Justicia

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas y la denuncia cayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. Según el texto presentado, la conducta del asesor presidencial encuadraría en el delito de amenazas coactivas.

Según datos oficiales, las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías alcanzan al 33% del total, una cifra en línea con lo dicho por el presidente. Pero el problema de las vacantes se profundizó en el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada no nombró magistrados.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.

En Goya, Corrientes, 98 ahorristas lo denunciaron por un perjuicio económico de más de US$ 400 mil. El Tribunal de Juicio de esa ciudad lo condenó a 12 años de prisión. Lo espera otro juicio en Villa María, Córdoba.

En las distintas presentaciones se pide que se investigue a los acusados por distintos delitos, como asociación ilícita, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

El Ministerio de Seguridad declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. El informe oficial describe a la RAM como un “movimiento etno-nacionalista violento” que promueve “la lucha insurreccional contra el Estado argentino”. La RAM es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu y su cara visible es Facundo Jones Huala.

A fines de 2024, el máximo tribunal resolvió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad debe ser el órgano revisor de las sentencias de las cámaras nacionales con competencia en territorio porteño. Las cámaras nacionales civiles, laborales y penales rechazaron la medida y anunciaron que no cumplirán la sentencia; es decir, advirtieron que sus fallos no son recurribles ante el TSJ porteño.

Este 26 de junio, el juez federal Daniel Rafecas aplicó la ley de juicio en ausencia contra 10 imputados por el atentado a la AMIA que permanecen prófugos. La ley sancionada en febrero último regula el juicio en ausencia, una herramienta pensada para juzgar o dar continuidad al proceso cuando el acusado se encuentra prófugo o no se puede dar con su paradero.

El Senado rechazó el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que fue presentado por el Poder Ejecutivo y que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa buscaba limitar que personas con condenas por corrupción se postulen a cargos electivos.

El senador fue detenido junto a su secretaria en el Puente de la Amistad al intentar ingresar a Paraguay con más de US$ 200 mil, $ 3,9 millones de pesos argentinos y $ 640 mil guaraníes sin declarar. El Senado, a partir de un proyecto presentado por Unión por la Patria, aprobó su remoción. Kueider judicializó el caso y pidió que se declare la nulidad de esa sesión.

El Gobierno nombró por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Constitución prevé que el Presidente puede ocupar cargos vacantes con nombramientos en comisión cuando el Congreso esté en receso. Esos nombramientos expiran al final del siguiente período ordinario. Qué antecedentes existen.

La Sala IV del tribunal ratificó la condena a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que le había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022. Por el momento, la ex presidenta no irá presa ya que el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Connectas y Chequeado analizaron la base de datos de empleados en 14 provincias. El 40% de los magistrados federales analizados tienen familiares trabajando en sus juzgados o en otras dependencias.