Alberto Fernández prometió en 2019: “Cuidar nuestros bosques”

El entonces candidato del Frente de Todos y ahora presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comprometió durante la campaña electoral de 2019 a “cuidar nuestros bosques”. A 3 años de haber asumido, esta promesa se encuentra “en proceso, demorada”, es decir, se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.

Durante la gestión del Frente de Todos, se implementaron acciones que van en la dirección de ayudar a frenar la deforestación en la Argentina. Ellas son: la movilización de fondos congelados para el cuidado de los bosques, el reintegro del Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y el aumento de los presupuestos en términos reales en ambas áreas.

Sin embargo, los fondos presupuestados para 2023 para el manejo de los incendios muestran una baja y no respetan lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Además, la deforestación continúa en la Argentina, de acuerdo con cifras oficiales, por eso las organizaciones ambientales reclaman por la creación del delito penal ambiental.

Los progresos para cuidar los bosques nativos

Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación señalaron a Chequeado que desde 2019 se aumentaron las transferencias a las provincias para la implementación de la llamada “ley de bosques”; y que -con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- se obtuvo un primer pago de US$ 82 millones por resultados basados en la Reducción de Emisiones por Deforestación por parte del Fondo Verde del Clima, que comenzó a implementarse a comienzos de 2022.

Además, explicaron que “se consolidó un nuevo acuerdo para movilizar los recursos desde el fondo a las jurisdicciones provinciales, a través de planes estratégicos provinciales de bosques nativos y sus respectivos planes estratégicos anuales, para agilizar las transferencias de fondos desde Nación a las provincias”.

En 2020, además, el Gobierno nacional reintegró el Plan Nacional del Manejo del Fuego a la cartera que dirige Juan Cabandié, el cual había permanecido bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). En 2022, los recursos económicos del Fondo Nacional del Manejo del Fuego aumentaron en términos reales (descontando la inflación) un 216% en relación al año anterior y 1145% en relación a 2020, el primer año de gobierno de Alberto Fernández.

Para 2023, según el presupuesto aprobado por el Congreso nacional, los recursos caerían un 39%, de acuerdo con los cálculos de Chequeado, si se consideran los fondos presupuestados para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Fondo Nacional para el Manejo del Fuego.

En ese cálculo se tiene en cuenta el promedio de aumento de la inflación en 2023 (75%) -como se explica en esta nota-, y no su evolución interanual a diciembre (que en el mensaje que acompaña el proyecto del presupuesto se proyecta en 60%). Esto se debe a que, según los especialistas, los gastos se van ejecutando de forma paulatina cada mes y no todos juntos en diciembre, por lo que es necesario considerar el incremento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De todas maneras, en 2022 ocurrió que fueron reasignados más fondos que los presupuestados originalmente, es decir, que también puede pasar que los números destinados al manejo del fuego crezcan en 2023.

Un presupuesto que aumenta, pero sin cumplir con la ley

Si se analiza la evolución presupuestaria del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos en términos reales, en lo que va del gobierno del Frente de Todos se aumentaron en un 291%.

Sin embargo, como ocurre con los fondos para el manejo de los incendios, para 2023 las cifras caen: se presupuestaron $ 9 mil millones para dicho fondo de conservación, un 10% menos en términos reales que lo ejecutado hasta diciembre de 2022.

Además, si bien es probable que los fondos para 2023 aumenten, los fondos siguen siendo insuficientes: representan el 0,031% del presupuesto total, lejos del 0,3% establecido por la llamada “ley de bosques”.

Una deuda sobre el delito penal ambiental

La deforestación continúa. En 2021, según los últimos datos oficiales, se deforestaron 205.492 hectáreas de bosques en todo el país. En 2020 habían sido 333.222, y en 2019 y en 2018, durante el gobierno de Macri, habían sido 139.542 y 186.831, respectivamente.

“Es cierto que en ese aumento de los índices de deforestación en 2020 y 2021 tuvieron mucho que ver con los incendios, y los focos tuvieron mucho que ver con las condiciones climáticas extremas. Pero en el alcance interjurisdiccional no estuvimos a la altura de las circunstancias para dar respuesta a la extinción de los incendios, y eso llevó a que hubiera un aumento de la deforestación que se concentró, al menos la mitad, en áreas donde está prohibida por ley”, señaló a Chequeado Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre.

De las más de 205 mil hectáreas deforestadas en 2021, más de 111 mil se ubicaron en zonas donde está prohibida esta actividad: 22.587 pertenecían a zonas de la categoría roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse), según establece la propia ley de bosques, y 89.348 a la categoría amarilla (sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional pueden tener un valor alto de conservación).

Sólo 58 mil hectáreas deforestadas se ubicaron en la categoría verde, es decir, “sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad”.

En esta línea, las organizaciones civiles reclaman por la existencia del delito penal ambiental. A pesar de que en la COP26 Alberto Fernández señaló que se tomarían “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental”, los especialistas consultados por este medio coincidieron en que lo discursivo no se tradujo en una acción concreta de gobierno.

Además, Fernández dijo que se enviaría un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, algo que hasta el momento tampoco sucedió, y diversas organizaciones ambientalistas no consideran que sea necesario, ya que sostienen que la ley vigente debe ser correctamente implementada.

“Ningún proyecto tomó estado parlamentario y tampoco se avanzó en tipificar como delito penal a la deforestación. Se necesita un capítulo de delitos ambientales en el Código Penal”, señaló a Chequeado Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Y agregó: “En razón de la crisis climática y de pérdida de biodiversidad reinante, la Argentina debería plantearse hacer conservación, uso sostenible y restauración de todos sus bosques. En definitiva, una política de deforestación cero, garantizando la conservación y uso responsable de nuestros bosques nativos. Contar con la figura de delito penal sería una herramienta que permitiría en parte empujar eso”.

Respecto a este punto, desde el Ministerio de Ambiente señalaron a este medio que “se elaboró un proyecto modificatorio de la Ley de Bosques, que tiene por finalidad -entre sus aspectos más importantes- prohibir los cambios de uso del suelo en bosques nativos y tipificar al desmonte como delito penal”, y que “el proyecto fue puesto a consideración de especialistas para una vez consensuado enviar al Congreso para su tratamiento”.

Por lo tanto, a 3 años de que se hiciera, la promesa de Fernández se encuentra “en proceso, demorada”. Se implementaron acciones como la movilización de fondos congelados para el cuidado de los bosques, el reintegro del Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y el aumento de los presupuestos en términos reales en ambas áreas.

Sin embargo, los fondos presupuestados para 2023 para el manejo de los incendios muestran una baja y no respetan lo establecido en la llamada “ley de bosques”. Además, la deforestación continúa en la Argentina, de acuerdo con cifras oficiales, por eso las organizaciones ambientales reclaman por la creación de un delito penal ambiental.

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.