que pronto comenzó a abrir nuevas preguntas no respondidas.

Por ejemplo: “Si el hallazgo de fosas clandestinas en prácticamente todo el territorio nacional es preocupante, lo es más aún el que dos municipios -Durango, con 21% del total de cuerpos exhumados y San Fernando, con 12%- concentren dichas cifras. Si tomamos el total de cuerpos exhumados exclusivamente en 2011, es decir 588, significa que dos municipios del país concentraron 80,27% del total para ese año. Esto ayuda a apreciar, en términos de fosas, un grado de violencia en particular alto en estas dos entidades del país para ese año en particular”.

Saber en qué municipios mexicanos se han encontrado más fosas resulta relativamente fácil. La dificultad aquí consistía en averiguar en qué lugares sí hay fosas clandestinas de las que nadie supiera. Fue así como surgió la idea tan necesaria en México.

“Es preciso entender que este modelo no sirve para hacer búsquedas específicas, sino para saber en dónde debemos poner el foco y los esfuerzos. Nosotros hicimos este trabajo en un contexto en el que el gobierno aceptaba que había fosas, pero no dónde (…) había algunas observaciones y reportes, pero también había lugares que no reportaban nada. ¿Por qué? En esos sitios hay otro tipo de ausencias, pero no de datos, sino de observación, eso no significa que no haya fosas, sino que hay otros vacíos: quizá la prensa tiene miedo, quizá las autoridades están siendo omisas… pero a todo eso no puede responder el algoritmo. Nuestro modelo se pregunta “dónde”, pero para responder “por qué”, sería necesario hacer un trabajo interdisciplinario mucho más grande, y esto es justamente lo que el país requiere”, dice Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, y una de las líderes de este proyecto. Por su parte, el analista Oscar Elton también insiste: “Hacemos predicciones y estimamos aquello que no conocemos, pero no hacemos pronósticos, porque encontrar o no las fosas no depende de los datos, sino de querer encontrarlas”.

En Baja California, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el norte del país, Fernando Ocegueda es conocido como “el rastreador” o “el buscador”, un apodo que se ganó por haber realizado miles de búsquedas —y algunos hallazgos— de personas sepultadas en fosas clandestinas. A su hijo se lo llevaron en 2007 y, desde entonces, no ha vuelto a saber nada de él.

Desde el mismo día de su desaparición, Fernando hizo lo que legalmente correspondería en un país donde la autoridad cumple su función, es decir, denunciar el hecho ante la fiscalía, pero jamás obtuvo respuestas. Iba todos los días al ministerio y también a la morgue a buscar entre los cadáveres abandonados, hasta que, finalmente, acabó haciendo lo mismo que han hecho miles de padres, de madres, de hermanos y de hijos en México: buscar por su cuenta y luego fundar su propia organización civil “Unidos por los desaparecidos en Baja California”, que ayuda y guía a otros familiares en su misma y desesperada situación.

“En ese entonces las redes sociales no eran tan útiles como ahora. (…) Nadie, ningún padre o padre está preparado para esto (…) pero no podemos quedarnos así (…) buscar no cura el dolor, es cierto, pero nos calma saber que, al menos, estamos haciendo algo”, escribió Fernando en un texto incluido en el libro “Sembradores de Paz”, en donde Ocegueda cuenta su calvario como padre de un hijo al que, literalmente, es como si se lo hubiera tragado la tierra; dice que caminó sin parar, pegó infinidad de carteles, preguntó aquí y rogó allá. En la entrevista con Chequeado, habla sobre las posibilidades y las limitaciones de la tecnología para encontrar fosas en México: “Yo creo que ninguna tecnología puede decirte con certeza en dónde están las fosas clandestinas: nosotros hemos intentado casi todo, desde perros entrenados hasta el uso de drones y del geo-radar, ahora queremos usar también el dron acuático (…) y con los cadáveres algunas tecnologías forenses de punta (…) todo sirve, pero no hay otra más que ir a buscar, escarbar la tierra. (…) Cuando yo comencé a hacer búsquedas, desde 2008 hasta la fecha, ya llevamos unos 7 mil lugares inspeccionados (…) porque la autoridad no hace su trabajo, no investigan. Aquí todo es simulación, mentiras y tardanzas (…) y luego, además, resulta que cada quien tiene sus datos”, dice.

