Justicia

El senador fue detenido junto a su secretaria en el Puente de la Amistad al intentar ingresar a Paraguay con más de US$ 200 mil, $ 3,9 millones de pesos argentinos y $ 640 mil guaraníes sin declarar. El Senado, a partir de un proyecto presentado por Unión por la Patria, aprobó su remoción. Kueider judicializó el caso y pidió que se declare la nulidad de esa sesión.

Guillermo Francos deslizó que el Gobierno podría nombrar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte, sin acuerdo del Senado. La Constitución prevé que el Presidente puede ocupar cargos vacantes con nombramientos en comisión cuando el Congreso esté en receso. Esos nombramientos expiran al final del siguiente período ordinario.

La Sala IV del tribunal ratificó la condena a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que le había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022. Por el momento, la ex presidenta no irá presa ya que el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Connectas y Chequeado analizaron la base de datos de empleados en 14 provincias. El 40% de los magistrados federales analizados tienen familiares trabajando en sus juzgados o en otras dependencias.

Los especialistas consultados por Chequeado coinciden en que es posible recuperar los chats de WhatsApp una vez que fueron borrados dependiendo del dispositivo, el sistema operativo y el tiempo que pasó desde que los chats fueron eliminados.

Durante su presidencia, Alberto Fernández dictó un decreto que obligó a todos los organismos del Estado a contratar servicios de seguros a través de Nación Seguros SA. La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del ex mandatario. Fernández fue citado a prestar declaración indagatoria.

A 3 décadas del hecho, aún no hay condenas por las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado que provocó la muerte de 85 personas. Sí hay condenas en el expediente por encubrimiento. El atentado fue calificado como delito de lesa humanidad y por eso no prescribe. El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para habilitar los juicios en ausencia.

Durante la sesión del Senado en la que se aprobó la iniciativa, se produjeron incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Hubo 33 personas detenidas y se inició un expediente en la Justicia. En esta nota, repasamos lo que se sabe sobre las acusaciones en este expediente.

El presidente Javier Milei lleva adelante un enfrentamiento con los mandatarios provinciales desde la falta de aprobación de la “ley ómnibus” y, por eso, les recortó las transferencias de fondos que la Nación envía a las jurisdicciones. Al menos 5 provincias presentaron demandas ante la Corte Suprema.

Este concepto en latín significa “salto de instancia”. Implica que un expediente judicial se saltea las instancias intermedias para llegar directamente al máximo tribunal, aunque mientras se resuelve el per saltum, la causa sigue su trámite habitual en los tribunales inferiores.

En los últimos 4 años la Corte invalidó la mayoría de los decretos de necesidad y urgencia que llegaron a su análisis: de 5 fallos sobre esta materia, el máximo tribunal rechazó DNUs en 4 de ellos.

La sentencia sostiene que, al momento del hecho, la legislación de Brasil exigía el acceso carnal para la tipificación del delito de violación, algo no probado en el expediente, y que el resto de los hechos denunciados, sobre los que hay mayor certeza, hubieran prescripto por la menor penalidad. Fardin informó que apelará la decisión de la Justicia brasileña.

El referente mapuche fue detenido en El Bolson, en la provincia de Río Negro. Estaba prófugo de la Justicia chilena desde hacía un año.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa “Vialidad”; es un fallo que fue apelado.

Tras el intento de homicidio, la jueza María Eugenia Capuchetti investiga a los presuntos autores y su planificación, mientras que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga a la agrupación “Revolución Federal” por agresiones contra dirigentes del oficialismo.