De qué se trata la ley de tierras

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el pasado miércoles 2 se suma a siete proyectos que ya estaban esperando en el Congreso para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. Con distintos límites, todos ellos buscan asegurar que las tierras queden en manos nacionales.

El proyecto presentado por la Presidenta prevé que no más del 20% del territorio de cada provincia o municipio pueda estar en manos de extranjeros, y la extensión de cada terreno no podrá ser mayor a 1.000 hectáreas. Para poder aplicar la ley primero se hará un censo, para saber exactamente qué porcentaje del territorio se encuentra hoy en manos extranjeras. La ley no será retroactiva, por lo que si se descubre un exceso sobre el 20% no se forzará la venta del mismo. También se tendrá en cuenta la nacionalidad de los propietarios: sólo el 30% podrá ser del mismo país.

La ley parte del principio de que “la tierra es un recurso básico que hay que cuidar para asegurar la alimentación de los argentinos” explicó a Chequeado.com Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista que participó en la elaboración del proyecto del Ejecutivo. Según el especialista, el proyecto fue impulsado ante el interés de grandes países con posible déficit de alimentos, como India y China, por comprar tierras en la Argentina. “La ley busca que primero se alimente a los argentinos, y después al resto del mundo”.

Para Barcesat, no se hizo una reglamentación que controle el destino de la producción, antes que la propiedad de la tierra, porque “no se quería limitar la iniciativa privada, no se busca poner trabas a la libertad empresaria”, por lo que se confía en que la nacionalidad de los propietarios asegure que la producción necesaria quede en el país.

La iniciativa no es original, ya existen leyes similares en varios países. En Brasil, desde agosto pasado, los extranjeros no pueden ser dueños de más del 25% de un municipio, ni pueden tener terreno de más de 250 a 5.000 hectáreas, dependiendo de la región. En Uruguay se discuten iniciativas similares, mientras que en Estados Unidos y Canadá existen regulaciones estatales que varían entre la prohibición de compra hasta la no restricción.