Ante la histórica inoperatividad de las autoridades, ayudados por perros, pala y pico, usando a veces tecnología incipiente o simplemente sus propias manos y sus propios medios, escarbar y remover la tierra es lo que llevan haciendo los familiares de los desaparecidos en México desde hace décadas; y basta con que les den la mínima pista, la mínima probabilidad, para que ellos se lancen sin dudarlo a recorrer kilómetros de angustia, ya sea a solas o acompañados por amigos y otras familias.

En Data Cívica, tanto Mónica Meltis como Oscar Elton admiten que estas primeras versiones del mapa predictor de fosas clandestinas desarrollado por su equipo necesita convertirse en un proyecto más aterrizable a la realidad de las familias que buscan a sus seres queridos. “Entendemos que en este momento tan doloroso, nuestro mapa no le ayuda directamente a las víctimas, porque nuestra aproximación es por territorios municipales, que son territorios grandes (…) necesitamos obtener estimaciones a niveles más desagregados y más puntuales, que sirvan para accionar búsquedas y hallazgos, afirma Meltis, mientras que Oscar Elton coincide y agrega: “Nosotros queremos y necesitamos recabar más datos para poder mapear y señalar sitios más específicos, y que nuestros resultados puedan servir de verdad a las familias y a los colectivos”.

Lo cierto es que, desde su primera publicación en 2017 y en las actualizaciones de 2018 y 2020, donde se incluían además observaciones de años previos (2015 y 2016), el modelo predictor resultó ser bastante certero: hallazgos posteriores le fueron dando la razón a este modelo estadístico.

“En 2015, por ejemplo, el modelo le asignó altas probabilidades a ciertos municipios que no tenían registros previos de fosas clandestinas, al menos no de reportes de fiscalías ni tampoco de prensa: Cuauhtémoc en Chihuahua; Ahomé, en Sinaloa y Apatzingán, en Michoacán, (…) lugares con altos niveles de violencia, y su alta probabilidad de tener fosas marcada por nuestro algoritmo no es a primera vista sorprendente, pero lo que sí resulta sorpresivo es que no hayan sido observadas antes ni por los medios ni por la propia autoridad, esto es lo que se obtiene de sistematizar y ordenar los datos, para hacer que los algoritmos hablen, aunque claro que obtener esta información, también plantea más preguntas”, dice Elton.

Estadística y datos para contrarrestar la necro-política

Para Ariadna Estévez investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), queda claro que en este país se practica una “necro política pública”, dada la connivencia —activa o pasiva— del Estado mexicano en los sucesos sangrientos que han causado tanto o más dolor que los grupos criminales. Dicha complicidad, y las graves omisiones para la impartición de la Justicia, exhiben a los sucesivos gobiernos mexicanos como meros “administradores del sufrimiento”.

“Todas las víctimas en México han sido traicionadas por el gobierno, todas y durante muchos años, pero especialmente las víctimas de desaparición. Lo poco que se hizo para avanzar lo hizo el PRI (Partido Revolucionario Institucional)… y suena terrible que yo lo diga, porque yo misma fui perseguida y presa política de este partido en los años 80, justamente por hacer activismo, (…) pero debo reconocer que fue durante el mandato de Enrique Peña Nieto que algo avanzamos: creó la ley, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y se abrió el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas (RNPED), una herramienta digital que ya existía, pero que no era pública. (…) Sin embargo, luego todo quedó truncado (…) y el gobierno actual (el de Andrés Manuel López Obrador) ha sido hasta ahora el peor y el más insensible. (…) Redujeron el presupuesto para víctimas, les niegan la ayuda económica que les corresponde a las familias y juegan con el dolor. Y ahora, además, y sin haber hecho nada en sus casi dos años de mandato, resulta que tienen nuevos datos: ¿De dónde sacaron la cifra de 60 mil desaparecidos? Solo ellos lo saben”.

