Propuestas improbables

Amado Boudou
Existen dos proyectos de ley presentados que buscan elevar los haberes jubilatorios. El primero -que obtuvo el dictamen por mayoría y es respaldado por la UCR, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el Pro- no contiene ninguna propuesta de financiamiento. El argumento para justificar esa ausencia es que el tema deberá discutirse cuando se trate el presupuesto de 2011 y que la clave para hacer viable la propuesta será el recorte de distintos subsidios y la reasignación de gastos. Sin embargo, más allá de algunas declaraciones, hasta ahora no ha habido estudios detallados sobre el tema. Un ejemplo son las declaraciones del diputado Federico Pinedo (Pro): “La prioridad son los jubilados, a partir de esa premisa, hay que ajustar el resto”. Ese “resto”, según el legislador, tiene que ver con “disminuir los subsidios a los sectores ricos, especialmente con las tarifas de los servicios públicos”, y con “gastos innecesarios y muy cuantiosos, como el déficit de Aerolíneas y el del Fútbol para Todos”. Algo muy similar planteó Gustavo Ferrari, diputado del Peronismo Federal. El punto de mayor coincidencia en la oposición es la necesidad de que sea el Tesoro nacional y no la ANSES la encargada de financiar la Asignación Universal por Hijo, lo cual permitiría ahorrar alrededor de 10 mil millones de pesos al sistema previsional.

La iniciativa que obtuvo dictamen de minoría, presentada por Proyecto Sur y el GEN, sí tiene con una propuesta concreta de financiamiento, aunque no alcanzaría a cubrir el costo total del aumento jubilatorio. Los diputados presentaron recientemente un proyecto de ley para llevar las contribuciones patronales al 33 por ciento sólo en las grandes empresas, excluyendo de la medida a las firmas que ocupan a menos de 40 personas y facturan menos de 10 millones de pesos. En los fundamentos del proyecto se realiza un cálculo sobre la base de la información aportada por el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con estos datos que consignan los trabajadores registrados según tipo de empresa, podrían obtenerse casi 17.000 millones de pesos si se mantienen las actuales condiciones. Sin embargo, no hay consenso sobre los resultados de la medida. Según el diputado Carlos Heller, del Nuevo Encuentro, “para elevar la mínima se necesitan 22.000 millones adicionales. Si se suben los aportes patronales a los porcentajes que estuvieron vigentes hasta el 93 sobre el total de los empleados, se lograría recaudar 13.000 millones más. Pero teniendo en cuenta que las pymes emplean al 75% de los trabajadores registrados, los fondos que podrían lograrse por el aumento de esta alícuota se reducirían por lo menos a la mitad. Así que apenas se podrían recaudar por esta vía unos 7.000 millones”

Otro punto polémico de la propuesta es el efecto de la suba de aportes en el trabajo registrado, ya que algunos economistas opinan que la medida fomentaría el trabajo en negro, lo cual tendería a empeorar el financiamiento de la ANSES. Tampoco hay consenso sobre si la medida tendría un efecto inflacionario. Según algunos legisladores de la oposición, como el propio Ferrari, es probable que al menos una parte del incremento de los costos empresarios sea trasladado a los precios.

Más allá de la suba de las contribuciones, distintos diputados de Proyecto Sur vienen proponiendo la aplicación de un impuesto a las ganancias de capital, que gravaría tanto las rentas financieras (interés, acciones, bonos), como las ganancias originadas en la valorización de activos como inmuebles. “Un impuesto mínimo a las transacciones financieras permitiría destinar a las jubilaciones 12 mil millones de pesos”, destaca Alcira Argumedo, de Proyecto Sur. Sin embargo, hay discrepancias sobre lo que se podría recaudar con el nuevo gravamen. En la Coalición Cívica, por ejemplo, estiman que ´podría obtenerse sólo la mitad: 8 mil millones de pesos.

Algunos especialistas son todavía más escépticos sobre la contribución del impuesto a la recaudación.  “Cuando un país tiene mucha inflación este impuesto es muy difícil de actualizar porque cuesta discernir entre valorización financiera real de esos activos y la que es producto de la inflación” explica Jorge Gaggero, especialista en el régimen impositivo. El economista, si bien está de acuerdo con aplicar la medida, recuerda que “antes de que fuera eliminado, en el país este impuesto fue perdiendo importancia en la recaudación debido a los procesos inflacionarios”.