Desinformación: los riesgos de las leyes anti “fake news”

Y, aunque a primera vista pueda parecer positivo que los Estados intervengan frente a este problema, los especialistas y organismos internacionales advierten que esto es especialmente peligroso. 

“Los Estados de la región, en línea con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, no deberían establecer nuevos tipos penales para sancionar la difusión de desinformación o de noticias falsas”, recomienda la Organización de Estados Americanos (OEA) en esta guía sobre el tema. Según este documento, “introducir tipos penales, que por la naturaleza del fenómeno serían vagos o ambiguos, podría retrotraer a la región a una lógica de criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal”.

En este sentido, el informe de CIMA identifica cuatro tipos de sanciones incluidas en el centenar de leyes analizadas que potencialmente podrían obstaculizar la libertad de prensa: multas excesivas, aumento de cargas administrativas, controles o correcciones de contenido y hasta encarcelamientos.

Esto es especialmente problemático porque hay estudios que muestran que el número de periodistas encarcelados está en aumento y, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), ha alcanzado un nuevo récord mundial en 2022 con más de 360 periodistas privados de libertad. 

Arlene Getz, directora editorial del CPJ, explica en este artículo que si bien el dato es preocupante, la persecución hacia el periodismo no termina ahí: “Encarcelar a periodistas es solamente una de las maneras que líderes autoritarios emplean para intentar sofocar la libertad de prensa. Alrededor del mundo, los gobiernos además están perfeccionando tácticas como las leyes sobre ‘noticias falsas’, utilizando la difamación penal y la legislación vagamente escrita para criminalizar el periodismo, ignorando el estado de derecho y abusando del sistema judicial y además explotando la tecnología para espiar a los periodistas y en sus familias”.

Por eso, la legalización o judicialización de la desinformación no debería ser el único camino viable. Y esto es así porque el derecho a la libertad de expresión protege incluso a quienes difunden informaciones falsas, como explica Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE). “Ninguna de las Convenciones Internacionales que contemplan el derecho a la libertad de expresión condicionan su ejercicio o su protección a su veracidad”, sostiene la especialista.

Pero, salgamos de los artículos, los informes o los documentos. ¿Qué está pasando en la realidad? ¿Qué medidas están tomando los Estados de la región contra la desinformación?

Qué están haciendo los gobiernos en Latinoamérica

Las intervenciones en la región varían muchísimo y van más allá de las leyes contra la desinformación. Y, como es esperable, los problemas que trae cada medida cambian caso a caso.

Los compromisos

Para empezar, hay distintos pactos o compromisos desarrollados por gobiernos, tribunales electorales u organizaciones no gubernamentales. Esto sucedió por ejemplo en la Argentina, Panamá o Uruguay, entre otros países de la región. 

Pero si bien estos compromisos éticos no suponen una amenaza a la libertad de prensa, los especialistas dudan de la efectividad que puedan llegar a tener. Eduardo Bertoni, abogado y ex Relator Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sostuvo a Chequeado que posiblemente se crean con buena fé, pero no solucionan nada. “¿Para qué queremos respuestas cosméticas a un problema real?”, se preguntó.

Pero, además, no siempre se cumplen. El caso más resonante tal vez sea el de Brasil. “En las elecciones de 2018, el Tribunal Superior Electoral y los partidos políticos habían firmado un acuerdo para que no proliferen noticias falsas. Por supuesto, el acuerdo fue incumplido varias veces”, explicó a Chequeado Marcela Duarte, gerenta de producto de la agencia de verificación brasileña Lupa.

La vía judicial

En esas mismas elecciones presidenciales que ganó Jair Bolsonaro el Tribunal Superior Electoral brasileño adoptó un proceso para juzgar rápidamente los casos planteados por las campañas políticas de los partidos. Desde ese momento tiene una política muy activa contra la desinformación. 

En las últimas elecciones presidenciales de 2022, donde Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro, el Tribunal Superior Electoral (TSE) llegó a ordenar a redes sociales que eliminen contenido por considerarlo falso. Pero el rol de la Justicia no terminó una vez que los brasileños votaron. Luego de las elecciones el tribunal ordenó silenciar a cuentas, entre ellas algunas de políticos bolsonaristas, que difundían desinformaciones sobre un supuesto fraude. 

“A falta de normas claras sobre cómo proceder en materia de desinformación en el contexto electoral, el presidente del TSE asumió la responsabilidad de arbitrar en las elecciones de 2022 y fue duramente criticado por ello, tanto por la derecha como por la izquierda brasileña”, sostuvo Duarte, quien aclaró que la metodología que usó el tribunal para determinar qué contenido era desinformación “no es tan clara”.

