Alberto Fernández y su promesa como presidente: “Cuidar nuestros bosques”

Durante su campaña electoral de 2019, el entonces candidato del Frente de Todos y ahora ex presidente de la Nación, Alberto Fernández (Frente de Todos), se comprometió a “cuidar nuestros bosques”. 

Tras finalizar su mandato, esta promesa se encuentra “incumplida con avances”: la promesa tenía una meta establecida que no se alcanzó, pero se registraron avances en esa dirección.

Durante la gestión del Frente de Todos los fondos asignados al cuidado de los bosques aumentaron pero continuaron hasta el final de la administración de Fernández por debajo de lo establecido en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

De todos modos, se implementaron acciones que fueron en la dirección de ayudar a frenar la deforestación. Entre ellas, el reintegro del Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y el aumento de su presupuesto en términos reales.

La deforestación continúa en nuestro país, de acuerdo con cifras oficiales, por lo que las organizaciones ambientales reclaman por la creación del delito penal.

Un presupuesto para el cuidado de los bosques que creció pero no alcanzó

Según un análisis de Chequeado, durante la administración del Frente de Todos los fondos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos aumentaron un 181% en términos reales, entre 2020 -primer año de mandato- y 2023.

De todos modos, al final del gobierno de Fernández los fondos representaban el 0,026% del presupuesto total, lejos del 0,3% establecido por la llamada “ley de bosques”.

De acuerdo con la Fundación Vida Silvestre, en 2022 y 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, se asignó un 10% de ese 0,3% de todo el presupuesto nacional indicado por ley.

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -sancionada en 2007, durante el kirchnerismo- regula la restauración, la protección, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos.

La norma establece que las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”. Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos para financiar el cumplimiento de la ley.

Fuente: Fundación Vida Silvestre.

La Ley de Bosques se encuentra desfinanciada desde hace años y, desde su sanción en 2007, ningún gobierno cumplió con la meta indicada.

“Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques”, destacaron desde la Fundación Vida Silvestre.

Chequeado intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con los responsables del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero al momento de redacción de este artículo no obtuvo respuesta.

La deforestación continúa

En 2022, según los últimos datos oficiales disponibles, se deforestaron 211.974 hectáreas de bosques en todo el país, una cifra superior a la registrada en 2021 (205.492). En 2020 habían sido 333.222, y en 2019 y en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), 139.542 y 186.831, respectivamente.

De las más de 211 mil hectáreas deforestadas en 2022, más de 96 mil se ubicaron en zonas donde está prohibida esta actividad: 24.397 pertenecían a zonas de la categoría roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse), según establece la propia Ley de Bosques, y 72.311 a la categoría amarilla (sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional pueden tener un valor alto de conservación).

Sólo 67.875 hectáreas deforestadas se ubicaron en la categoría verde, es decir, “sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad”.

Por eso, las organizaciones de la sociedad civil reclaman por la existencia del delito penal ambiental. La creación de un delito ambiental -ya sea para la propagación de incendios en humedales o bosques, o la deforestación, entre otros fenómenos- es un reclamo que viene desde hace años, pero en lo que no se avanza.

“En razón de la crisis climática y de pérdida de biodiversidad reinante, la Argentina debería plantearse hacer conservación, uso sostenible y restauración de todos sus bosques. En definitiva, una política de deforestación cero, garantizando la conservación y uso responsable de nuestros bosques nativos. Contar con la figura de delito penal sería una herramienta que permitiría en parte empujar eso”, explicó en esta nota Ana Di Pangracio, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En 2021, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, el entonces presidente Fernández señaló que se tomarían “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental”. 

Sin embargo, lo discursivo no se tradujo en ninguna acción concreta de gobierno hacia el final de su mandato. Ningún proyecto tomó estado parlamentario y tampoco se avanzó en tipificar como delito penal a la deforestación.

“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen a sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, en un comunicado.

A ello debe agregarse que Fernández dijo que se enviaría un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, algo que tampoco se concretó bajo su presidencia.

Más presupuesto para luchar contra los incendios

En 2020, además, el Gobierno nacional reintegró el Plan Nacional del Manejo del Fuego a la cartera que dirige Juan Cabandié, el cual había permanecido bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). 

Si bien en 2023 los recursos económicos del Fondo Nacional del Manejo del Fuego descendieron en términos reales (descontando la inflación) un 65% en relación al año anterior, en todos los años del mandato los fondos aumentaron con respecto al año anterior y, en todo el mandato, de punta a punta (2020 a 2023), aumentaron un 1189%.

Por lo tanto, la promesa de Alberto Fernández se encuentra “incumplida con avances”. Durante la gestión del Frente de Todos los fondos asignados al cuidado de los bosques aumentaron pero continuaron hasta el final de la administración de Fernández por debajo de lo establecido en la Ley de Bosques.

De todos modos, se implementaron acciones que van en la dirección de ayudar a frenar la deforestación en la Argentina. Entre ellas, el reintegro del Plan de Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y el aumento de su presupuesto en términos reales.

La deforestación continúa en la Argentina, por lo que las organizaciones ambientales reclaman por la creación del delito penal.

INCUMPLIDA CON AVANCES: la promesa tenía una meta establecida que no se alcanzó, pero se registraron avances en esa dirección.