Lucía Gardel

09 diciembre, 2021 06:00 am

| Tiempo de lectura: 4 minutos

09 diciembre, 2021 06:00 am

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Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

• Se fortaleció el sistema de alerta temprana de deforestación, se aumentaron las transferencias a las provincias para la implementación de la Ley de Bosques Nativos y se aumentó el presupuesto para el Plan Nacional del Manejo del Fuego para 2021 en términos reales.
• Sin embargo, la deforestación continúa en la Argentina, de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
• Además, la Ley de Bosques continúa con un financiamiento menor al que le corresponde y para 2022 es el más bajo desde su sanción. Las organizaciones ambientales reclaman por la creación del delito penal ambiental que aún no fue concretado.

Durante el debate electoral de 2019, el entonces candidato del Frente de Todos y ahora presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comprometió a “cuidar nuestros bosques”, entre otros compromisos. A casi 2 años de haber asumido, ¿cómo evolucionó el cuidado de los bosques nativos durante el gobierno de Fernández y qué acciones se tomaron desde entonces?

Los avances

Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación respondieron a Chequeado que se aumentaron en un 560% las transferencias a las provincias para la implementación de la Ley de Bosques Nativos; que -con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- se obtuvo el primer pago de resultados basados en la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) por parte del Fondo Verde del Clima por un monto de US$ 82 millones; y que se fortaleció el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), que reduce de 70 días a 15 días el tiempo de reporte de alertas.

Además, el Gobierno nacional reintegró el Plan Nacional del Manejo del Fuego a la cartera que dirige Juan Cabandié, el cual estuvo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), y en 2021 aumentó 4 veces en términos reales los recursos económicos del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Una ley desfinanciada desde hace años

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”.

Sin embargo, en 2021 se presupuestaron $1.212 millones para proteger los bosques nativos y, aunque ya se ejecutó el 100%, los fondos representan apenas el 4,8% de lo que debiera asignarse de acuerdo con la llamada “Ley de Bosques”.

Los números para el año próximo tampoco son buenos. El Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a fines de septiembre último -que resta ser aprobado- le asigna $1.212.415.000 al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, lo que representa apenas el 3,03% del piso mínimo establecido por la ley. Con estas proyecciones, 2022 se convertiría en el piso más bajo de inversión de los últimos 13 años.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, señaló a este medio que el bajo presupuesto para los bosques es histórico, y que las razones “son la falta de voluntad e interés político de los gobiernos nacionales que han tenido a cargo esta propuesta de fondos, como la de algunos gobiernos provinciales que han fallado en su implementación y rendición”.

Un delito penal reclamado que no existe

Respecto a las cifras de deforestación, en 2020 (últimas cifras oficiales disponibles) se deforestaron 333.222 hectáreas; y en 2018 y 2019, durante el gobierno de Macri, habían sido 186.831 y 139.542, respectivamente. De todas maneras, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la ONG Greenpeace, explicó que el incremento de la pérdida de bosque del año pasado no respondió a que haya más desmonte sino que hubo muchos incendios, ya que fue un año “atípico” por la sequía y por la gran cantidad de incendios.

Para 2021, según datos de Greenpeace -que hace su propio monitoreo- ya se deforestaron 86.865 hectáreas hasta octubre en Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco, que concentran el 80% de la deforestación en el país.

Más allá de esto, las organizaciones civiles reclaman por la existencia del delito penal ambiental para llegar a una “deforestación cero” y denuncian la falta de voluntad política para hacerlo.

Si bien en la COP26 Fernández señaló en su discurso que se tomarían “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental”, los especialistas consultados por Chequeado coincidieron en que lo discursivo no se tradujo en una acción concreta de gobierno.

Además, Fernández dijo que se enviaría un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, algo que hasta el momento tampoco sucedió, y que diversas organizaciones ambientalistas no consideran que sea necesario, ya que sostienen que la ley vigente debe ser correctamente implementada, además de crear la tipificación del delito penal ambiental.

Ana Di Pangracio, directora adjunta de la FARN, señaló a este medio que la Ley de Bosques tiene buenas herramientas para que, “si hubiera compromiso político y fondos, se implementara de forma eficiente”, y que no es necesario reformar la Ley de Bosques o aprobar una nueva, sino que basta con mandar un proyecto al Congreso de capítulo de delitos ambientales para el Código Penal.

“Para tipificar hay que reformar el Código Penal o hacer una ley especial. No es necesario abrir la puerta para la discusión de la Ley de Presupuestos Mínimos en Bosques Nativos para poder incluir la figura de delito penal”, coincidió Jaramillo. El delito penal ambiental es demandado por las organizaciones para llegar a una “deforestación cero” y terminar con la deforestación ilegal.

“Creemos que sí o sí necesitaríamos crear la figura de delito penal, porque claramente como está no se está cumpliendo la ley, más allá de la cuestión de los fondos. El no financiamiento de la ley no justifica para nada que se siga deforestando”, agregó Giardini.

Por último, se aprobó un proyecto de ley de Máximo Kirchner (Frente de Todos) que propone prohibir, durante 30 años, que se modifique el destino dado a aquellas áreas afectadas por incendios, hayan sido intencionales o no. Si bien destacaron la idea, Jaramillo y Giardini recordaron en esta nota que dicha prohibición ya existe para los bosques en la Ley de Bosques, por lo que ahora lo que se sumaría son los humedales y pastizales.

Por lo tanto, la promesa de Fernández se encuentra en proceso, pero está demorada. Las acciones ya implementadas -como la movilización de fondos congelados para el cuidado de los bosques y la mejora del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, el reintegro del Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y el aumento de su presupuesto- van en la dirección de ayudar a frenar la deforestación en la Argentina.

Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto 2022 la Ley de Bosques continúa con un financiamiento muy menor al que le corresponde y es el piso más bajo (apenas el 3,03% de lo que debiera asignarse), como ocurre desde su sanción en 2007. Además, la deforestación continúa en la Argentina, de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales.

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.