En la Argentina la Justicia también interfirió y dio de baja contenido en el marco de las últimas elecciones presidenciales. Pero en este caso ni siquiera se trataba de una desinformación. El Tribunal Electoral Provincial de Santa Fe ordenó a Google dar de baja, desindexar o bloquear páginas “injuriantes” hacia candidatos basado en el anonimato de los sitios cuestionados, por supuestamente violentar la normativa sobre “transparencia de las campañas electorales y rendición de sus gastos”. Esta decisión fue considerada por expertos como “un precedente muy peligroso para la libertad de expresión”.

“Darle la autoridad a cualquiera para que no te deje decir algo es muy peligroso. En todo caso, que después deban hacerse cargo”, afirmó Ferreira Rubio, quien agregó que existen sanciones previstas en distintos países y leyes en relación a los delitos contra el honor como la difamación, calumnias o injurias que podrían aplicarse posteriormente.

Igualmente, en la región también hay fallos judiciales que van en el sentido contrario y priorizan la libertad de expresión. En las últimas semanas un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos falló en contra de la administración del presidente, Joe Biden. La Justicia encontró que altos funcionarios del área de Salud del gobierno federal de Biden y el FBI probablemente violaron la primera enmienda de la Constitución que defiende la libertad de expresión al influir indebidamente en las decisiones de las empresas tecnológicas de eliminar publicaciones sobre el coronavirus y las elecciones.

Agencias estatales de verificación

Pero este tipo de políticas sobre desinformación no sucede sólo con los poderes judiciales. En los últimos años hubo una tendencia de distintos gobiernos que crearon agencias o sitios estatales de fact-checking a lo largo de la región. Si bien cada uno tiene un matiz distinto, propio de cada país y no todos se relacionaban con las elecciones, proyectos similares se encararon en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México o Perú, como se explicó en esta nota.

Los expertos alertan que las iniciativas de verificación de contenido de los Estados pueden encubrir detrás del bien intencionado propósito de combatir la desinformación distintas formas de hostigamiento y persecución a voces críticas. 

Y esta discusión de cómo tratar a la desinformación desde los Estados se sigue dando en la región. Ahora el foco regional está en Chile, donde el gobierno creó una Comisión Asesora contra la Desinformación. Si bien recibió críticas y hasta pedidos de congresistas de que se la declare inconstitucional, oficialmente por ahora la comisión sólo tiene como objetivo “emitir dos informes” para conocer el estado actual del fenómeno y “entregar orientaciones y recomendaciones respecto de la formulación de políticas públicas”. 

Esta falta de certezas sobre qué implican estas comisiones o leyes contra la desinformación generan vacíos informativos que, irónicamente, se llenan con información falsa o engañosa. Así es como la mala comunicación de estas medidas genera más desinformación. Esto pasó en el caso de Chile, pero también sucedió en Brasil con un proyecto de ley que busca legislar sobre cómo deben actuar las plataformas digitales. 

¿Qué pueden hacer los Estados para evitar la desinformación?

“Hay un problema, pero las propuestas de solución vienen de la mano sobre todo de la regulación del contenido que circula en plataformas. Esto deja la puerta abierta a la restricción del contenido y tiene un alto riesgo de cruzar el límite y vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Es decir, limitar qué se puede decir y qué no en campañas electorales, cuando los discursos políticos están altamente protegidos”, explicó Bertoni, quien además dirigió la Agencia de Acceso a Información Pública de la Argentina.

En ese sentido, el abogado argentino sostuvo que resta todavía definir cuál es el verdadero impacto en una elección de la manipulación con desinformación en el electorado, ya que sin definir la magnitud del problema es difícil decidir sobre el alcance que debería tener la respuesta estatal.

“Habría que analizar caso por caso, pero se están creando nuevas regulaciones sin cumplir las que ya existen. ¿Por qué las nuevas serían eficientes si no se aplican correctamente muchas de las que ya están?”, se preguntó Bertoni.

La OEA, por ejemplo, propone que las acciones estatales estén encaminadas a “concientizar a los ciudadanos sobre la existencia del fenómeno, despertar en ellos un espíritu crítico a la hora de consumir y replicar esa información y desarrollar recursos necesarios para verificar información de origen dudoso”.

Algo similar propone Delia Ferreira Rubio, quien asegura que “hay otras maneras de actuar contra la desinformación que no pondrían en riesgo la libertad de expresión”. La doctora en Derecho cree que la educación y la alfabetización digital son fundamentales, pero también que desde las plataformas se pueden realizar medidas como la recomendación que puso Twitter (ahora X) para que leas un artículo antes de compartirlo o, así como los diarios no permiten comentarios en ciertas notas sensibles, que se pueda ocultar los “likes” de ciertos posteos.

También destacó el trabajo del fact-checking y la verificación del contenido engañoso o falso que circula en redes. Igualmente, afirmó que el problema de este tipo de periodismo es que “siempre corre detrás de la desinformación y tiene menos viralización que lo falso”. Pero, además, dejó una alerta: “Lo que veo más peligroso a largo plazo es el aumento de la desconfianza, algo que ya se vive en muchos lados con distintas instituciones, y que la gente termine no creyendo en nada”.