Eliana García, de 62 años, sabe de lo que habla, pues ha sido militante de la izquierda mexicana y activista por los desaparecidos desde la década de los 70, en ese oscuro periodo conocido como “la guerra sucia”, momento en que, por primera vez en la historia de México, se denunció públicamente la desaparición de unas 600 personas, mayoritariamente jóvenes estudiantes, quienes fueron detenidos y luego “borrados del mapa” por órdenes y ejecución del propio Estado mexicano. Por su activismo, al lado de las primeras madres mexicanas que clamaban por el regreso de sus hijos, Eliana fue encarcelada en Acapulco, y aunque pensó que a ella también la desaparecerían, al final, vivió para contarlo y para seguir trabajando, desde entonces y hasta ahora, al lado de las miles de familias cuyo peor dolor y mejor motor de búsqueda es “no perder nunca la esperanza de encontrarlos”, sea con vida o por lo menos, por dar con un cadáver al cual despedir con dignidad.

A lo largo de estos años de activismo, Eliana García también probó buscar avances “desde dentro de las entrañas del monstruo”, como ella misma dice; y lo hizo en un lugar del más alto nivel, cuando se convirtió en funcionaria y trabajó en la Fiscalía General de la República, en la que fuera la primera Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD), creada en 2013. Desde ahí impulsó las bases y la creación de la Primera Ley sobre Desaparecidos que ha tenido México y que, por inverosímil que parezca, en un país que acumula años de este dolor social, fue publicada apenas en enero de 2017; justo un año antes de que el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto dejara el poder en manos del izquierdista López Obrador, y tan sólo dos meses antes de que saliera a la luz el primer mapa predictor de fosas desarrollado por Data Cívica.

“Queremos que este mapa sea útil y que no se quede sólo en las computadoras. (…) Pormenorizar las zonas no exploradas para que las familias que buscan a sus seres queridos no anden vagando por todo el país, buscando en el terreno o en las morgues. (…) En otros países sí le han encontrado utilidad a nuestra herramienta, pero se trata de lugares donde hubo períodos de exterminio específicos en el tiempo, mientras que aquí en México eso todavía continúa y no termina. (…) Lo ideal sería aterrizar el mapeo a zonas y escalas menores a nivel geográfico, y actualizar los datos y las variables de forma periódica, pero para eso necesitamos trabajar más de cerca con los colectivos de víctimas, pues ellos son quienes más nos interesan; y, por supuesto, también necesitamos trabajar con el gobierno, así que esperamos que esas puertas se abran”, afirman desde Data Cívica.

Para realizar este novedoso mapa que intenta “predecir” un pasado y echar luz a un presente terrible, el equipo trasnacional involucrado trabajó durante dos años. Lo hizo de manera independiente y sin financiación ni convenios con el gobierno mexicano, aunque sí con apoyos de algunas entidades internacionales y agencias de desarrollo extranjeras que coadyuvaron a sufragar los gastos.

El proceso entre construir y probar el modelo hasta publicar los primeros resultados costó unos 50 mil dólares (aproximadamente un millón de pesos mexicanos) un precio razonable, si se compara con la magnitud del problema y con el millonario presupuesto que el Estado mexicano había decidido destinar para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aunque es cierto que, ya con el gobierno actual de López Obrador, esta partida fue una de las más golpeadas por las ‘medidas de austeridad’ al pasar de 32,4 millones de pesos en 2019, para quedar en apenas 4,4 millones de pesos para el 2020, lo que supone una reducción del 86.5%.

Leer la realidad más allá de variables y nodos

La opacidad, la inoperancia y hasta la connivencia del Estado mexicano en el tema de la desaparición de personas, y la enorme crisis humanitaria de un territorio que se ha convertido en una gran fosa, ha quedado evidenciada no en uno o dos gobiernos solamente, sino durante décadas enteras de burocracias que obstaculizan y, a veces, hasta participan en el dolor y en la sistemática violación de derechos de las víctimas.

