Justicia

La Ministra de Seguridad ha respaldado frente a cuestionamientos de la oposición el accionar de las fuerzas en muchas manifestaciones y operativos. Pero en muchos casos ese accionar no fue validado por la Justicia.

La miniserie biográfica sobre el ex presidente repasa alguno de los casos de corrupción que atravesaron su gobierno. Tras dejar la Casa Rosada, Menem estuvo preso, enfrentó 4 juicios orales y fue condenado en 3 ocasiones, pero ninguna condena quedó firme.

El Consejo de la Magistratura se encaminaba a aprobar la apertura de un jury de enjuiciamiento. El organismo lo investigaba por su actuación en casos vinculados al narcotráfico. Además, enfrenta procesos penales en la justicia ordinaria. En abril se le dictó la prisión preventiva, que se hizo efectiva tras su renuncia, aunque en su domicilio.

La condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también incluye el decomiso de bienes. El Tribunal Oral determinó en diciembre de 2022 que el monto a decomisar era de $ 84 mil millones, que debían ser actualizados al momento en que la condena quedara firme, lo que equivale a una cifra cercana a los $ 650 mil millones.

Antes, durante y después de su gestión al frente de la Casa Rosada, el ex presidente debió enfrentar expedientes judiciales en los que estuvo involucrado. Hasta el momento, no está procesado por la Justicia en ninguno de ellos.

El tribunal puede abocarse al desarrollo de una sentencia, pero también puede apelar a este artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial, que la habilita a rechazar un recurso sin necesidad de argumentar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

El abogado, que juró como juez en comisión a fines de febrero, presentó su renuncia a la Corte tras el rechazo del Senado a su pliego. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, defendió la constitucionalidad de su designación, sostuvo que no fue contradictorio con lo que había dicho ante los senadores en la audiencia pública y señaló que la integración de la Corte requiere una “solución urgente”.

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas y la denuncia cayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. Según el texto presentado, la conducta del asesor presidencial encuadraría en el delito de amenazas coactivas.

Según datos oficiales, las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías alcanzan al 33% del total, una cifra en línea con lo dicho por el presidente. Pero el problema de las vacantes se profundizó en el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada no nombró magistrados.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.

En Goya, Corrientes, 98 ahorristas lo denunciaron por un perjuicio económico de más de US$ 400 mil. El Tribunal de Juicio de esa ciudad lo condenó a 12 años de prisión. Lo espera otro juicio en Villa María, Córdoba.

En las distintas presentaciones se pide que se investigue a los acusados por distintos delitos, como asociación ilícita, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

El Ministerio de Seguridad declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. El informe oficial describe a la RAM como un “movimiento etno-nacionalista violento” que promueve “la lucha insurreccional contra el Estado argentino”. La RAM es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu y su cara visible es Facundo Jones Huala.