Alberto Fernández: “En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó al Poder Judicial, se refirió a sus privilegios y resaltó la imposibilidad de acceder al detalle de los bienes de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, señaló.

Qué dice la ley y por qué la Corte se eximió de su cumplimiento

En 2013, se sancionó la Ley 26.857, que estableció que todas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrían “ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet”. Desde entonces, los patrimonios de los funcionarios del Ejecutivo y de los diputados y senadores nacionales están publicados en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA).

Pero la Corte sostuvo entonces que la información sobre los patrimonios de los jueces no podía estar en manos de un órgano del Poder Ejecutivo, por lo que dictó, a través de la Acordada 9/2014, su propio reglamento. Este reglamento también sostiene que las declaraciones juradas “estarán disponibles” en la web del tribunal.

Sin embargo, lo que está disponible no son las declaraciones, sino un formulario para pedirlas, que debe ser respondido por la Corte para que luego el consultante se presente en las oficinas del tribunal con esa respuesta que brinda la Corte al pedido, a la que no se suele acceder.

Chequeado solicitó en reiteradas oportunidades desde 2014 las declaraciones juradas de los jueces de la Corte a través de este formulario. En ningún caso obtuvo respuesta.

Un caso excepcional y por una vía alternativa

En mayo de 2016, los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez presentaron un pedido por escrito ante el máximo tribunal para conocer las declaraciones juradas de sus jueces. Un mecanismo alternativo al del formulario. La Corte accedió a entregarlas, pero la diputada respondió que la información entregada era insuficiente y en agosto de ese mismo año presentó un nuevo pedido.

En septiembre de ese año, la Corte, con la firma de sus 5 miembros, rechazó el pedido de los legisladores. Señaló una vez más que estos pedidos deben hacerse a través del formulario y aclaró que la “regulación de la publicidad de las declaraciones juradas (…) debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad de las declaraciones juradas”, sino que deben conciliar con “la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que desde que se dictó el reglamento denunció la ineficacia del formulario online, también presentó un pedido por escrito para acceder a todas las declaraciones juradas de los 5 magistrados desde el momento de su asunción.

La Corte denegó en el pedido en una primera instancia pero luego accedió, en junio de 2019, a entregar parte del material solicitado. La ACIJ pidió la información faltante (algunos jueces no habían entregado las declaraciones de todos sus años de ejercicio en el cargo) y la Corte ordenó entregarlas en diciembre de 2019, aunque algunos jueces aún no entregaron los formularios de todos los años. La organización presentó un nuevo pedido en 2020 por los faltantes, pero nunca fue respondido, según informó a Chequeado Marcelo Giulitti, abogado de ACIJ.

Información incompleta

Al recibir la documentación, ACIJ advirtió sobre la baja calidad de la información entregada, ya que no hay detalles sobre cuáles son los bienes, no hay información de los bienes de los familiares y los cónyuges, ni se detallan los empleos anteriores de los jueces o su participación en sociedades, lo que impide evaluar potenciales conflictos de interés.

Es por eso que la información disponible es “significativamente inferior a aquella a la que se encuentran obligados según se establece en la Ley de Ética Pública”, sostuvo la organización. Y es inferior, además, a la que entregan otros funcionarios del propio Poder Judicial. En un informe, la ACIJ concluyó que la decisión de la Corte de entregar el detalle de sus patrimonios es un avance, pero insuficiente: “La Corte debería revisar la reglamentación vigente e impulsar los cambios necesarios para cumplir plenamente con la transparencia y apertura que se puede esperar del máximo tribunal del país”.

El caso Rosatti y la situación de los jueces federales

Si bien la vía oficial de acceso a las declaraciones juradas no funciona, el juez Horacio Rosatti, que integra el máximo tribunal desde 2016, tiene su propia página web y allí vuelca sus declaraciones juradas. Según él mismo aclara, la presentación que publica en su sitio sigue recomendaciones realizadas por la ACIJ y es complementaria a la información fiscal que presenta ante la Corte.

“La finalidad de su publicación es dar cumplimiento al principio de ‘transparencia activa’ y ‘máxima divulgación’ y permitir una evaluación clara y sencilla de la evolución patrimonial de un funcionario público durante el ejercicio de su función”, señala Rosatti. En su sitio personal están disponibles las declaraciones juradas de 2016, 2017 y 2018.

Por otra lado, los jueces federales de instancias inferiores presentan sus declaraciones juradas ante el Consejo de la Magistratura. Este organismo tampoco cumple con la Ley 26.867, ya que no tiene disponibles las declaraciones juradas de los jueces para ser consultadas de inmediato. Sin embargo, si un usuario solicita los documentos mediante el sistema disponible en la web, el organismo responde a los pocos días. Esa fue, al menos, la experiencia de Chequeado en reiteradas oportunidades en los últimos 4 años y otras organizaciones.