“La inhumación clandestina de personas cumple el objetivo de evidenciar la impunidad y poca capacidad, o poca disposición del Estado en su conjunto para afrontar y resolver el problema de violencia generalizada en el país, lo cual implica no pensar en las fosas como meros accidentes o simples acontecimientos. ¿Qué otros intereses existen alrededor de la inhumación clandestina de personas?” El Estado mexicano es parte del problema: esta es una de las muchas y muy duras conclusiones a las que llegó el informe “Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, una larga investigación interdisciplinar que fue justamente la semilla que luego alimentó a los algoritmos que resultaron en miles de random-forest o bosques aleatorios estadísticos del Predictor de Fosas, elaborado por Data Cívica.

Por paradójico que parezca, México tiene uno de los mejores y más antiguos organismos estadísticos del continente, con data recopilada durante los últimos 52 años: más de medio siglo de información que se renueva y se actualiza cada 10 años, durante los Censos Nacionales de Población. Durante este 2020, este censo poblacional omitió, una vez más, una pregunta que debería ser obligada para conocer, verdaderamente, cuántas familias mexicanas tienen a algún familiar desaparecido.

Al escrutinio de los 2.458 municipios mexicanos, el modelo de Data Cívica fue puesto a “estudiar” variables como la densidad poblacional, su geolocalización con respecto a las fronteras o las costas, la actividad económica y los grados de escolaridad de sus habitantes, los niveles de criminalidad, los decomisos de droga, las tasas de homicidios, los laboratorios de estupefacientes encontrados y las intervenciones del Estado, así como el número de personas reportadas como ausentes o desaparecidas en cada una de estas localidades.

“Con estas variables y la base de datos de ambas fuentes (prensa y fiscalías), le dimos luego al modelo la información sobre los municipios donde sí se encontraron fosas, donde existían pocas probabilidades de la existencia de fosas, y donde no se había observado ni lo uno, ni lo otro; así asignamos valores de uno, cero y menos uno. Luego partimos la muestra y nos enfocamos primero en donde hay certezas, es decir, en donde ya se encontraron fosas o donde no se ha observado ninguna, y así se entrena al modelo para que encuentre similitudes. Nosotros le damos a la máquina lo que sí sabemos y el modelo nos dice lo que no sabemos: el algoritmo corrobora cuando se confronta con las otras partes de la muestra original fragmentada”, explica a Chequeado Oscar Elton, analista de Data Cívica.

De acuerdo con lo estudiado por la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quienes desaparecen personas y las arrojan a fosas clandestinas, en realidad lo hacen con el fin último de que esos cadáveres sean encontrados: “En el México actual la “eliminación” de los cuerpos de personas desaparecidas va aparejada a la pretensión del ‘hallazgo’, porque con esto se logran dos objetivos: ejercer control y generar terror, y a la vez poner en evidencia la impunidad con que se puede actuar en México y la poca capacidad y/o disposición del Estado para afrontar y resolver el problema de violencia generalizada en el país”.

Fernando Ocegueda, cuyo hijo desapareció en 2007, ha vivido de cerca esta frustración cuando “el gobierno ve, pero hace como que no ve”, de acuerdo a sus palabras. “En el mapa oficial que sacó el gobierno a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se omitió a mi estado, a Baja California, dijeron que aquí no había fosas.¿Cómo puede ser, si aquí fue donde detuvieron al ‘pozolero’?”

Ocegueda se refiere a un evento ocurrido en 2009, cuando fue detenido Santiago Meza López. Las autoridades y también la prensa nacional e internacional, lo apodaron “el pozolero”, puesto que aquel hombre cumplía una espeluznante tarea dentro de la diversificada jerarquía de la célula de narcotraficantes a la que pertenecía: era el encargado de hacer una suerte de “caldo de cadáveres”, hirviéndolos en ácido, a cambio de un pago semanal de 600 dólares.

Declarado culpable y preso desde 2014, la confesión ministerial de Santiago Meza incluía, casi como una receta, todos los detalles de su espantosa cocción: 200 litros de agua y dos costales de sosa cáustica puestos a hervir; con la mezcla ya al punto, se añadían los cadáveres, y tras ocho horas más de hervor, los cuerpos se disolvían casi por completo, sólo quedaban flotando dientes, uñas y algunas prótesis; luego, todo ese amasijo humano iba a dar a basureros, en donde se prendía un fuego final para la total desaparición de esas vidas que habían caído en manos de ese cocinero sin alma.

