Discapacidad

Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y de consultoras privadas, el costo fiscal de esta medida oscila entre el 1,4% y el 1,7% del PBI.

Más de 1.900.000 argentinos tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, según datos oficiales a marzo de 2025. Representan el 4,1% de la población total del país. La provincia de Buenos Aires y CABA concentran más de la mitad de los certificados emitidos. Pero si se considera la tasa por cada 10 mil habitantes, CABA y Río Negro son las jurisdicciones con más CUD vigentes.

El último jueves 10 de julio, la Cámara alta sancionó el aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. También obtuvieron media sanción 2 iniciativas impulsadas por los gobernadores. 

Los ingresos que el Estado deja de percibir por tratamientos preferenciales son el 3,54% del PBI, el más alto desde 2002. En este grupo están las exenciones por Ganancias, a los jueces y al Régimen de Tierra del Fuego, entre otros. Además, el Gobierno destina fondos a la SIDE y a las jubilaciones de privilegio.

El Senado convirtió en ley el aumento a los jubilados, la moratoria previsional, y la emergencia en discapacidad. El presidente Javier Milei confirmó en la Bolsa de Comercio que vetará estas leyes y advirtió: “Si aún se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar”.

Los beneficiarios deben presentar Documento Nacional de Identidad, Certificado Único de Discapacidad (CUD) si lo poseen, y documentación médica que acredite su condición. En caso de no concurrir a la citación, el beneficiario podría dejar de percibir el beneficio.

Los prestadores denuncian una falta de actualización cercana al 70% del nomenclador que determina el valor de las prestaciones. Desde que asumió Javier Milei, la cifra total de beneficiarios de pensiones se redujo en un 2,8%, mientras que su poder de compra cayó un 12,9%. La oposición impulsa un proyecto de ley de emergencia en discapacidad.

El Senado la aprobó por unanimidad con 56 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. La iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones no contributivas. El Gobierno adelantó que vetará la ley.