Con torturas y golpes de por medio —asentadas con tecnicismos en la declaración—, “el pozolero” también confesó que él ya tenía 17 años (desde 1992) al servicio de varios capos del crimen organizado, y 9 años “pozoleando”, es decir: él deshizo cuerpos de gente asesinada desde el inicio del milenio, en 2000, mucho antes de que en México comenzara el periodo conocido como “la guerra contra el narco”, que se sitúa en 2006. Y antes de dedicarse a hervir personas en ácido, Santiago Meza dijo haber tirado también cadáveres al mar y a varios arroyos… “¿Cómo puede ser que digan que en Baja California no ha habido fosas clandestinas si aquí se encontraron 16.000 litros de fusión orgánica mezclados con dientes, prótesis, restos de anillos y muchísimos pedazos de huesos? ¿Cómo saber si ahí estaban nuestros familiares?”, se pregunta Fernando Ocegueda, pero para sus cuestiones, no hay todavía respuesta.

Este horror, que parece sacado de la peor ficción, es la realidad repetida de México, que también parece funcionar como un macabro patrón, cuya maquinaria del mal nadie parece con ánimos de desarticular.

“Yo he vivido las diferentes etapas de la desaparición en México, desde la ‘guerra sucia’ hasta lo que sucede hoy. Llevo años trabajando en este tema, haciendo activismo y, cuando he podido, también he hecho política, y te puedo asegurar que siempre han sido y siguen siendo las madres, las familias, quienes empujan los cambios, porque siempre esperan y jamás dejan de buscar, sin importar cuánto tiempo pase. (…) En cambio, el Estado mexicano opera siempre con sus redes macro-criminales que hacen pactos de impunidad; y esos pactos son tan necios y tan perseverantes como la esperanza de los familiares que buscan a los suyos, aunque sea para encontrarlos muertos y al fondo de alguna fosa clandestina”, dice Eliana García.

Durante su desempeño como diputada federal, entre 2003 y 2006, Eliana García era conocida como “la diputada de los desaparecidos”. Luego trabajó en el Senado mexicano y después en la Fiscalía General de la República, donde continuó esta lucha por la Justicia para las víctimas de la desaparición. Un tema en el que ella se involucró desde que tenía unos 20 años, con aquella primera ‘ola de desapariciones’ que tuvo México en las décadas de los 60, 70 y 80, durante el período de “la guerra sucia”, cuando un Estado priísta y abiertamente represor, era la mano que orquestaba y ejecutaba la desaparición de quienes se le oponían, sobre todo los jóvenes de izquierda, como ella misma.

Eliana García caminó y luchó de la mano de la primera madre activista por los desaparecidos que tuvo México: Rosario Ibarra de Piedra, fundadora, en 1977, del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, más conocido simplemente como “el Comité ¡Eureka!”, el primer colectivo que pedía por el regreso de los desaparecidos.
“Las máquinas trabajan y aprenden datos y variables. (…) Aquí hacemos estadísticas, sí, pero sin olvidar que estamos trabajando con información de seres humanos con rostros e historias, y con un tema en donde hay mucho dolor y también mucha esperanza de miles de familias, y de todo un país que vive una seria y larga crisis humanitaria”, concluye Oscar Elton, analista de Data Cívica.
Por asombroso que parezca, a finales de 2019, y con 92 años a cuestas, Rosario Ibarra recibió la “Medalla Belisario Domínguez”, el máximo galardón que otorga el Gobierno mexicano a figuras relevantes de la sociedad civil. El Estado mexicano premiaba así a esta madre que lleva más de medio siglo buscando a su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1975, y cuyo cuerpo jamás ha sido localizado. El Gobierno condecoraba a una luchadora por los desaparecidos; aunque las fosas siguen hundidas en el olvido. Esas que ahora un algoritmo intenta rescatar.
 

Esta nota es una de las ocho investigaciones latinoamericanas sobre las implicancias éticas del uso de inteligencia artificial y algoritmos en políticas públicas y empresas privadas a nivel regional. Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Knight Foundation.